El cúmulo de errores de Eduardo Rivera Pérez en torno a la aprobación de la cuenta pública 2021, generó dos reacciones en el gobernador Miguel Barbosa Huerta: por un lado la certeza de que el Ayuntamiento de Puebla no quiere asumir costos por iniciar procesos contra su administración predecesora; y por otra parte la duda sobre un posible acuerdo político entre “los Rivera” con miras al 2024.
El mandatario fue enfático al mencionar que toda administración o persona que ejerce alguna función pública debe indagar en quien le dejó el mando y, en su caso, señalar si existen irregularidades. De lo contrario, sostuvo, al final quedará sólo exhibido un acuerdo para exonerar de toda culpa a su predecesora.
Agregó que el hecho de que hayan derivado a la Auditoría Superior del Estado la cuenta publica de manera unánime (en mayor parte de la administración de Claudia Rivera Vivanco), evidencia que el panista no quiere tomar alguna vía de confrontación o, dicho en sus palabras, “no le quiso entrar al toro por los cuernos”, sentenció el mandatario.
ASE confirmará acuerdo
En su habitual conferencia de prensa matutina, Miguel Barbosa hizo una amplia y dura crítica sobre la aprobación por unanimidad del dictamen de la última cuenta pública de Rivera Vivanco pese a que el gobierno panista asentó más de 2 mil observaciones en la investigación de la Comisión de Entrega-Recepción y denunció que la pasada gestión morenista no proporcionó ninguna documentación o información del periodo comprendido entre el 1 de enero al 15 de octubre de 2021.
Al respecto, el gobernador advirtió a los que su responsabilidad es revisar y hacer las observaciones que encuentren y a dejar de lado toda estrategia que tenga como finalidad un beneficio futuro. Tarde o temprano, indicó, la ASE llevará a cabo la revisión de los municipios salientes y ahí se comprobará si existen o no irregularidades en el ejercicio de recursos. En el caso de Puebla evidenciará si hay un acuerdo entre Claudia Rivera y Eduardo Rivera.
“Yo les digo a los Ayuntamientos que tienen que revisar y observar las irregularidades que encuentren, de la anterior administración, están obligados. Si la Auditoría Superior del Estado revisa la cuenta y es correcto que debió haberse aprobado, saldrán las razones técnicas y si no, se evidenciará que no quisieron y eso puede tener que ver con un acuerdo político, claro que sí, pero cada quien lo suyo”, apuntó.
Barbosa Huerta refirió que una característica de los gobiernos anteriores y los políticos era signar acuerdos políticos o alianzas que propiciaba la impunidad de las administraciones salientes. Ejemplificó que Claudia Rivera nunca procedió en contra de Luis Banck Serrato, lo mismo que con el exalcalde José Antonio Gali Fayad.
“Es como Claudia Rivera que nunca hizo nada contra Luis Banck y yo esperaba que sí, pero nunca lo hicieron ¿Por qué? Por un acuerdo político y ahora puede ser lo mismo. No, eso no se debe ser. Por eso la gente se cansa. En campaña se dicen una bola de cosas, cantidad de irregularidades y hablan y hablan y cuando llegan cero investigaciones”, criticó.
Sobre esta praxis, Barbosa Huerta recordó cuando la exdirigente del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), Elba Esther Gordillo Morales, reunió a Mario Marín Torres y Rafael Moreno Valle, en Miami, para plantear la línea de sucesión gubernamental y pactar que no habría persecuciones.
“Esos acuerdos dañan los intereses del pueblo, se debe hablar así porque si no parecemos estúpidos los demás. Pasan los hechos y ya, chiflado en la loma, eso no puede ser (…) no podemos dejar que pasen hechos frente a nosotros y no opinar, ¿quién creen que somos?”, aseveró.
El escándalo que enfrenta el gobierno de Eduardo Rivera detonó el pasado viernes 22 de abril con la aprobación unánime de la cuenta pública del ejercicio fiscal anterior de Claudia Rivera, a pesar de que el alcalde denunció el hallazgo de 2 mil observación en la entrega-recepción. La razón de fondo de esta decisión tendría que ver con inteligencia de la fracción morenista en el Cabildo al utilizó una serie de errores en la asignación del contrato del servicio de alumbrado a la empresa Vital Led Iluminación, así como un posible conflicto de intereses entre la Comuna y la empresa favorita para ganar la licitación del programa de parquímetros.
