El Senado de la República aprobó este miércoles el dictamen que reforma el Artículo 127 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para limitar las llamadas “pensiones doradas” de exfuncionarios públicos, con el objetivo de que ninguna jubilación supere ciertos límites establecidos por ley.

La iniciativa establece que las pensiones o jubilaciones de altos funcionarios no podrán exceder la mitad de la remuneración del titular del Ejecutivo federal, actualmente encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum. Con base en el salario vigente de la Presidencia, el tope estimado sería cercano a 75 mil pesos mensuales.

Durante la sesión, el dictamen fue aprobado en lo general con 116 votos a favor y 109 en contra en lo particular y artículos no reservados, por lo que ahora será enviado a la Cámara de Diputados para continuar con el proceso legislativo.

La reforma contempla que el límite en pensiones aplique para personal de confianza de organismos descentralizados, empresas públicas del Estado, sociedades nacionales de crédito, empresas de participación estatal mayoritaria y fideicomisos públicos del Gobierno federal.

Asimismo, la medida también abarcaría entidades paraestatales, organismos descentralizados y empresas con participación estatal o municipal de los gobiernos locales, con el objetivo de homologar los límites en todo el sector público.

El dictamen establece que no se aplicará el límite a las pensiones de las Fuerzas Armadas, ni a aquellas que provengan de aportaciones voluntarias a sistemas de ahorro para el retiro basados en cuentas individuales.

Tampoco se verán afectadas las pensiones derivadas de aportaciones sindicales en sistemas de ahorro complementario ni la pensión no contributiva.

En los artículos transitorios se señala que las jubilaciones o pensiones otorgadas antes de la entrada en vigor del decreto deberán ajustarse al nuevo límite, incluso aquellas que actualmente se encuentren vigentes.

Al respecto, el presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, Ignacio Mier Velazco, afirmó que la reforma busca terminar con privilegios en el sector público y evitar que recursos del erario se destinen a jubilaciones consideradas excesivas.

De ser avalada también por la Cámara de Diputados y los congresos estatales, la reforma entraría en vigor como parte de los cambios constitucionales orientados a regular las remuneraciones y beneficios de los servidores públicos en México.