El faltante de más de 3 mil vehículos que fueron abandonados por ciudadanos en el corralón municipal puso en un aprieto a los secretarios de Seguridad y Administración de la Comuna, María del Consuelo Cruz Galindo y Bernardo Arrubarrena García, respectivamente. Aunque la Comuna pactó un contrato por 23.4 millones de pesos que un privado debía pagar por la compra de 5 mil 602 autos chatarra, no hubo en ningún momento certeza de que existieran.
A decir del regidor de Morena, Leobardo Rodríguez Juárez, el problema inició desde el proceso entrega-recepción, cuando las secretarias de seguridad de ambas administraciones validaron la entrega de los bienes del corralón sin poder garantizar la existencia de los mismos.
El asunto se radicalizó luego de que la Secretaría de Administración, a cargo de Bernardo Arrubarrena, envió un punto de acuerdo al Cabildo de Puebla para aprobar la enajenación de los vehículos descompuestos del corralón, adjuntando en los considerandos que se anexaría un inventario para corroborar que había 5 mil 602 autos en resguardo hasta el 31 de diciembre de 2021.
Rodríguez Juárez recordó que Arrubarrena García incluso contrató, en junio de 2022, un peritaje con la persona física Leonardo Díaz Flores por un monto de 250 mil pesos, el cual respaldaba la existencia de 5 mil 602 vehículos, aunque más tarde, ante la desaparición de los mismos, la respuesta del funcionario fue que no los entregó la anterior administración.
“Es un absurdo procedimental, porque legalmente el secretario de Administración envía el punto de acuerdo, ellos validan el inventario al 31 de diciembre, después en 2022 hacen su evaluación con el perito y entonces permiten que un privado se lleve los coches. ¿Cómo permites que un privado se lleve un lote de vehículos, lo destruya, lo pese y diga que vale 5 millones y que no hay más?”, cuestionó.
El regidor de la fracción de Morena reconoció que logísticamente era difícil que el gobierno municipal pudiera contar cada unidad que se mantenía en resguardo en el corralón, toda vez que algunas tenían incluso más de 10 años apiladas.
No obstante, sostuvo que la Secretaría de Administración validó la existencia de la flotilla vehicular para la posterior enajenación de los bienes, mediante un punto de acuerdo que fue presentado al Cabildo y en el que se aseguraba que habían más de 5 mil autos descompuestos listos para su venta: “si los contaron o no, no debieron validar la información”.
Para el 1 de agosto, la Secretaría de Administración pactó con la empresa Sánchez y Sánchez Asociados un contrato por hasta 23.4 millones de pesos para la compra de la chatarra según su peso en toneladas.
Rodríguez Juárez expresó que, según las bases de la licitación, la empresa debió acudir a las instalaciones del corralón municipal para hacer los cálculos y entonces establecer el monto que pagarían, lo que derivó en que ofrecieran el pago de 5 pesos por kilo de chatarra, es decir, hasta 23.4 millones de pesos.
La compañía se llevó un primer lote de vehículos que destruyeron, como lo marcaba el contrato, para evitar la venta de autopartes en el mercado negro y pagaron poco más de 5 millones de pesos por ese primer paquete.
A decir del regidor, no hay certeza de que la empresa Sánchez y Sánchez Asociados haya reportado correctamente la cantidad de automóviles que estaban resguardados en el corralón municipal al momento de retirar el primer lote y pagarlo.
Además, consideró como grave que los titulares de las Secretarías de Seguridad y Administración hayan enviado un dictamen al alcalde Eduardo Rivera Pérez para la venta de los autos cuando no se tenía certeza de su existencia. Lo siguiente, dijo, será revisar cuál de las dos partes, empresa o dependencias, deberán responder por un posible incumplimiento de contrato.
