Un reporte del Departamento del Tesoro de Estados Unidos reveló que hijos de al menos dos presuntos líderes del narcotráfico mexicano estudiaron entre 2018 y 2022 en la IMG Academy, una institución privada de alto rendimiento académico y deportivo ubicada en Florida, mientras sus padres figuraban en la lista de personas sancionadas bajo la Ley de Designación de Cabecillas Extranjeros del Narcotráfico (Kingpin Act).

El documento oficial señala que la academia mantuvo contratos anuales de inscripción durante cinco años consecutivos con dos individuos identificados como “SDN 1” y “SDN 2”, ambos vinculados económicamente a una organización del narcotráfico con sede en México. Las transacciones permitieron la matrícula de los estudiantes, registrados como alumnos-atletas en programas especializados.

La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) determinó que la institución procesó pagos sin corroborar que los responsables financieros estaban incluidos en la lista de sancionados, lo que derivó en al menos 89 posibles violaciones a la normativa estadounidense entre 2019 y 2025. El caso concluyó con un acuerdo por 1.7 millones de dólares.

Según el informe, los costos educativos alcanzaron cifras de hasta seis dígitos anuales. En el primer caso, los pagos oscilaron entre 47,026 y 98,867 dólares por ciclo escolar, dependiendo de si correspondía a medio semestre o al año completo. En el segundo, los montos variaron entre 100,549 y 102,235 dólares anuales, incluyendo matrícula, alojamiento y otros cargos asociados. Las cantidades corresponden a contratos globales y no desglosan cada concepto específico.

El Tesoro detalló que las colegiaturas se cubrieron principalmente mediante transferencias bancarias de terceros y entidades ubicadas en México, así como cargos a tarjetas de crédito registradas a nombre de los sancionados. En algunos casos, los saldos positivos se aplicaron a periodos académicos posteriores.

El reporte subraya que una revisión básica durante el proceso de admisión habría permitido identificar el estatus de los individuos sancionados, lo que evidencia fallas relevantes en los controles internos de cumplimiento de la institución.