La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, informó que el Plan B de la reforma electoral ya fue aprobado por el Congreso de la Unión y respaldado por al menos 20 congresos estatales, con lo que alcanzó el carácter constitucional.

Durante su conferencia matutina en Palacio Nacional, la mandataria señaló que este avance representa un paso clave en la transformación del sistema político mexicano.

“Ya se aprobó en los congresos estatales el Plan B, ya son 20 estados, eso quiere decir que ya es constitucional”, afirmó.

Con el aval de la mayoría de los congresos locales, el Plan B electoral ha superado una de las etapas más relevantes del proceso legislativo en México.

El siguiente paso será su regreso al Senado para la declaratoria oficial, y posteriormente su publicación en el Diario Oficial de la Federación (DOF), lo que permitirá su entrada en vigor.

“Esto ya es un hecho para el país, solamente está por publicarse en el Diario Oficial de la Federación”, puntualizó Sheinbaum.

La presidenta enfatizó que el eje principal de la reforma electoral es terminar con los privilegios en el sistema político, además de fortalecer la austeridad y la transparencia en las instituciones públicas.

“Abajo los privilegios, con todas sus letras”, expresó.

Asimismo, destacó que la reforma tendrá impacto no solo en el ámbito electoral, sino en la vida pública del país y el funcionamiento de diversas instituciones.

El Plan B de la reforma electoral contempla una serie de modificaciones orientadas a reducir el gasto público y eliminar privilegios dentro del sistema político mexicano.

En primer lugar, se plantea el fin de la reelección en distintos cargos públicos, así como la implementación de medidas para evitar el nepotismo en la administración gubernamental.

Asimismo, la iniciativa propone una reducción del gasto público, mediante la disminución de recursos asignados a los congresos estatales y al Senado, con el objetivo de eliminar erogaciones consideradas innecesarias.

Otro de los puntos relevantes es la reducción del número de regidores municipales, lo que implicaría ajustes en la estructura de los gobiernos locales.

Finalmente, el proyecto incluye la eliminación de beneficios económicos para altos funcionarios electorales, como las llamadas “pensiones doradas”, además de recortes en salarios, bonos y seguros médicos para consejeros y magistrados.

La reforma también contempla ajustes en el Tribunal Electoral y en los órganos electorales, con recortes a prestaciones y beneficios considerados excesivos.

Estas medidas, de acuerdo con la mandataria, responden a una demanda ciudadana de mayor austeridad y rendición de cuentas.

Tras su aprobación en congresos estatales, el Plan B electoral se encuentra en su etapa final. La declaratoria en el Senado y su publicación en el DOF serán los últimos pasos para su implementación.

Con ello, México se encamina hacia una nueva etapa en materia electoral, marcada por cambios estructurales en la administración pública.