El exgobernador Miguel Barbosa Huerta defendió los intereses de Puebla, ante el litigio que obligó a la administración estatal a pagar una multa de 2 mil 600 millones de pesos al SAT, por la gestión ilegal de incentivos fiscales durante el morenovallismo.
Así lo afirmó el gobernador Sergio Salomón Céspedes Peregrina, quien sostuvo que, en este caso, el único beneficiario fue la empresa Sistemas LAC, que cobró 440 millones de pesos por sus servicios a la administración que encabezó Rafael Moreno Valle.
En conferencia de prensa, Céspedes Peregrina enfatizó que se aplicará la ley contra quienes resulten responsables por estos malos manejos financieros, luego de cuestionarle sobre la responsabilidad que habría tenido Marina Castro, exdirectora de Administración de la Secretaría de Finanzas, quien contrató a la firma.
Advirtió que las denuncias penales por este asunto tendrán que seguir su curso y defendió que durante la gestión de Miguel Barbosa se tomaron decisiones sobre el problema heredado por el morenovallismo para defender los intereses del estado.
“En este mal manejo el único que gana es al parecer el despacho de abogados que, bajo un esquema de remuneración, sujeta a resultados, que como es obvio, hoy, no había resultado, obtuvieron de forma indebida la devolución de un monto por concepto de impuestos”, abundó.
En el litigio ante el Servicio de Administración Tributaria (SAT), subrayó, los intereses del gobierno de Puebla fueron debidamente defendidos por el gobernador Miguel Barbosa.
“Dio una batalla desde el inicio, generando todas las condiciones y todas las estrategias que se tenían que haber dado”, expresó.
Sergio Salomón Céspedes reveló que el caso logró sortear cada una de las instancias de defensa disponibles, gracias a la estrategia y determinación de Barbosa Huerta de dar la batalla en tribunales. Dijo que en su momento este tema no se hizo público, ya que se encontraba litigando en tribunales.
“Pero es muy importante dejar en claro que no hubo ningún tipo de descuido para darle un seguimiento muy puntual a esto, sin embargo, todo lo que se dejó de hacer en años anteriores al gobierno de Miguel Barbosa, desencadena este tipo de resoluciones adversas para el gobierno de Puebla que ya fueron ratificadas en diferentes instancias”, puntualizó.
De no haber decidido terminar con el juicio y pagar el monto exigido por el SAT, recordó, estado seguiría pagando la cantidad de 30 millones de pesos mensuales. “Pudieron haber sido bateados para el otro gobierno, pero si no hubiera sido así, hubiera caído en el final de este periodo con nosotros”, indicó, lo que afectaría el cierre de la administración.
Este jueves, Hipócrita Lector publicó los documentos que comprueban la celebración de dos contratos, firmados en diferentes años de la administración morenovallista, e incluso con diferentes titulares en la Secretaría de Finanzas. Ello fue así, por la trampa que quería imponer el panista, quien desde entonces ya tejía sus aspiraciones a la Presidencia.
En 2012, con apenas 13 meses como gobernador, Moreno Valle contrató a Sistemas LAC, S.A. de C.V., a través de Marina Castro Moreno, entonces directora general de Administración de la Secretaría de Finanzas, para gestionar la devolución de los recursos ante el SAT correspondientes a los ejercicios fiscales 2011 y 2012.
SE APLICARÁN ECONOMÍAS PARA RESARCIR HOYO FINANCIERO
El mandatario indicó que se aplicarán economías en el gobierno del estado y realizará las gestiones necesarias en las dependencias federales para buscar más recursos para el estado, con lo que se pueda resarcir este hoy financiero.
Reiteró que en este caso y cualquier otro que afecte al estado, se aplicará la ley hasta las últimas consecuencias y se deberá determinar responsabilidad contra quienes autorizaron pagar a la empresa contratada sin tener ningún tipo de resultado.
“Esperemos pronto dar noticias importantes, hasta que tengamos mucha claridad de qué es lo que vamos a poder en su momento tratar de recuperar y las denuncias, sin duda, tendrán que seguir su curso, porque es nuestra obligación”, indicó.
En tanto, el gobernador señaló que se mantendrá en el cargo María Teresa Castro Corro, como titular de la Secretaría de Planeación y Finanzas, ya que cuenta con el respaldo legal y será quien acompañe en la búsqueda de recursos para resarcir el hoyo financiero.
Indicó que su gobierno busca ser “muy transparente” en el manejo de las finanzas y la secretaria ha actuado apegada a la legalidad.
“Para nosotros es muy importante entender que los gobernantes no somos expertos en todo, por eso nos hacemos llenar de expertos y asesores que nos generen las condiciones necesarias y ellos son los que nos ayudan a esto, asumiendo parte de la responsabilidad”, puntualizó.
