El candidato de Mejor Rumbo para Puebla, Eduardo Rivera Pérez, antes de dejar su cargo como presidente municipal, dejó 61.6 millones de pesos como posible daño a la Hacienda en su Cuenta Pública del año 2022, lo que convirtió a la ciudad como la séptima con más recursos en el país donde la Auditoría Superior de la Federación (ASF) detectó irregularidades.

De acuerdo con el informe de la Auditoría, sólo los municipios de Ecatepec, Tecámac y Nezahualcóyotl del Estado de México; Álvaro Obregón y Magdalena Contreras de la Ciudad de México y; San Pedro Garza García, Nuevo León, fueron los sitios que superaron a la capital en cuanto a observaciones fiscales.

La falta de documentación comprobatoria de las erogaciones o que no reunió requisitos fiscales representó un importe por aclarar de 1 mil 042.9 millones de pesos en todo el país, de los cuales, en la ciudad de Puebla fueron 61.6 millones de pesos.

Las observaciones

En el pliego de observaciones, la ASF detectó un primer posible probable daño o perjuicio a la Hacienda Pública por un monto de 57 millones 205 mil 037.32 pesos.

Destaca que, de este monto, 16.1 millones de pesos son por la falta de documentación que respalde la prestación completa de servicios en contratos que incluyeron asesoría legal y análisis para el Ayuntamiento.

También 4 millones 780 mil pesos debido a la falta de coherencia en los periodos de ejecución del contrato y evidencia insuficiente de cumplimiento, con los servicios para el sistema de atención ciudadana inteligente del chatbot “Angela”.

En tanto, los 36 millones 291 pesos restantes son debido a deficiencias en los dictámenes para la firma de un convenio, incumplimiento de requisitos normativos y falta de presentación de la cesión de derechos de cobro a favor de una empresa pagada, en relación con un convenio derivado de un juicio civil.

La ASF también presume un segundo posible daño o perjuicio a la Hacienda Pública por un total de 4 millones 455 mil 297.24 pesos, más los rendimientos financieros generados, debido a inconsistencias en reportes de pagos.

Y es que, se detectaron inconsistencias entre lo originalmente reportado como pagado por Participaciones Federales a Municipios 2022 y la información presentada, resultando en un monto superior al informado.

También se identificó la falta de documentación en el proceso entrega-recepción, donde se evidenció la falta de documentación relacionada con el finiquito y extinción de obligaciones y derechos. Esta carencia impidió determinar si la obra fue concluida en el tiempo acordado.

El reporte indica que se determinaron seis resultados, de los cuales, en dos no se detectaron irregularidades y los cuatro restantes generaron dos Promociones de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 2 Pliegos de Observaciones.