Publicado originalmente por Zedryk Raziel en El País, compartimos este reportaje por su relevancia e interés periodístico:
La rectora, Yesenia Pinzón, que autorizó parte de las inversiones ilícitas, busca su reelección al frente de la casa de estudios.
La Fiscalía General de la República (FGR) ha asumido la investigación por las millonarias inversiones ilícitas de la Universidad Autónoma de Aguascalientes (UAA) en la compra de bonos basura. Dado que se trata de fondos federales, la indagatoria, a cargo de la Fiscalía Anticorrupción, se centra en el delito de distracción de recursos públicos en instrumentos financieros de riesgo, una práctica prohibida por la ley, según han confirmado a EL PAÍS fuentes ministeriales. Se trata de dos inversiones en certificados bursátiles por 393 millones de pesos, que no han retornado a la universidad y que se consideran definitivamente perdidos. La rectora de la UAA, Yesenia Pinzón, autorizó en 2023, mediante su firma, una parte de las inversiones ilícitas —por 200 millones de pesos— que ahora investiga la Fiscalía. Pese a ello, la funcionaria universitaria busca su reelección en la rectoría, en una votación que se llevará a cabo este jueves en la casa de estudios.
Como parte de su carrera electoral, Pinzón ha negado, en sus comparecencias ante la comunidad universitaria, que haya tenido participación en el desvío. Al contrario, ha defendido sus gestiones para denunciar el ilícito ante las dependencias estatales. Sin embargo, documentación a la que ha accedido este periódico muestra su firma autógrafa en autorizaciones para invertir los recursos. Además, una denuncia presentada ante la Auditoría Superior del Estado de Aguascalientes por parte de un exdirectivo de la UAA —también en posesión de este diario— señala que tanto la rectora como otros altos funcionarios le presionaron para reservar los comprobantes de las inversiones y no darlos a conocer al público.
Después de seguir las instrucciones, ese directivo fue despedido y acusado por la rectora de haber orquestado el desfalco. Este periódico cuestionó a Pinzón, a través de una portavoz, sobre su firma en tales documentos y las presiones denunciadas por el exdirectivo, pero la respuesta no llegó sino hasta después de la publicación, este jueves. De manera institucional, la UAA defendió que las inversiones no fueron ilícitas, pues se hicieron “en concordancia con la normatividad vigente”, sino, en todo caso, “no resultaron productivas”.
La historia de las polémicas inversiones se remonta a 2020, en tiempos del exrector Francisco Javier Avelar. La denuncia presentada ante la Auditoría estatal por parte de Enrique Jiménez, que a la sazón era director del Departamento de Análisis Financiero, refiere cómo se dieron las primeras gestiones entre autoridades de la UAA con representantes de CI Banco. Esta entidad financiera, que recientemente fue liquidada por el Gobierno federal, luego de los señalamientos de Estados Unidos de que servía para el blanqueo de dinero del narco, fungió como intermediaria de las inversiones entre la universidad y Corafi, una empresa fantasma involucrada en otros fraudes a instituciones públicas que también han caído en la trampa de bonos basura.
EL PAÍS reveló en 2023 cómo operaba la enorme estafa de Corafi y CI Banco, que a la fecha había drenado unos 6.000 millones de pesos de varias dependencias federales y estatales, una de ellas, la más emblemática, Segalmex, institución creada por Andrés Manuel López Obrador. El esquema seguía la lógica de una estafa Ponzi a gran escala. Corafi y CI Banco diseñaban una estructura de emisión de bonos de deuda que, mediante un contrato, compraban las dependencias públicas. El incentivo era la promesa de rendimientos exorbitantes (a la UAA se le prometió un retorno del 10%). A la hora de liquidar las inversiones, los emisores de bonos, que no tenían respaldo alguno, acudían a otra dependencia para refinanciarse. La ley federal señala que es un delito que las instituciones inviertan fondos públicos en instrumentos de riesgo. Salvo el caso de Segalmex, donde hubo una operación política para recuperar el dinero, las demás instituciones perdieron los recursos entregados a los defraudadores.
En Aguascalientes, tres dependencias cayeron el fraude: la Fiscalía estatal (que perdió 66 millones de pesos); el fondo de seguridad social para los burócratas del Estado, ISSSSPEA (170 millones) y la UAA. Durante la rectoría de Avelar, y sin conocimiento del Consejo Universitario —la máxima autoridad de la UAA—, se hizo una inversión inicial de 200 millones de pesos con Corafi y CI Banco, provenientes del Fondo de Estabilización y Contingencias. Esta partida capta recursos que son mayoritariamente de origen federal, y que deben destinarse al pago de la nómina de trabajadores y de obligaciones patronales, por ejemplo, las aportaciones para el retiro. En febrero de 2023, un mes después de asumir el cargo de rectora, Pinzón autorizó que la inversión en certificados bursátiles se prolongara a lo largo de ese año, es decir, ordenó una reinversión, según consta en un documento revisado por este diario. Para septiembre, según otro documento interno, la inversión, que ya sumaba 255,7 millones de pesos, se esfumó de los estados de cuenta de la casa de estudios.
Un representante bancario informó a la UAA de que el emisor de los bonos “no contaba con saldo suficiente para hacer frente al pago de las obligaciones derivadas de la emisión” de certificados. El banquero también comunicó que no lograba ya ponerse en contacto con dicho emisor. Al respecto, la universidad precisó a este periódico que lo que autorizó Pinzón en 2023 no fue una reinversión, sino “una extensión del plazo o ampliación de fechas de vencimiento” del contrato que firmó Avelar en 2020, “a efecto de capitalizar intereses”.
En marzo de 2023, Pinzón autorizó una nueva inversión de 100 millones de pesos, esta vez con otros estafadores: la empresa de papel One de M3X1C0 y el banco Covalto. Esto siguió la misma lógica que la estafa de Corafi y CI Banco con la emisión de certificados bursátiles sin respaldo. A finales de 2023, en las cuentas de la UAA con Covalto había 138 millones de pesos, que también se perdieron, pues, a inicios de 2024, el titular de los bonos, One de M3X1C0, fue declarado en quiebra. De nueva cuenta, ese desvío se realizó con la firma de la rectora, según la documentación revisada por este diario, y sin conocimiento del Consejo Universitario. Sobre este punto, la UAA respondió que “las inversiones hechas se efectuaron con instituciones financieras que en ese momento contaban con la aprobación de las entidades reguladoras federales, por lo que de ninguna manera se podía saber que, en un futuro, iban a faltar a sus compromisos y declararse finalmente en concurso mercantil”.
Cuando estalló el escándalo por el millonario boquete financiero en la UAA, Pinzón y el jefe del Departamento Jurídico, Jesús Torres, presionaron a Enrique Jiménez —que era director de Análisis Financiero y presidente del Comité de Transparencia— para que ocultara la documentación relacionada con las instrucciones de compra de bonos (y donde constaban los nombres de los funcionarios responsables). Jiménez incluyó en su denuncia capturas de pantalla de WhatsApp en las que se advierten las gestiones de parte de la rectora y el abogado universitario. De acuerdo con el denunciante, a Pinzón y Torres les “urgía” la reserva para impedir que algún funcionario dijera algo delicado en entrevistas con la prensa. Jiménez acató las instrucciones, pero poco después, a finales de 2023, fue destituido y responsabilizado de los desvíos de recursos, según su relato ante la Auditoría.
“En octubre de 2023, la rectora Yesenia Pinzón, en diversas intervenciones en los medios, mencionó falsamente que el que suscribe gestionó la realización de la inversión, lo cual es totalmente falso, primero, por no ser parte de mis funciones”, declaró el exfuncionario en su denuncia. La UAA no respondió sobre las acusaciones de Jiménez, “por el respeto que se tiene a los procesos que se llevan a cabo”. Sin embargo, insistió en que el área de Jiménez fue la que “asesoró, dictaminó y aconsejó” que se hicieran las inversiones, algo que el exfuncionario niega en su denuncia. Pinzón se presenta este jueves como candidata a reelegirse como rectora de la UAA. En una primera etapa, alumnos y maestros votan para elegir una terna. Esta luego pasa a la Junta de Gobierno, donde nueve integrantes deliberan y designan a la cabeza de la institución.
