La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) admitió la controversia constitucional que promovió el Ayuntamiento de Puebla contra las reformas a la Ley General de Comunicación Social del Plan B de la reforma electoral.
El expediente quedó registrado con el folio 37/2023 y busca controvertir las reformas a dicha ley que dictan que los municipios solo pueden otorgar 0.1 por ciento de su presupuesto al gasto de comunicación social.
La controversia fue interpuesta por la síndico municipal, Guadalupe Arrubarrena García, contra la Cámara de Diputados y el Senado de la República, así como el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador; el secretario de Gobernación federal, Adán Augusto López Hernández, y el director general adjunto del Diario Oficial de la Federación, Alejandro López González.
La reforma a la Ley General de Comunicación Social fue publicada en el Diario Oficial de la Federación (DOF) a finales de 2022 y plantea que los tres poderes del Estado de todo el país, incluidos los ayuntamientos, solamente podrán destinar 0.1 por ciento de su presupuesto anual para comunicación social, por lo que la mayoría de alcaldes del Partido Acción Nacional (PAN) del país decidieron impugnarla ante la Corte.
El 15 de febrero, el presidente municipal Eduardo Rivera Pérez anunció que su gobierno se uniría a los reclamos para que se declare inconstitucional el fijar un porcentaje para el gasto de Comunicación Social, acusando que se debe respetar “la autonomía que cada municipio”.
Entre los estados a los que pertenecen los ayuntamientos que se sumaron a la controversia están Guanajuato, Estado de México, Yucatán, Jalisco, Michoacán, Sonora, Coahuila, Tlaxcala, Chihuahua, Querétaro, Aguascalientes, Nuevo León y Guerrero.
En el caso del municipio de Puebla destaca que para 2022, el Ayuntamiento decidió incrementar el presupuesto para la Coordinación de Comunicación Social, la cual pasó de percibir 113 millones 668 mil 601 pesos a 178 millones 419 mil 153 pesos, en 2023.
Del monto aprobado para la dependencia, 40.7 por ciento está etiquetado para la dirección de prensa e información, alrededor de 72.7 millones de pesos; en tanto, otros 70 millones de pesos fueron etiquetados para la dirección de medios digitales y diseño; 13.1 millones para la dirección de análisis gubernamental; 12.8 millones para la coordinación de estudios y estrategias; además, 9 millones para staff y 531 mil pesos para la unidad jurídica.
El alcalde Rivera Pérez argumentó que la decisión de respaldar la controversia tiene como objeto hacer valer la autonomía municipal, toda vez que expresó, los ayuntamientos tienen facultades para decidir en qué gastar su presupuesto anual o de lo contrario se violaría el derecho al artículo 115 Constitucional.
El edil sostuvo que se presentó un recurso de inconformidad desde la Sindicatura municipal y otro más desde la Asociación de Ciudades Capitales, agrupación en la cual dijo, participan también alcaldes del partido Morena.
Tomando en cuenta el Plan B de la Reforma Electoral y el presupuesto aprobado para el municipio, el alcalde panista sólo podrá ejercer 6.7 millones de pesos, contra los 127 millones que ejerció el año pasado para publicidad gubernamental.
