La Cámara de Diputados dio un paso significativo en la protección de los derechos de las mujeres víctimas de violencia con la aprobación de una reforma clave para garantizar su acceso a vivienda adecuada. La propuesta, presentada por la diputada Rosario Orozco Caballero, busca armonizar la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia con el mandato constitucional de 2024, que sustituyó el término “vivienda digna” por “vivienda adecuada”. Esta reforma tiene como objetivo ofrecer un espacio habitacional que cumpla con las necesidades reales de las mujeres en situación de vulnerabilidad.
Orozco, diputada federal por Puebla, destacó que esta modificación no solo tiene un componente simbólico, sino que representa una evolución estructural en las políticas públicas de vivienda. “Este cambio permite pasar de un concepto aspiracional a uno con parámetros claros y medibles”, afirmó, explicando que la vivienda adecuada debe garantizar, entre otras cosas, seguridad en su tenencia, acceso a servicios básicos y condiciones de habitabilidad.
Además de la seguridad jurídica y accesibilidad para personas con discapacidad o de la tercera edad, la ubicación debe ser adecuada, lo que implica estar cerca de centros de salud y fuentes de trabajo, según la diputada. Esto refleja una visión más integral, que no solo considera la estructura física de las viviendas, sino las condiciones sociales y económicas en las que deben vivir las mujeres que han sufrido violencia.
La Comisión de Igualdad de Género aprobó esta reforma con un enfoque que trasciende lo asistencialista, buscando consolidar políticas públicas garantistas basadas en parámetros internacionales. La diputada subrayó la relevancia de homologar esta reforma con el decreto de reforma constitucional de 2024, que obliga a armonizar las leyes secundarias para garantizar la implementación de políticas públicas claras y efectivas.
Con la reforma aprobada, el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum refuerza su compromiso con una política habitacional que no solo busca proporcionar viviendas, sino garantizar espacios habitacionales adecuados a las necesidades reales de la población vulnerable.
