La estrategia de búsqueda de personas en Puebla se mueve en dos frentes: resultados que el gobierno presume y una exigencia social de las madres buscadoras. En ese punto de tensión se realizó la sexta reunión entre autoridades estatales y colectivos de familiares.

Ahí, el gobernador Alejandro Armenta puso sobre la mesa una cifra: 600 personas localizadas durante su administración. El dato incluye 502 casos generados en este periodo y 98 expedientes rezagados desde 2015, es decir, el 84 por ciento corresponde a desaparecidos del actual gobierno.

Pero el énfasis del encuentro no se limitó al número, pues parte del mensaje giró en torno a una reconfiguración interna, luego de que más de 300 funcionarios fueron separados de sus cargos tras detectar irregularidades que, según el Ejecutivo, frenaban las investigaciones.

A la par, el gobierno reportó ajustes operativos: la Fiscalía a cargo de Idamis Pastor Betancourt, sumó 13 agentes del Ministerio Público especializados, creó una unidad de análisis de contexto y amplió su parque vehicular.

A esto se suma la Comisión de Búsqueda, a cargo de Enrique Rivera Reyes, que mantiene mesas semanales para revisar avances.

Los cambios responden a un pliego de ocho demandas impulsado por los colectivos, que insisten en mejorar el trato institucional, evitar la revictimización y mejorar tanto el personal como las herramientas para búsquedas en campo.

Del lado de las familias, el balance no se traduce automáticamente en confianza. Rocío Limón, en búsqueda de su hija desde 2015, expuso que los trabajos han derivado en hallazgos de otras víctimas.

En la misma línea, Merari Muñoz, quien lleva dos décadas buscando a su hermana, reconoció mejoras recientes en la atención, aunque advirtió que los resultados siguen lejos de lo esperado.

El contexto nacional añade presión: la presidenta Claudia Sheinbaum reportó recientemente más de 130 mil personas no localizadas en el país, lo que obliga a los estados a sostener y acelerar sus estrategias.

Ante ello, la administración estatal planteó un cambio de dinámica: pasar de reuniones periódicas a una presencia permanente en territorio, con funcionarios asignados para dar seguimiento directo a los casos.