El presidente municipal de Acatzingo, Abrahán Martínez Jiménez, fue denunciado por presuntamente ejercer violencia política de género contra la síndico municipal del Ayuntamiento, Micaela Castro Solís, al despedirla y relegarla de participar en sesiones de Cabildo bajo el argumento de que es “una mujer mayor”.
Sin embargo, a decir de la afectada, quien ya presentó su respectiva una denuncia ante el Instituto Electoral del Estado (IEE), las razones detrás del abuso de autoridad ejercido en su contra son represalias, tras acusarla de perder un litigio que el Ayuntamiento de Acatzingo debe pagar por un monto de 17 millones de pesos.
La funcionaría ofreció una rueda de prensa en la que señaló al alcalde por haberla llamado “pendeja”, además de que la despidió del cargo sin previo aviso, toda vez que cuando llegó a su cubículo de trabajo, este espacio ya era utilizado por otra persona.
“Siempre me ha dicho que soy una pendeja. Que las mujeres no servimos para los cargos públicos. Él quería que yo hiciera lo que él decía. Por ejemplo, si yo le pedía alguna documentación para hacer mi trabajo, siempre me la negaba. Jamás me contestó un oficio”, apuntó.
Micaela Castro Solís narró que durante el periodo que ostentó la sindicatura, al no tener respuesta del presidente municipal sobre sus peticiones, tuvo que hacerse cargo de pagar con sus propios recursos requerimientos que hacían falta en el cargo para el que fue electa.
La violencia política de género cometida en su contra, a decir de la demandante, también fue visible luego de que al inicio de la administración, el edil le dijo que le pondría un director de sindicatura, situación a la que se opuso, pues lo anterior no estaba contemplado en la Ley Orgánica Municipal.
“Cuando tuvimos mesa de trabajo, antes de la toma de protesta, me dijo que yo estaba en ese cargo por él, y por la ‘pendejada’ de la paridad de género. En su equipo, tiene puros jóvenes y por eso dice que no estaba capacitada”, expresó.
La burócrata pidió la intervención del gobernador de Puebla, Sergio Salomón Céspedes Peregrina, para apoyarla con la denuncia; a la par pidió que el presidente municipal pueda ser integrado al registro de personas sancionadas por violencia política de género.
Agregó que el abuso de autoridad se extiende a través de los regidores, toda vez que los encomendó a únicamente firmar para los requerimientos que él necesitara, mientras que sus secretarios y directores se encargarían de todas las políticas públicas y decisiones en la gestión.
Por otro lado, la versión del alcalde y su equipo de trabajo es que la síndico fue separada de su cargo por no informar sobre el embargo de un predio a una familia, litigio por el que el Ayuntamiento de Acatzingo se vio obligado a la reparación del daño por 17 millones de pesos.
