La aprobación del Congreso local por el cobro del Derecho de Alumbrado Público (DAP) involucró a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en dos sentidos: por un lado, el alcalde Eduardo Rivera Pérez promovió una acción de inconstitucionalidad para avalar el cobro del concepto en la ciudad de Puebla, y por el otro, la Comisión de Derechos Humanos (CDH) busca derogar el aval en 144 municipios de la entidad.
El alcalde panista reconoció ayer que presentó la acción de inconstitucionalidad ante la Corte para intentar recaudar anualmente 140 millones de pesos por el DAP, luego de que el 24 de diciembre del año pasado, el Congreso del estado rechazó este concepto en Angelópolis, San Andrés y San Pedro Cholula.
Rechazó que este recurso de inconformidad provoque una afrenta política con los legisladores locales o el gobierno del estado y manifestó que su intención es únicamente tener solvencia presupuestal para brindar servicios públicos a la ciudad con el monto recaudado.
“Ayer por la tarde la síndico del municipio me informó que ya fue presentada nuestra controversia. Confirmo que, conforme a nuestro derecho y a nuestra opinión, consideramos que esto es conveniente para tener más y mejores servicios públicos para los poblanos. No es una controversia en contra de alguien, es nuestra posición jurídica”, dijo Eduardo Rivera.
Lo cierto es que legisladores de diferentes bancadas han manifestado su inconformidad por la acción advertida desde hace un par de semanas por el munícipe. Han argumentado que se busca politizar el tema y la Comuna debe hacer una planeación presupuestal para subsanar el boquete financiero.
DAP, UNA VIOLACIÓN A LOS DH
La CDH, por su parte, lanzó un comunicado en el que anunciaron que mediante dicho recurso ante la Corte buscarán tirar el cobro del DAP en los 144 municipios donde fue avalado. ¿Cuál es la razón? A decir de la CDH, se trasgreden los derechos humanos “a la seguridad jurídica, legalidad, proporcionalidad y equidad tributaria”, establecidos en la Constitución.
La demanda imputa las Leyes de Ingresos 2022 de diversos municipios poblanos, mediante decreto publicado en diciembre del último año en el Periódico Oficial del Estado.
La CDH informó que presentó el recurso legal debido a que el DAP no tiene una naturaleza del concepto de derecho; por el contrario, señaló que sólo genera un impuesto que agrava el consumo de energía eléctrica.
“En realidad se trata de un impuesto que grava directamente el consumo de energía eléctrica cuyo gravamen únicamente corresponde al Congreso de la Unión”, se lee.
El pasado 19 de octubre, Rosario Piedra Ibarra, promovió una acción de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) contra la Ley de Búsqueda de Personas del estado de Puebla.
Exigió que entre otros requisitos el titular de la Comisión de Búsqueda en Puebla no debe estar inhabilitado como servidor público.
El mecanismo de control quedó registrado con el número de folio 145/2021 y fue interpuesto por la propia Piedra Ibarra, contra el Congreso local y el Poder Ejecutivo del estado.
