La Corte Suprema de Justicia de Argentina ratificó este martes la condena a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos contra la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, por corrupción en el caso Vialidad.
La decisión unánime confirma la sentencia de 2022 y allana el camino para su cumplimiento efectivo, marcando un hecho sin precedentes en la historia política reciente del país.
El caso Vialidad investigó una estructura sistemática de desvío de fondos públicos durante los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner, mediante la adjudicación irregular de 51 contratos de obra pública al empresario Lázaro Báez en Santa Cruz, entre 2003 y 2015. La Corte identificó una asociación ilícita que operó desde el Estado para beneficiar intereses privados y calificó los hechos como “graves”.
Con esta resolución firme, el Tribunal Oral Federal N.º 2 debe definir cómo cumplirá su condena la exmandataria. Dada su edad (72 años) y salud, es probable que reciba prisión domiciliaria, aunque aún no se ha confirmado.
Además de la pena de prisión, se ratifica la inhabilitación perpetua, lo que impide a Kirchner postularse en las elecciones legislativas de septiembre, donde aspiraba a una banca en el Senado por Buenos Aires.
Tras el fallo, Kirchner denunció una “persecución política y judicial” desde sus redes sociales. “Estar presa por defender a los que no tienen voz es un certificado de dignidad”, escribió en X.
El presidente Javier Milei celebró la decisión judicial como un triunfo institucional: “En Argentina nadie está por encima de la ley”, declaró durante un acto en Mendoza.
Grupos de apoyo a Kirchner se movilizaron en la Plaza de Mayo, Tribunales y otras ciudades como Rosario y La Plata, sin incidentes relevantes.
La sentencia deja un vacío de liderazgo en el kirchnerismo, donde Cristina mantenía un rol central. Nombres como Axel Kicillof y Juliana Di Tullio emergen como posibles sucesores.
Analistas advierten que el fallo podría fracturar aún más al peronismo, ya golpeado tras la derrota electoral de 2023, aunque también podría movilizar apoyos si se percibe como un caso de lawfare.
El oficialismo libertario, por su parte, busca capitalizar el fallo como una victoria institucional, y promueve el avance en otras causas contra exfuncionarios kirchneristas, anticipando una nueva etapa de confrontación política.
