La actualización del Protocolo Alba, en materia de desaparición y trata de personas, es la apuesta de la Fiscalía General del Estado (FGE) para agilizar la resolución de carpetas de investigación presentadas por este ilícito, lo que se suma a las recientes aprobaciones del Congreso local para integrar la Unidad Especializada de Seguridad Vial y la Fiscalía Especializada en Investigación de Delitos de Tortura.
El fiscal de Puebla, Gilberto Higuera Bernal, precisó que, con la actualización del Protocolo Alba, no solo se pretende resolver a la brevedad las denuncias por temas como la explotación sexual, sino también por otros tipos de abuso como explotación laboral y la mendicidad forzada.
Explicó que desde 2019 a la fecha, en la Fiscalía General del Estado han sido presentadas un total de 157 denuncias por trata de personas, siendo los municipios con más casos los de Puebla, Tehuacán, Izúcar de Matamoros, Cuautlancingo, San Andrés Cholula, San Martín Texmelucan, Tepeaca, San Pedro Cholula y Amozoc.
De las 157 carpetas de investigación que se integraron en los últimos cinco años, 17 fueron interpuestas en 2019, 13 al año siguiente, 49 en 2021, 38 en 2022 y, en lo que va de 2023, suman 40 en revisión.
Higuera Bernal aseguró que hay excelente coordinación con el gobierno del estado para atender los casos de trata de personas, sin embargo, sostuvo que la actualización del protocolo Alba tiene como finalidad que la fiscalía tenga mayores capacidades de atención para víctimas de este delito.
“Para nosotros es muy importante que vayamos ampliando este espectro de atención a las víctimas de estos delitos. Vamos a seguir incrementando acciones, también en su momento la fiscalía implementó una campaña de capacitación a servidores públicos en materia de trata de personas, capacitamos a casi mil con un modelo en línea”, expuso.
EN QUÉ CONSISTE
De acuerdo con Higuera Bernal, la actualización del Protocolo Alba tiene como principal propósito profundizar en la coordinación con distintas instituciones públicas para la búsqueda y localización de personas desaparecidas.
Precisó que la intención también es crear un Comité Técnico propuesto por todas las instituciones con las que tendrán coordinación y en donde se incluirán a representantes de la sociedad civil del ámbito académico.
Esta actualización entró en vigor a partir del 28 de julio y será en el transcurso de la semana cuando se instale la primera Comisión con la participación de las autoridades estatales y federales.
Higuera Bernal agregó que recientemente, el Congreso del estado modificó la estructura orgánica de esa instancia de procuración de justicia para crear la Fiscalía Especializada en Investigación de Delitos de Tortura, misma que entrará en vigor a partir del 1 de enero de 2024.
A la par, recordó que, en el contexto de la creación de la Ley de Movilidad y Seguridad Vial en el estado, desde la fiscalía se integrará la Unidad Especializada de Seguridad Vial para favorecer a todo tipo de movilidad: transeúntes, ciclistas, automovilistas, entre otros.
Calificó esta Ley como “importante y de vanguardia”, así como la Unidad Especializada en la que se atenderán dichos casos y que contará con agentes del Ministerio Público, policías, peritos, analistas de información criminal y demás personal que atenderá cada caso.
“En la fiscalía estamos contentos con las decisiones del Congreso porque coinciden con la visión que hemos venido aplicando de ir cada vez más por la especialización”, dijo.
Por otro lado, recordó que debido a la especialización a la que se encamina la fiscalía, próximamente desaparecerán las fiscalías de Investigación Metropolitana y Regional, para dar lugar a otras Fiscalías especializadas.
Lo anterior se suma al anuncio del julio pasado, respecto a la creación de la Coordinación General para la Investigación de Homicidios Dolosos, así como la Coordinación General de Investigación de los Delitos de Robo de Vehículo, Robo de Vehículo con Mercancía y Robo de Autopartes.
