El gobierno de Puebla solicitó a la Fiscalía General del Estado investigar una presunta campaña de violencia digital y de género en contra de Gabriela “La Bonita” Sánchez, campeona mundial de boxeo y actual funcionaria pública.
La denuncia fue presentada públicamente por el gobernador Alejandro Armenta, quien condenó los señalamientos que, dijo, buscan desacreditar a la deportista mediante comentarios ofensivos.
Durante su mañanera, el mandatario poblano calificó estos actos de ‘cobardía’ por parte del periodista Rodolfo Ruiz, director del medio digital E-Consulta, a quien señaló como presunto orquestador de los ataques en redes sociales. Según Armenta, detrás de las publicaciones se encuentra una red de cuentas falsas y portales que difunden contenidos con fines de difamación.
El gobernador aseguró que Ruiz habría publicado un mensaje en redes sociales ofendiendo directamente a la boxeadora, mismo que posteriormente habría sido eliminado. Sin embargo, el periodista negó haber emitido dicho tuit y respondió que se trata de una confusión, al señalar que el contenido fue difundido por otras cuentas con las que no tiene relación alguna.
Presuntamente Ruiz estaría vinculado con un grupo organizado de agresores digitales, dedicados a atacar a ciudadanos y funcionarios públicos a través de medios simulados y redes anónimas.
Rodolfo Ruiz rechazó de manera categórica las acusaciones, negando cualquier participación en campañas de difamación o violencia. En redes sociales, aseguró que los señalamientos en su contra carecen de sustento y los atribuyó a un intento por desacreditar su labor periodística.
En el centro de este debate se encuentra la figura de Gaby “La Bonita” Sánchez, quien recientemente obtuvo un título mundial de boxeo y ha sido reconocida por su papel en la promoción del deporte y el desarrollo juvenil en Puebla.
El gobernador subrayó que los ataques contra la boxeadora no sólo constituyen un agravio personal, sino que pueden configurarse como un acto de violencia de género, al utilizar su condición de mujer para intentar desacreditar su trayectoria profesional y su presencia en el ámbito público.
El caso se encuentra ahora en manos de la Fiscalía, que deberá determinar si existen elementos suficientes para proceder legalmente. Mientras tanto, el episodio pone en relieve la urgencia de combatir la violencia digital, así como de promover el respeto y la equidad en los espacios públicos, especialmente hacia las mujeres que rompen barreras en sectores tradicionalmente dominados por los hombres.
