Todo comenzó con un mensaje por Facebook y una vida de pobreza extrema. La necesidad de alimentar a sus cuatro hijos, quienes a veces enfrentaban días sin comer, llevó a María Dolores a dejar su natal Tabasco para incursionarse en un trabajo que una mujer le ofreció en el municipio de San Matías Tlalancaleca, Puebla.
La oferta parecía de ensueño: sería contratada para atender un negocio en ese municipio cercano al volcán Popocatépetl y su patrona hasta le envió dinero para que hiciera el viaje de inmediato. La desesperación y el dinero en la mano impidió a María valorar cada uno de los riesgos que conllevaba su nuevo empleo.
Así pues, tomó sus cosas y se trasladó a San Matías en donde se llevó la sorpresa de su vida. No había negocio qué atender o, bueno, sí había un establecimiento, pero era un table dance y había sido reclutada para ser explotada sexualmente.
Retenida contra su voluntad y desesperada por no saber qué hacer, se hizo amiga de Rosita Miramar, una mujer hondureña que sufría el mismo calvario.
De acuerdo con datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, Puebla se ubica en octavo lugar a nivel nacional con más casos de trata de personas, al sumar 244 en el periodo que va de 2015 a 2022, solo por debajo de Ciudad de México (1,043), Estado de México (766), Coahuila (361), Chiapas y Nuevo León (319), Chihuahua (312), así como Baja California (266).
A decir de la directora la directora del Observatorio de Violencia Social y de Género del Instituto de Derechos Humanos Ignacio Ellacuría, SJ (IDHIE) de la Universidad Iberoamericana Puebla, Ana Laura Gamboa Muñoz, el 64.2 por ciento de las denuncias fueron iniciadas por mujeres lo que indicaría que la trata de personas es una modalidad que se utiliza con fines de explotación sexual.
TRAGEDIA Y MÁS TRAGEDIA
Al llegar a Puebla, María Dolores fue amenazada y forzada a realizar trabajos sexuales y aunque intentó escapar en dos ocasiones y pidió la ayuda de pobladores, simplemente fue ignorada.
Peor aún: Karla Michell Salas Ramírez y Héctor Pérez Rivera, representantes del Grupo de Acción por los Derechos Humanos y la Justicia Social, revelaron que en el caso también estuvieron involucradas autoridades del municipio, quienes tenían conocimiento de la explotación sexual que sufría y no hicieron nada por rescatarla.
La amistad entre Rosita y María Dolores creció con el paso de los días. La primera era golpeada constantemente por Tomás N, el lenón que las mantenía cautivas, mientras que la segunda solo le brinca apoyo y consuelo. Bajo este ambiente terror, las dos mujeres sólo veían pasar las semanas plagadas de violencia, abuso sexual y encierro.
Pero fue en febrero de 2019 cuando todo cambió y una nueva tragedia se incorporó a la vida de las mujeres oriundas de Tabasco y Honduras. Tomás apareció de improviso y les exigió que ofrecieran servicios sexuales a unos clientes. Ambas se negaron y el lenón, enfurecido, se lanzó contra Rosita Marimar para intentar estrangularla.
Llena de pavor, María Dolores tomó un cuchillo y apuñaló a un costado a Tomás, lo cual provocó que perdiera la vida.
Ambas huyeron despavoridas del lugar y solicitaron, una vez más, el auxilio de las autoridades municipales, quienes de inmediato las capturaron y pusieron a disposición del Ministerio Público de la región, quien instruyó un proceso por los delitos de homicidio calificado y exigió una condena de 50 años de prisión.
Asimismo, el informe de Trata de personas en México, de Hispanics in Philanthropy (HIP), los municipios de alto riesgo por trata de personas en Puebla son Tehuacán, San Martín, Texmelucan, la capital del estado, Atlixco, Tepeaca, Huauchinango, Cholula y Zacatlán; mientras que en Tlaxcala son Apizaco, Contla, Ayometla, Chiautempan, Teolocholco, Tenancing, Zacatelco y Axocomanitla.
EL CORREDOR DE LA TRATA
La especialista Ana Laura Gamboa Muñoz explicó que, a nivel internacional, se considera a Tenancingo, Tlaxcala, como el principal corredor de trata de personas, pero la cercanía de Puebla y la zona metropolitana a ese lugar se tradujo en un alza de los casos de abuso sexual.
Los datos de la Fiscalía General del Estado de Puebla parecen concordar con esa afirmación, ya que el municipio de Puebla está identificado con la mayor cifra de delitos de trata de personas de todo el estado, con 179 casos.
A la par, otros cuatro municipios de la zona metropolitana forman parte de las 10 alcaldías con mayores reportes: San Martín Texmelucan y Cuautlancingo, con 6 delitos; San Andrés Cholula, con 5; y San Pedro Cholula, con 3.
De ahí en adelante, los casos de trata de personas se dispersan por la geografía poblana: Tehuacán (12); Izúcar de Matamoros (10), Tepeaca (5), Huauchinango (4),
Atlixco (2); Zacatlán y San Salvador Huixcolotla (1).
Todos estos datos coinciden, además, con el informe Trata de personas en México, elaborado por Hispanics in Philanthropy, el cual establece como municipios de alto riesgo en este delito a Puebla, Tehuacán, San Martín, Texmelucan, Atlixco, Tepeaca, Huauchinango, Cholula y Zacatlán; mientras que en Tlaxcala son Apizaco, Contla, Ayometla, Chiautempan, Teolocholco, Tenancingo, Zacatelco y Axocomanitla, todo estos en conurbación con la entidad poblana.
UN PROCESO INJUSTO
Aquel febrero de 2019, las vidas de María Dolores y Rosita Miramar dieron un vuelco de 180 grados, en el que conjuga un grave letargo para que un juez analice su caso y un encarcelamiento de cuatro años por el simple hecho de defender de su explotador sexual.
Para colmo, este 25 de abril, a cuatro años de distancia de los hechos, tanto Dolores como Rosita tendrían su juicio oral para determinar su situación penal, sin embargo, a pocas horas de comenzar el proceso, los abogados defensores fueron informados de que el Ministerio Público interpuso una solicitud para diferir la audiencia.
Karla Salas Ramírez y Héctor Pérez Rivera, quienes también fungen como los defensores legales de ambas mujeres, relataron previo a que se enteraran de la dilación: “Ha sido un proceso muy complicado, pero particularmente Dolores está muy emocionada de que finalmente inicie su juicio. Ya ha esperado cuatro años, una pandemia, y también le hemos transmitido es el apoyo que se ha logrado”.
En esta primera audiencia los abogados esperaban que se incorporara un proceso judicial con perspectiva de género, que los primeros testigos presentaran sus
pruebas, la exposición de las circunstancias en que se cometió el homicidio, pero, sobre todo, solicitar la liberación inmediata de ambas dadas las condiciones en las que se dieron.
Pero nada de eso pudo llevarse a cabo, ya que el MP presentó el diferimiento de la audiencia. Cuando los activistas solicitaron una explicación, solo obtuvieron
silencio.
