El Gobierno de Puebla rechazó una solicitud por 2,324 millones de pesos presentada por TV Azteca, empresa propiedad del empresario Ricardo Salinas Pliego, para presuntos proyectos relacionados con publicidad, servicios de internet y arrendamiento de equipos. Tras la negativa, el gobernador Alejandro Armenta Mier acusó que se ha impulsado una campaña de desprestigio contra su administración.

El mandatario estatal aseguró que no mantiene confrontación con ningún medio de comunicación, incluido TV Azteca, y reiteró su respeto a la labor periodística. No obstante, advirtió que su gobierno no cederá ante presiones ni chantajes económicos y que responderá públicamente cuando considere que se difunden calumnias o información falsa.

Armenta sostuvo que la administración estatal atenderá cualquier señalamiento relacionado con fallas en los servicios públicos, como ocurre con otros medios de comunicación. Sin embargo, enfatizó que también tiene la responsabilidad de informar a la ciudadanía cuando existan desinformaciones, con el objetivo de que la población pueda evaluar los hechos.

Por su parte, el coordinador de gabinete, José Luis García Parra, explicó que la solicitud económica presentada por la televisora habría representado un gasto superior a 2,300 millones de pesos, recursos que —según el gobierno estatal— se destinarían actualmente a programas prioritarios.

El funcionario señaló que aceptar ese monto implicaría afectar diversas políticas públicas, entre ellas el funcionamiento de las casas Carmen Serdán, espacios que brindan apoyo y oportunidades a mujeres en situación vulnerable. También comprometería inversiones en tecnología de seguridad, como la adquisición de drones térmicos, equipos que recientemente permitieron la detención de presuntos responsables de un atentado en la entidad.

Además, indicó que se verían limitadas acciones como la operación de torres de videovigilancia, la compra de nuevas patrullas, el mantenimiento de la guardia forestal encargada de proteger los bosques del estado, así como el desarrollo de la Universidad del Deporte, proyecto educativo enfocado en la formación académica y profesional de jóvenes atletas.

García Parra afirmó que el gobierno estatal respeta las libertades, los derechos sociales y el derecho de las audiencias, pero subrayó que en el debate público debe prevalecer el derecho a la verdad, por lo que consideró necesario que la ciudadanía conozca el contexto completo de las decisiones presupuestales.