El presidente municipal de Zacatlán, José Luis Márquez Martínez, rechazó los señalamientos del exalcalde Luis Márquez Lecona sobre la persecución en su contra, al señalar que el auditor externo que contrató para revisar los estados financieros de su administración desapareció sin entregar la información de la anterior gestión municipal.
El alcalde zacatleco señaló que, desde finales de 2021, Miguel Ángel Castillo Castillo, auditor externo autorizado por el auditor suspendido Francisco N., se ha negado a entregar el dictamen sobre el estado en el que el exedil priista dejó las finanzas del municipio.
Márquez Martínez apuntó que el gobierno municipal iniciará el procedimiento administrativo correspondiente para fincar alguna responsabilidad.
“Es un auditor externo de los que impuso el auditor del estado y también iniciaremos un procedimiento porque no lo encontramos; no está en el domicilio que es su despacho y desconocemos si está en otra parte, pero eso lo vamos a notificar”, adelantó.
El alcalde de Zacatlán señaló que la dirección en la que Castillo Castillo indicó como ubicación de su despacho externo, en el sur de la ciudad de Puebla, es una fachada, pues en dicha dirección se encuentra una tienda de abarrotes y una casa abandonada, y no una oficina.
Márquez Martínez advirtió que el Ayuntamiento realizará la notificación formal en la dirección que tienen del despacho, sobre la falta de entrega de los dictámenes de los estados financieros del último trimestre que encabezó Márquez Lecona en Zacatlán.
“La administración anterior lo contrató, pero tiene que entregarnos a la administración, no al presidente municipal, el dictamen del resultado de su auditoría del último trimestre”, puntualizó.
A través de sus redes sociales, Márquez Lecona retó al Ayuntamiento de Zacatlán y al alcalde, que presenten las pruebas sobre las presuntas irregularidades que detectaron en el proceso de entrega-recepción de su gestión, pues aseveró que no incurrió en ningún manejo anormal de los recursos del municipio.
Al respecto, el edil aclaró que no se trata de cumplir retos personales sino de aplicación de la ley ante la falta de pruebas para solventar las 562 observaciones que se detectaron, y que derivaron en un daño patrimonial de 128 millones 573 mil 29 pesos, por lo que informarán a la Auditoría Superior del Estado y al Tribunal de Justicia Administrativa del Estado, para que inicie el procedimiento administrativo.
