Fiel al estilo de deslinde que lo ha caracterizado a lo largo de su primer año de gobierno, el alcalde de Puebla, Eduardo Rivera Pérez, dejó a la Secretaría de Salud estatal la responsabilidad de aplicar sanciones al salón Country de San Manuel, luego de que permitieron que la agrupación Cabritos Social Group realizara un evento en el que se vendieron posibles bebidas alcohólicas adulteradas a menores de edad, lo que provocó que al menos una decena sufriera una intoxicación.
Según el edil, es responsabilidad de la Secretaría de Salud estatal imponer sanciones a los establecimientos que venden este tipo de productos adulterados, mas no el municipio de Puebla, supuestamente al no tener facultades.
“Lo primero que salió en redes sociales es que los jóvenes bebieron alcohol adulterado. ¿Quién es la autoridad responsable cuando se vende alcohol adulterado? Pues la Secretaría de Salud. Entonces, si hubo un consumo de alcohol adulterado, es una competencia de la Secretaría de Salud”, indicó.
Lo anterior resulta una falacia y desconocimiento de las leyes municipales, toda vez que los artículos 12 y 14 del Código Reglamentario Municipal (Coremun), establecen claramente las atribuciones del gobierno de la ciudad para sancionar casos de corrupción, como el ocurrido el pasado viernes.
Rivera Pérez agregó que hasta el momento algunos actores políticos han difundido “dimes y diretes” en torno a cómo ocurrió la intoxicación de los jóvenes estudiantes de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP), pues rechazó que en el sitio se haya vendido alcohol, aun cuando desde este martes comenzaron a circular fotos, videos y declaraciones que comprueban que los organizadores del evento sí vendieron bebidas a los asistentes y permitieron el descorche de botellas.
El munícipe además decidió responsabilizar a los padres de familia, al señalar que es su deber vigilar a qué sitios acuden sus hijos para evitar incidentes como el ocurrido durante el evento “Halloween 2022”.
Ante la amonestación pública del gobernador Miguel Barbosa Huerta, por ser omisos en regular las actividades en el salón social, el panista se dijo a favor de que sea el gobierno del estado el que impulse reformas al Coremun y a la Ley Orgánica municipal para evitar más incidentes de este tipo y sean clausurados los establecimientos que vendan alcohol adulterado.
Según el alcalde, pese a los hechos que dejaron en evidencia al municipio por la falta de operativos de regulación de establecimientos, su gobierno sí actúa, es responsable y no existen omisiones.
Sin embargo, los hechos llamaron la atención del gobernador Miguel Barbosa Huerta, quien planteó posibles reformas a la Ley Orgánica Municipal y al Coremun para establecer responsabilidades contra las autoridades municipales por permitir fiestas que pongan en riesgo la integridad de menores de edad.
El morenista sostuvo que al Ayuntamiento de Puebla le corresponde aplicar el reglamento municipal y no anteponer evasivas como lo hizo el director de Normatividad y Regulación Comercial, Enrique Guevara Montiel, quien justificó que no pudieron intervenir al tratarse de una fiesta privada.
El presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política, Sergio Salomón Céspedes Peregrina, y el coordinador de la bancada del PAN, Eduardo Alcántara Montiel, también se sumaron a la petición de que el salón social Country San Manuel sea clausurado, además de que reprobaron la omisión del Ayuntamiento de Puebla en el tema.
“Esto es un acto criminal y las autoridades tienen que buscar ir a fondo y dar con los responsables, no es posible este tipo de situaciones, es un tema de altísima responsabilidad, y sin duda los responsables son los organizadores de las fiestas”, dijo Céspedes Peregrina.
Roberto Esquivel, vicepresidente de la Red Mexicana de Franquicias, respaldó esta petición al señalar que el salón social es responsable de velar por la integridad de los menores en sus instalaciones: “se permitió el consumo de alcohol, no lo detuvieron en su momento y tenemos lo que sucedió; no se debe permitir”, apuntó.
