Ignacio Juárez e Iván Rivera
Un juzgado emitió un exhorto a la rectora Cecilia Anaya Berrios, personal docente y administrativo para que vuelas a las aulas.
La jueza de Oralidad Penal y Ejecución del Sistema Acusatorio Adversarial de la Región Judicial Centro, Magally Escamilla Rodríguez, le quitó a la ultraderecha y a la familia Jenkins de Landa el único argumento que tenían para golpear al gobierno de Miguel Barbosa Huerta, al confirmar la restitución del campus de la Universidad de las Américas Puebla (Udlap) a la Fundación Mary Street Jenkins y exhortar a la rectoría, así como personal docente y administrativo a que reactiven las actividades en la institución, con el apoyo de la Secretaría de Educación Pública estatal.
La medida fue analizada en una audiencia a petición del representante legal de la Fundación Mary Street Jenkins, Rodrigo Gurza Cárdenas, como parte del juicio 1634/2021/Puebla en contra de la familia Jenkins de Landa y el abogado Virgilio Rincón Salas por el delito de fraude específico.
En punto de las 15:00 horas de ayer, el dardo había sido lanzado. En una audiencia convocada desde el pasado 28 de enero para llevarse a cabo en la Casa de Justicia de la avenida 11 sur este martes, la jueza Magally Escamilla emitió un exhorto a petición del nuevo Patronato de la Fundación Mary Street Jenkins en el sentido de reactivar las actividades normales de la universidad.
La audiencia, que duró cerca de 2 horas, sirvió para que la jueza evidenciara que ya existía como antecedente una resolución dictada desde el 31 de octubre de 2021, en la que se determinó la restitución del campus, pero a pesar de ello los encargados de la universidad fueron omisos al dar arranque a las clases. Esta puntualización de la jueza tiró el discurso del movimiento #UdlapLibre -impulsado por los Jenkins de Landa, la rectora Anaya y la ultraderecha- sobre que el gobierno del estado tenía secuestrada a la institución.
El exhorto para restituir las clases presenciales fue girado para efectuarse de inmediato, dirigido principalmente a la rectora interina Cecilia Anaya Berrios, a la vicerrectora de Asuntos Estudiantiles, María del Carmen Palafox, así como a otros 12 jefes de diferentes áreas estudiantiles.
Al término de la audiencia, el representante legal de la Fundación Mary Street Jenkins remarcó que los personajes que han impedido la operación de la Udlap son los mismos que enfrentan a la justicia por desviar a paraísos fiscales 720 millones de dólares: la familia Jenkins de Landa, sus abogados y el exrector Luis Ernesto Derbez.
“Pedimos la restitución a favor de la Fundación Mary Street Jenkins con la finalidad de justo poder reanudar las clases y darle el correcto funcionamiento. En su momento el rector Armando Ríos Piter lo indicó de esta manera, pero se ha visto entorpecido el proceso por cosas ajenas a nosotros, hemos intentado litigar en tribunales y la gente que se encuentra extraída de la acción de la justicia son los que están impidiendo que esto se pueda llevar a cabo: los Jenkins, Derbez y compañía”, apuntó
Y LA RECTORA SE NIEGA
Casi siete horas después de la resolución de la jueza de Oralidad Centro, Cecilia Anaya Berrios subió un pronunciamiento a sus redes sociales, en el que confirmaba su rechazo a cumplir con el exhorto que le emitieron. Justificó que aceptar la medida provocaría que el control de la actividad académica cayera en manos de “los espurios”, es decir, el nuevo patronato, encabezado por Horacio Magaña, quien designó a Armando Ríos Piter como rector de la Udlap.
Sin embargo, el verdadero fondo del rechazo se encuentra en el proceso judicial vigente. Al recibir el campus, Cecilia Anaya estaba obligada a poner en marcha las actividades escolares y administrativas de nueva cuenta.
Esto también significa que el patronato de la Fundación Udlap, encabezado por Margarita Jenkins de Landa, sería corresponsable de la reactivación de la casa de estudios cholulteca y estará obligada a cubrir los gastos que sean necesarios para garantizar el servicio.
El problema es que las cuentas bancarias relativas a pagos de servicios y proveedores se encuentran congeladas como parte de la investigación se sigue por una presunta malversación hallada en la gestión del exrector Luis Ernesto Derbez.
Anaya Berrios y la Fundación cuenta con cuentas bancarias liberadas sólo para el pago de la nómina de los trabajadores.
Una hora antes de que la rectora difundiera su pronunciamiento, comenzaba a tomar forma la estrategia de negarse a aceptar el exhorto y reactivar el campus. A pesar de que la liberación del campus fue una de las principales demandas de los Jenkins de Landa, la rectora y funcionarios de la universidad, quienes impulsaron el movimiento #UdlapLibre y #UdlapSecuestrada, en redes sociales circulaban comunicado en el que llamaban a la comunidad universitaria a no presentarse ni acceder a las instalaciones.
“Comunidad estudiantil y padres de familia. El presidente de ejecutivo del CEUDLAP (Consejo Estudiantil UDLAP) recomienda que si es que van a las instalaciones y dejan pasar a los alumnos y catedráticos absténgase de ingresar por favor. Si falta algo los espurio podrían aprovechar la entrada de estudiantes para poder repartir culpas, y el seguro no aplicaría: Fuerza Udlap”.
BRONCAS Y PLEITOS
La resolución de la jueza más allá de atemperar los ánimos de un puñado de estudiantes y padres de familia provocó que éstos bloquearan los dos carriles de la Recta a Cholula y el Periférico Ecológico, a la altura del Camino Real, azuzados por Cecilia Anaya, quien se encontraba entre los inconformes.
Previamente, los integrantes de #UdlapLibre también fueron incitados por la diputada local del PAN Mónica Rodríguez Della Vecchia, quien se apersonó a la institución acompañada de su compañero de bancada Rafael Micalco Méndez y que horas antes subieron a la tribuna del Congreso del estado portando letreros con la frase #UdlapLibre.
Las protestas derivaron en conatos de bronca entre manifestantes y conductores, además de que supuestos alumnos de la Udlap estrellaron una roca en el parabrisas de un automóvil, cuyo conductor se bajó de la unidad para hacerles frente y exigir la liberación de la vialidad.
A lo largo de cuatro horas, la zona estuvo plagada de imágenes de estudiantes y conductores retándose a golpes; el enojo de ciudadanos y protestas de todo tipo pues no sólo fue cerrado el acceso de la Recta a Cholula, sino que en Periférico Ecológico bloquearon todos los accesos y los alumnos se apostaron incluso frente a camiones de carga que quedaron inhabilitados para maniobrar.
Las redes sociales tampoco estuvieron exentas de confrontaciones. Un sujeto que se identificó como Aníbal Furlong publicó un mensaje soez en contra de la diputada local del PT Nora Merino Escamilla, lo que le valió un amplio rechazo y condena del sector político y social. A los reporteros también los enfrentaron con mensajes discriminatorios, despectivos e incitadores de la violencia.
A las 19:30 horas, un trabajador de seguridad privada de la Udlap informó a los alumnos que ya podían ingresar al campus portando su identificación, luego de la notificación hecha por Rodrigo Garza sobre la resolución judicial, sin embargo, rechazaron la propuesta al acusar que el nuevo patronato no los representa.
Los estudiantes acusaron que al ingresar al campus legitimarían al nuevo patronato, además de que dijeron, esperaban la emisión de un comunicado oficial por parte de la rectora interina Cecilia Anaya para saber si era confiable el ingreso a la institución.
