Publicado originalmente por Sebastián Forero y Rodrigo Soriano en El País, compartimos este reportaje por su relevancia e interés periodístico:

Leonardo Ariel Escobar, investigador de la Universidad Iberoamericana Puebla, desapareció en Nuevo León el 2 de enero tras dos días detenido a su llegada a Monterrey.
El último contacto que tuvo Leonardo Ariel Escobar antes de que se le perdiera el rastro fue con su pareja, Jorge Landa. Era la mañana del pasado 2 de enero y Escobar estaba en el municipio de Apodaca, en inmediaciones del aeropuerto de Monterrey (Nuevo León), en el que había aterrizado dos días antes. Llegó el 31 de diciembre desde Bogotá, Colombia, su país natal, donde había pasado las fiestas de Navidad. En esa llamada, le confirmó a su esposo que acababa de quedar en libertad después de que la Guardia Nacional lo detuviera en el aeropuerto. Le dijo que estaba tratando de viajar a Ciudad de México para después desplazarse hasta Puebla, donde vive y trabaja como académico en la Universidad Iberoamericana de esa ciudad. Después de colgar, no se ha vuelto a saber nada de él.

Leonardo Escobar, nacido en Barranquilla y de 42 años, se instaló en México hace ya más de una década. En la Universidad Autónoma del Estado de Morelos cursó una maestría en Estudios de Arte y Literatura y después un doctorado en Humanidades. Vivió un tiempo en Baja California, pero a mediados del año pasado consiguió una plaza de tiempo completo en la Iberoamericana y trasladó su residencia allí. Tendría que haber retomado labores en la universidad el pasado 6 de enero, pero nunca apareció. El Sistema Universitario Jesuita (SUJ), al que pertenece esa institución, emitió un pronunciamiento en el que pedía respuestas a las autoridades. “Hay indicios de la participación de autoridades federales, del Instituto Nacional de Migración (INM) y de la Guardia Nacional, así como de la Policía Municipal de Apodaca”, advertía la organización.

La Secretaría de Gobernación mexicana lanzó fichas de búsqueda días después, aunque hubo que esperar hasta el miércoles 14 de enero para que las autoridades hablaran públicamente del tema. El fiscal de Nuevo León, Javier Flores Saldívar, confirmó ante los medios que Escobar había sido detenido por la Guardia Nacional y puesto a disposición de la policía de Apodaca por “faltas administrativas”, sin especificar de cuáles se trataba. El fiscal añadió que fue liberado a las siete y media de la mañana del 2 de enero y que, tras su liberación, regresó al aeropuerto con otra ropa. Las autoridades hallaron la maleta de Escobar entre los objetos perdidos. Este diario ha solicitado mayor información a la Secretaría de Defensa, de la que depende la Guardia Nacional, pero al momento de esta publicación no ha obtenido más datos.

El secretario de Seguridad poblano, Francisco Sánchez, ha informado este jueves que esa dependencia está en contacto con la familia de Escobar y que colaboran con otras autoridades para esclarecer lo ocurrido. “Tenemos la mayor información del último punto donde fue visto y quién fue la última autoridad con la que tuvo contacto”, ha apuntado el secretario durante una conferencia. Y ha añadido: “Estamos todavía en el desarrollo de la investigación. En cuanto tengamos mayor información que nos permita puntualizar más sobre esta persona, se los haremos de su conocimiento”.

Simón Hernández, abogado de la misma Universidad Ibero, asumió el caso de su colega y ha tratado de establecer con precisión qué ocurrió con el docente colombiano. En conversación con EL PAÍS, señala que la detención presuntamente ocurrió alrededor de las seis de la tarde del 31 de diciembre, supuestamente por alterar el orden público, “aunque las autoridades no han presentado el soporte documental”. Esa noche, Escobar fue presentado ante un juez, quien decretó un arresto de 36 horas. Ese periodo venció el 2 de enero en la mañana.

El abogado llama la atención sobre “la opacidad” que han mostrado las autoridades. “El aeropuerto es un lugar con muchos registros de video, pero ni la Marina, que lo administra; ni la Guardia Nacional, que brinda la seguridad; ni el Instituto Nacional de Migración, que hace los registros, han presentado los videos de la detención”, sostiene Hernández. Además, no hay ningún reporte en el Registro Nacional de Detenciones, lo que por ley se tendría que haber hecho.

La universidad poblana se ha volcado en los últimos días en el caso. El rector Alejandro Guevara ha pedido a las autoridades la difusión de imágenes para que la sociedad civil pueda sumarse a las búsquedas, y la institución ha convocado una movilización pacífica para la mañana del viernes, con el fin de pedir “la presentación inmediata y con vida” de Escobar. “Habrá bloqueos intermitentes en ambos sentidos del bulevar del Niño Poblano”, prevé el escrito. Es parte de la preocupación por el caso, ocurrido en un país azotado por la crisis de desaparecidos. México cuenta ya con un total de 132.871 desaparecidos, de acuerdo con cifras oficiales. De ellos, 284 son migrantes, cinco de estos en Nuevo León.

Para el letrado, esas inconsistencias en el actuar de las autoridades —“de trasladarse la responsabilidad, de no brindar la información”— conducen a pensar que hubo una actuación ilegal, que el profesor colombiano probablemente fue víctima de un abuso por parte de la Guardia Nacional, “que se estaría tratando de encubrir”.

La entrada a México se ha convertido en un dolor de cabeza para los colombianos en los últimos años. Algunos viajeros han acusado a las autoridades de retenciones migratorias y extorsiones. En 2022, la Cancillería de Colombia alertó sobre el riesgo de deportaciones arbitrarias. México cerró 2025 con 11.597 colombianos irregulares y la devolución de 625 personas a Colombia.

El cónsul colombiano en Ciudad de México, Alfredo Molano, confirmó que su oficina brinda asistencia consular a la familia de Escobar y que activó la ruta de atención ante las autoridades mexicanas, las cuales “han sido receptivas”. Añadió que Colombia acompañará a los familiares hasta conocer los resultados de las investigaciones.