La empresa importadora de combustibles Ingemar S.A. de C.V. está siendo objeto de una carpeta de investigación tras su presunta implicación en huachicol fiscal, luego del decomiso de 15.4 millones de litros de hidrocarburo en Coahuila.
De acuerdo con la investigación, Ingemar obtuvo cuatro permisos de importación por casi 500 millones de litros de combustible a través de la Secretaría de Energía (Sener) durante el sexenio anterior. Se han detectado inconsistencias como fachadas de empresas, subdeclaración de volúmenes y uso de facturas apócrifas, entre otras irregularidades.
La Fiscalía General de la República (FGR) ha confirmado que se solicitará documentación clave —como pedimentos de importación, registros aduanales y permisos otorgados por Sener— para sustentar la postura investigadora.
En respuesta, el exgobernador de Baja California y uno de los accionistas de Ingemar, Ernesto Ruffo Appel, aseguró que pondrá a disposición de las autoridades toda la documentación avalada por la aduana, el SAT y la Sener, para demostrar el origen legal de las operaciones .
Las autoridades federales han identificado que el modus operandi incluyó el ingreso selectivo de combustibles declarados como aditivos o de bajo volumen, omitiendo hasta 90% de la carga real en documentos oficiales. Operación que también se habría realizado mediante partenariado con la texana Belar Fuels Company.
El decomiso en Ramos Arizpe y Saltillo sucedió a finales de la semana pasada, tras un operativo conjunto de la Guardia Nacional, Secretaría de Marina, Defensa y la FGR, que detectó 129 ferrotanques cargados con hidrocarburos — muchos de los cuales no habrían sido registrados en sus pedimentos.
Este caso resalta la complejidad del huachicol fiscal, un delito que implica evasión de impuestos y tráfico ilícito por medio de importaciones supuestamente autorizadas. Según especialistas, solo en 2024 el país pudo haber dejado de recaudar hasta 485 millones de pesos diarios por estos esquemas.
La investigación sigue abierta y se espera que en los próximos días las autoridades presenten resultados de peritajes técnicos, documentos fiscales y aduanales para fundamentar posibles denuncias penales y asegurar que los responsables enfrenten las sanciones correspondientes.
