El Congreso de Puebla aprobó en comisiones reformas para castigar hasta con 6 años de cárcel a servidores públicos que contraten u omitan separar de su cargo a policías que no cuenten con el Certificado Único Policial en Puebla.
En sesión de las comisiones unidades de Procuración y Administración de Justicia y de Asuntos Municipales, la iniciativa del gobernador Miguel Barbosa Huerta para reformar el Código Penal del Estado y la Ley Orgánica Municipal fue aprobada por seis votos a favor y una abstención de la diputada del PAN, Mónica Rodríguez Della Vecchia.
La iniciativa propone incorporar la fracción XVI Bis para calificar como abuso de autoridad o incumplimiento de un deber legal cuando contraten, propongan, designen o nombren a personal de las instituciones policiales sin que cumplan los requisitos del Certificado Único Policial y registros vigentes establecidos en la Ley de Seguridad Pública del Estado; y la fracción XVI Teo para sancionar la omisión de la separación del cargo del personal que no cuente con el certificado.
De acuerdo con el artículo 420 del Código Penal, local, el delito de abuso de autoridad o incumplimiento de un deber legal se castigará con prisión de 6 meses a 6 años y multa de 20 a 200 Unidades de Medida y Actualización (UMA).
Asimismo, se busca que se castigue con prisión de 3 meses a 7 años y multas de una a 10 UMA a la persona que acepte el empleo, cargo o comisión en alguna institución de seguridad sin contar con el Certificado Único Policial y registro vigentes.
El presidente de la comisión, Eduardo Castillo López, enfatizó que se requiere tipificar este tipo de delito para garantizar la seguridad pública, pues no se puede utilizar ese tipo de cargos para cumplir con compromisos de campaña.
“No es posible que se contraten a los compadres, a los amigos, no es posible que porque lo apoyaste en campaña seas tú el próximo director de Seguridad Pública Municipal, entonces no podemos, hay que regularlo, hay que certificarlo”.
La diputada de Morena, Tonantzin Fernández Díaz, enfatizó que es necesaria la certificación de los policías municipales de todo el estado.
Al respecto, recalcó que en el artículo segundo transitorio se establece que se les dará un plazo no mayor de 90 días para realizar un diagnóstico sobre la certificación de sus agentes y buscar ponerse al corriente con ello.
La diputada del PRI, Isabel Merlo Talavera, señaló que la contratación de policías sin certificados policiales impacta de forma negativa en el combate en la incidencia delictiva de los municipios.
En ese sentido, indicó que son los presidentes municipales los responsables de su contratación y capacitación para hacer frente a la inseguridad.
La legisladora Rodríguez Della Vecchia consideró que no se puede sancionar a los presidentes municipales cuando la Federación y el Congreso de la Unión les ha quitado el Fondo para el Fortalecimiento de la Seguridad (Fortaseg).
En ese sentido, señaló que estas medidas también se deben adaptar para los elementos de la Secretaría de Seguridad Pública estatal con las mismas razones.
Asimismo, Mónica Silva Ruiz solicitó agregar un artículo transitorio para dar un tiempo a los alcaldes para certificar a sus policías, pues consideró que la entrada en vigor de esta reforma pondría en peligro de incurrir en un delito a los ediles de forma automática, no obstante, el área jurídica explicó que se trataba de una cuestión de interpretación de la normativa y que se entiende que no se aplicará esta sanción de forma autónoma.
