El gobierno de Argentina anunció la inclusión del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) en el Registro Público de Personas y Entidades vinculadas a Actos de Terrorismo y su Financiamiento (RePET), con lo que el país sudamericano amplía sus mecanismos para enfrentar el narcotráfico y actividades ilícitas transnacionales. Según la oficina del presidente Javier Milei, la medida busca limitar la capacidad operativa del cártel y bloquear recursos financieros que puedan emplearse con fines criminales.

La decisión se adoptó tras una coordinación multisectorial entre los ministerios de Justicia, Seguridad Nacional y Relaciones Exteriores, junto con la Secretaría de Inteligencia, evidenciando un enfoque integral del Estado argentino para controlar amenazas internacionales. Con la nueva designación, las autoridades podrán restringir operaciones y activos vinculados al CJNG, reforzando los controles sobre el flujo de dinero y evitando que la infraestructura económica local sea utilizada por la organización.

Esta acción ocurre poco más de un mes después de la muerte de Nemesio Rubén Oseguera Cervantes, ‘El Mencho’, líder máximo del cártel, durante un operativo en México. Tras su fallecimiento, se registraron disturbios y bloqueos en al menos 14 estados mexicanos, lo que elevó las alertas sobre la expansión de redes criminales más allá de las fronteras mexicanas.

En su comunicado oficial, la presidencia explicó que la medida también se enmarca en los compromisos internacionales de Argentina para combatir el terrorismo y el lavado de dinero, reforzando la cooperación con países que ya han adoptado sanciones similares contra el CJNG, incluyendo Estados Unidos, que lo declaró organización terrorista extranjera el año pasado.

El gobierno enfatizó que la designación constituye un paso clave para blindar la institucionalidad, frente al riesgo del financiamiento de grupos criminales internacionales y proteger los mecanismos económicos y financieros del país. Hasta el momento, ni la Secretaría de Relaciones Exteriores de México ni el Departamento de Estado de Estados Unidos han emitido comentarios adicionales sobre la decisión.