El combate a la corrupción ha tenido resultados sin precedentes durante la gestión del gobernador Miguel Barbosa Huerta, pues nunca habían sido detenidos y encarcelados tantos exservidores públicos como lo hizo la actual administración.
Al menos una treintena de exfuncionarios y políticos han ido a parar la cárcel para enfrentar procesos penales por delitos que cometieron durante sus gestiones. Suman 17 ediles en funciones y expresidentes municipales que enfrentaron algún procedimiento desde que el morenista asumió el mandato a la fecha.
Sin embargo, el mandatario se sorprendió con esta cifra, pues pensó que la cantidad era mucho mayor. Y había lanzado una sentencia: el gobierno estatal no parará y se castigarán todos los abusos que ocurrieron en el pasado. Recientemente declaró que temía que no le alcanzara el tiempo para descubrir toda “la maldita corrupción” de gobiernos anteriores.
En este año, Eukid Castañón, el principal operador del exgobernador Rafael Moreno Valle, sumó su segunda sentencia por cinco años de prisión por el delito de falsedad de declaraciones e informes dados a la autoridad.
En 2014, cuando fungió como diputado local, omitió informar la compra de un inmueble por 6 millones de pesos, la existencia de una cuenta bancaria con movimientos por más de 4 millones de pesos, así como diversas transferencias a su cuenta personal por un monto de un millón 450 mil pesos, y una propiedad de su cónyuge en el municipio de Tecamachalco.
El 27 de octubre, el exdiputado y exfuncionario morenovallista recibió una primera sentencia condenatoria de 7 años con 6 meses de prisión por el delito de extorsión, aunque en su historial delictivo aún tiene pendiente denuncias por amenazas en agravio de una regidora del municipio de Atlixco y por el uso de recursos de procedencia ilícita.
En este tercer año de gobierno de la Cuarta Transformación en Puebla, fueron detenidos exfuncionarios, incluso de la administración del exgobernador expriista Mario Marín Torres, como Juan Carlos Fernández Jasso, quien se desempeñó como subsecretario de Medio Ambiente y director de Museos.
Otro exmarinista que se mantiene preso y que detonó un escándalo en el estado es el expriista Javier López Zavala; el exfuncionario de Mario Marín fue detenido en junio de 2022 por ser el presunto autor intelectual del feminicidio de la activista Cecilia Monzón Pérez.
PRESIDENTES MUNICIPALES NO LA LIBRAN
En el combate a la corrupción no se distinguió entre colores partidistas, pues lo mismo han caídos políticos del PAN, PRI, PRD e incluso de Morena, el partido en el gobierno del estado.
En este año, al menos cinco presidentes municipales fueron detenidos por diferentes delitos como homicidio, ejercicio indebido de funciones públicas y enriquecimiento ilícito, contra el medio ambiente, desobediencia, amenazas y resistencia de particulares y encubrimiento. Miguel Barbosa logró que una veintena de ediles pasaran por un proceso ante las autoridades judiciales.
Uno de los casos más recientes fue el del exedil de Ciudad Serdán, Juan Navarro, detenido el 15 de noviembre por ejercicio indebido de funciones y abuso de autoridad; el exfuncionario privatizó la Central de Abastos construida durante su gestión con recursos públicos; junto con él fueron aprehendidos el exsecretario general del Ayuntamiento y dos regidoras.
El panista Inés Saturnino López Ponce, exalcalde de Tecamachalco, también fue detenido. El 8 de noviembre fue acusado por obstruir la captura en 2021 de Antonio Martínez, alias El Toñín. La Fiscalía de Puebla aprehendió al dos veces alcalde de Tecamachalco por los delitos de desobediencia, resistencia de particulares y amenazas. En 2021, el exedil intentó evitar que policías estatales detuvieran y pusieran a disposición a hombres que portaban armas de fuego.
El pasado 1 de septiembre fue detenido el expresidente municipal de Tepeyahualco, Eyerim Espinosa Sosa, señalado por daños a la Laguna de Alchichica, luego de que otorgó los permisos para la construcción de un mulle alrededor del cuerpo de agua, generando afectaciones al medio ambiente.
El presidente municipal de Piaxtla, Miguel Maceda Carrera, fue arrestado en julio de este año, acusado de encubrir a policías municipales, quienes habrían sido los presuntos responsables de la muerte de un joven que se encontraba detenido en los separos de la comandancia municipal.
Arturo Cajica Gómez, presidente municipal de Acatlán de Osorio, mejor conocido como El Foco, también se enfrentó a la justicia: en mayo fue vinculado con la ejecución de su director de la policía municipal, Héctor García Álvarez, en un ataque donde también falleció la esposa de este, Guadalupe Campos.
Otros de los exediles que han sido detenidos durante el gobierno de Miguel Barbosa fueron Alejandro Martínez, hermano de El Toñín, presidente municipal electo de Quecholac y postulado el PSI; Ángel López Cabrera, presidente de Honey, detenido por posesión de armas de uso exclusivo del Ejército; así como Leoncio Paisano, expresidente municipal de San Andrés Cholula, quien dejó la prisión en abril de este año con libertad condicionada.
Y, en la víspera del Cuarto Informe del mandatario, fue presentado ante la justicia Gustavo Huerta Yedra, el exfiscal de Investigación Metropolitana del Estado, cercano al exgobernador Antonio Gali, por los delitos de uso de documento público falso, y uso de documento privado falso, con lo cual habría tramitado la notaría número 12 de Cholula que le habría otorgado el propio exgobernador panista.
OPERACIÓN ANGELÓPOLIS DESTAPA CLOACA
La “Operación Angelópolis” que puso al descubierto la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y continuó con las propias investigaciones de la Fiscalía General del Estado (FGE), llevó al gobierno del estado a iniciar sus propias indagatorias sobre la trama del uso de empresas factureras en Puebla, en la que está involucrado del coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ignacio Mier Velazco.
Uno de los resultados, quizás el más significativo hasta ahora, es la aprehensión de Daniel Tavera Ramos, socio de Arturo Rueda -quien se mantiene preso por el delito de extorsión, al que se sumó el de operaciones con recursos de procedencia ilícita-, y de Ignacio Mier.
Tavera Ramos es el apoderado legal de un conglomerado de 32 empresas, incluida Diario Cambio, del cual es director Arturo Rueda y tiene como socio a Mier Velazco, en las que la UIF detectó lavado de dinero, operaciones con recursos de procedencia ilícita y evasión fiscal.
Florentino Daniel es protagonista en la trama de lavado de más de 420 millones de pesos, que fue bautizada como “Operación Angelópolis”, en la investigación que publicaron los periodistas Víctor Hugo Arteaga y Néstor Ojeda, el pasado 16 de mayo.
El líder de la bancada de Morena en la Cámara de Diputados, Ignacio Mier Velasco; el exauditor general del Puebla, Francisco José Romero Serrano, y el dueño de Diario Cambio de ese estado, Jorge Arturo Rueda Sánchez, son investigados por lavado de dinero, operaciones con recursos de procedencia ilícita y evasión de impuestos por alrededor de 400 millones de pesos, revela una amplia investigación de la Unidad de Inteligencia Financiera.
La denuncia sobre la “Operación Angelópolis” dirigida al fiscal general de Puebla, Gilberto Higuera Bernal, tiene fecha del 7 de julio del año 2021, con número de oficio 110/231/2021 y está firmada por Santiago Nieto, el anterior titular de la UIF. La carpeta de investigación sigue abierta en la Fiscalía General del Estado (FGE) de Puebla.
INTEGRAN EQUIPO ESPECIAL DE INVESTIGACIÓN SOBRE FACTURERAS
Otro de los logros del gobierno de Barbosa Huerta en materia anticorrupción fue la conformación de un equipo especial de investigación que se encarga del manejo de las empresas factureras en Puebla, ante el incremento de esta actividad ilícita en el estado que ha provocado que familias enteras vendan facturas falsas para encubrir desvíos de recursos.
El gobernador refirió que el caso de Florentino Daniel Tavera Ramos, preso por operaciones con recursos de procedencia ilícita, es sólo la punta del iceberg que vino a destapar una enorme cloaca en el estado, en la que están relacionados el diputado Ignacio Mier y su socio Arturo Rueda, y el defenestrado auditor Francisco Romero.
Ante esta situación, el gobernador morenista solicitó una auditoría a la Secretaría de Función Pública del estado sobre las áreas de gobierno que entregaron contratos a alguna de las empresas que están involucradas en la red de lavado de dinero.
Indicó que el gobierno estatal tiene registro de las operaciones que se hicieron mediante la expedición y cancelación de CFDI’s (Comprobantes Fiscales Digitales por Internet), lo cual será parte de un informe que pronto se hará público, independientemente de que la Fiscalía continúe con sus investigaciones.
ARTURO RUEDA SUMA CUARTA VINCULACIÓN A PROCESO
Ante la trama de las empresas factureras en Puebla, Arturo Rueda, preso en el penal de Tepexi por tres delitos, recibió en noviembre una cuarta vinculación a proceso por defraudación fiscal, que involucra un monto de 46 millones de pesos, por el edificio, que nunca fue reportado a las autoridades y que alberga las instalaciones de Diario Cambio.
En este asunto también estaría señalada la mamá de Arturo Rueda, la señora Lilia Guadalupe Sánchez de la Vega Ramos, quien habría sido involucrada por su vástago como propietaria en un porcentaje del inmueble que, fiscalmente, no existe, pues sigue registrado ante el municipio de Puebla como un “predio urbano baldío”.
José Arturo Rueda fue detenido en la Ciudad de México el sábado 21 de mayo por el delito de extorsión, del que ya quedó vinculado a proceso y se han venido sumando otras más por los delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita, asociación delictuosa y, ahora, también defraudación fiscal.
Arturo Rueda funge como propietario, con otras personas, del inmueble que está ubicado en la Privada 33 A Oriente, 1407, en el Fraccionamiento Anzures del municipio de Puebla. Tiene cuatro niveles y espacios de lujo, aunque sólo tiene existencia física, pues todo su proceso de construcción, los permisos municipales para ello, las licencias, los registros catastrales y de predial que avalen su erección y, principalmente, los reportes financieros y fiscales sobre el dinero que se utilizó para la obra, no existen.
DESTAPAN CORRUPCIÓN EN HOSPITAL PARA EL NIÑO POBLANO Y EN EL COLPUE
Los últimos casos de corrupción que destapó el gobierno de Miguel Barbosa Huerta, fueron en el Hospital para el Niño Poblano y en el Colegio de Puebla A.C.
Una historia de terror y corrupción heredó el morenovallismo en el Hospital para el Niño Poblano (HNP), pues el secretario de Salud del estado, José Antonio Martínez García, denunció una compra millonaria de equipo de hemodiálisis para niños que resultó inservible para brindarles tratamiento.
Bajo la dirección de Roberto Rivero Trewartha se adquirió equipo para la realización de ósmosis inversa, que es el componente principal de los sistemas de depuración de agua que se utiliza en la hemodiálisis, sin embargo, el equipo resultó incompatible y por lo tanto no pudo ser empleado en el tratamiento de los pacientes renales menores de edad.
Un día después, el gobierno del estado inició una investigación por la compra millonaria de equipo para hemodiálisis en el Hospital para el Niño Poblano durante la gestión morenovallista que resultó inservible.
En el Colegio de Puebla, una Asociación Civil que depende de la Secretaría de Educación, el morenovallismo desapareció un acervo artístico que estaba a su cuidado y terminó en casas de los hombres del poder, reveló el gobernador Miguel Barbosa, quien señaló que su gobierno encontró un cochinero en esa institución, que el extitular de la dependencia, Melitón Lozano Pérez, le ocultó, como el presunto desvío de 350 millones de pesos.
