La Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales del Congreso de Puebla aprobó el proyecto de dictamen para reformar la Constitución Política del estado a fin de impedir que personas que hayan sido sentenciadas por violencia político en razón de género en contra de las mujeres, por violencia familiar o sea un deudor alimentario, ocupen cargos de elección popular o en la administración pública.
El dictamen de la iniciativa también conocida como “3 de 3 en contra de los violentadores” fue presentada por los diputados Nora Merino Escamilla, Daniela Mier Bañuelos, Eliana Angélica Cervantes González, María Yolanda Gámez Mendoza, Carlos Alberto Evangelista Aniceto e Iván Herrera Villagómez fue avalado por unanimidad de votos.
La reforma incorpora fracciones al artículo 22 de la Constitución Política del Estado para adicionar condicionantes por los cuales quedarían suspendidas derechos y prerrogativas de los ciudadanos.
Este sentido, se le suspendería los derechos y prerrogativas para ejercer cargos de elección popular o en la administración pública estatal o municipal “por tener sentencia firme por la comisión intencional de delitos contra la vida y la integridad corporal; contra la libertad y seguridad sexuales, el normal desarrollo psicosexual; por violencia familiar, violencia familiar equiparada o doméstica, violación a la intimidad sexual; por violencia política contra las mujeres en razón de género, en cualquiera de sus modalidades y tipos”.
También quedarán suspendidos estos derechos por ser declarada como persona deudora alimentaria morosa. “En los supuestos de esta fracción, la persona no podrá ser registrada como candidata para cualquier cargo de elección popular, ni ser nombrada para empleo, cargo o comisión en el servicio público”, indica el dictamen.
Asimismo, se adicionó un párrafo para establecer que la ley fijará la manera y el periodo en el que quedarán suspendidos los derechos de la ciudadanía, y la misma manera en que estos serán rehabilitados, expuso la presidenta de la Comisión de Gobernación, Mónica Silva Ruiz.
La Comisión de Gobernación, que preside la diputada @msilvaruiz , avaló reformas a la Constitución local en materia de suspensión de derechos para ocupar un cargo público a personas que sean deudoras alimentarias o que hayan ejercido algún tipo de violencia pic.twitter.com/O26bx2SYep
— H. Congreso de Puebla (@CongresoPue) June 28, 2023
La diputada del PRI, Laura Zapata Martínez, destacó la importancia de esta reforma que representa una homologación a la reforma avalada por el Congreso de la Unión a la Constitución Política Mexicana para evitar que los violentadores accedan a cargos de poder público.
La legisladora priista enfatizó que elevar este requisito de que ningún violentador acceda a cargos de elección popular a rango constitucional fortalecerá la protección de los derechos de las mujeres y su rechazo a cualquier forma de violencia en contra de ellas.
“La inclusión de este requisito de la 3 de 3 contra la violencia como mecanismo para prevenir la postulación de personas con antecedentes de violencia de género representa un avance crucial en la lucha contra la violencia de género, este requisito brinda garantías para las víctimas y envía un fuerte mensaje de rechazo a cualquier forma de violencia de género”, sostuvo.
La presidenta de la comisión calificó como “un gran logro de las mujeres” el conseguir que se garantice en la Constitución que no se le de acceso a las personas que hayan ejercido violencia contra las mujeres que tengan y ostenten cargos de poder.
“Es sin duda uno de los grandes logros del movimiento de las mujeres que, como bien mencionó mi compañera Laura Zapata es de todas las mujeres y no es propiedad de nadie (…) no estaremos dispuestas, bajo ninguna circunstancia de permitir que ningún tipo de violencia sea tolerada y por supuesto ningún tipo de violencia en contra de las mujeres”, expresó Silva Ruiz.
Durante la misma sesión, los diputados también aprobaron reformas a la Constitución Política del Estado para disminuir el requisito de edad para ser secretario del despacho de la administración pública y para ser diputado local.
Si el dictamen es aprobado en la siguiente sesión ordinaria del Pleno, para ser secretario estatal tendrán que tener un mínimo de 25 años de edad cumplidos, y no 30 como actualmente se establece; además de que para ocupar el cargo de diputado local la edad mínima será de 18 años y no de 25 años.
