Un juez federal ordenó al Ejército mexicano entregar 853 documentos de inteligencia relacionados con la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, ocurrida en 2014. La resolución representa un nuevo capítulo en la exigencia de verdad y justicia por parte de los familiares.
El fallo fue emitido por Alan Arriola Padilla, juez quinto de distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, quien concedió un amparo a los padres de los estudiantes desaparecidos. La sentencia instruye a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) facilitar información generada por el Centro Regional de Fusión de Inteligencia (CRFI) “Centro” Iguala y otras instancias militares durante ese año.
En particular, el juez ordenó la entrega de 18 mensajes conocidos como Formatos Criptográficos Arcano (FCA), un sistema de comunicaciones encriptadas utilizado por la milicia. Estos mensajes fueron generados entre el 28 de marzo y el 22 de octubre de 2014 y hasta ahora no habían sido puestos a disposición de las autoridades investigadoras.
De acuerdo con la resolución, aunque ya se habían entregado 23 mensajes FCA, existe una brecha aproximada de 853 documentos faltantes. El juez subrayó que, en aras de la búsqueda efectiva de la verdad, se debe dar razón de estos archivos y permitir su consulta al Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) y a la Comisión para el Acceso a la Verdad y a la Justicia del Caso Ayotzinapa (COVAJ).
La orden judicial fue dirigida al director del CRFI “Centro” Iguala, al comandante de la Novena Región Militar en Cumbres de Llano Largo y al comandante de la 35 Zona Militar en Chilpancingo, Guerrero.
El amparo fue promovido el 15 de agosto de 2023 por los padres de los normalistas, con el acompañamiento del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez. En una primera etapa, lograron que se dictara una suspensión para evitar la destrucción de documentación relacionada con el caso.
A pesar de la resolución, la Sedena aún puede impugnar el fallo mediante un recurso de revisión, que sería analizado por un tribunal colegiado en materia administrativa.
El caso Ayotzinapa continúa siendo una de las heridas abiertas más profundas del país. Organismos como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) han insistido en la necesidad de incorporar plenamente la información de inteligencia militar para esclarecer lo ocurrido la noche del 26 de septiembre de 2014 en Iguala, Guerrero.
