La Comisión de Procuración y Administración de Justicia del Congreso de Puebla, aprobó las reformas al Código Civil y Código Penal del Estado para retirar la patria potestad a los padres que sean señalados y presuntos responsables del feminicidio de la madre, y sancionar esta conducta hasta con 70 años de prisión.
La denominada “Ley Monzón” fue aprobada por unanimidad de votos, por lo que solo se espera la aprobación del Pleno del Congreso local para que sea una realidad.
Esta iniciativa surgió tras el homicidio de la abogada y activista en beneficio de las mujeres, Cecilia Monzón Pérez, quien fue asesinada el 21 de mayo del 2022 en Camino Real a Momoxpan, en Cholula, a bordo de su vehículo por dos sicarios en una motocicleta.
La investigación de la Fiscalía General del Estado (FGE) evidenció que el responsable del atentado fue el excandidato del PRI a la gubernatura en 2010, Javier López Zavala, con quien la víctima sostuvo una relación y tuvo a un hijo, quien en el momento del ataque tenía tres años de edad, quedando en situación de orfandad, pues el priista fue detenido como autor intelectual del asesinato y vinculado a proceso junto a los autores materiales.
En el dictamen elaborado de las propuestas de la bancada del Partido Revolucionario Institucional (PRI) y de la petista Mónica Silva Ruiz, se establece en el Código Civil del Estado que los derechos de la patria potestad que se confieren a quien o a quienes la ejercen, se perderán cuando el titular de ella sea condenado por delito de feminicidio en contra de la madre de las niñas, niños y adolescentes sujetos a patria potestad.
Estos derechos también quedarán suspendidos por un auto de vinculación a proceso dictado por el delito de feminicidio o su tentativa en contra de la madre de las niñas, niños y adolescentes sujetos a patria potestad.
De igual forma, el Juez podrá determinar, en beneficio de las niñas, niños y adolescentes, modificar el ejercicio de la patria potestad, guarda y custodia cuando la tenga decretada judicialmente, ya sea provisional o definitiva sobre ellos, cuando exista auto de vinculación a proceso dictado por delito de feminicidio o su tentativa en contra de la madre de las niñas, niños y adolescentes sujetos a patria potestad.
Asimismo, en el Código Penal local se establecerá en el artículo 338 Quarter que, cuando el delito de feminicidio sea cometido en frente de cualquier víctima indirecta, la pena de prisión será de 50 a 70 años de prisión.
Durante la discusión del dictamen en la Comisión de Procuración y Administración de Justicia, diputadas de Acción Nacional (PAN) acusaron que algunas de sus propuestas no fueron incluidas en el dictamen final de la Ley Monzón a pesar de que este se emitió bajo el principio de concentración.
La legisladora Aurora Sierra Rodríguez acusó que su propuesta para incluir como una medida de protección de las víctimas indirectas del feminicidio el embargo de las cuentas bancarias y bienes del agresor para proteger económicamente a los menores, fue retirada del dictamen.
En tanto, la diputada Mónica Rodríguez Della Vecchia afirmó que existían muchos errores de redacción en el dictamen, así como cambios de fecha; de igual modo calificó como un error legislativo incluir el nombre de su compañera de bancada dentro del dictamen y no sumar sus reformas dentro del proyecto final.
En respuesta, las diputadas del Partido del Trabajo, Nara Merino Escamilla y Mónica Silva, señalaron que la propuesta de la diputada Sierra Rodríguez no guardaba conexión con el cuerpo general del dictamen, por lo que debía ser analizada por separado en otro momento.
