Publicado originalmente por Micaela Varela en El País, compartimos este reportaje por su relevancia e interés periodístico:
El abogado, esposo de la conductora de televisión Inés Gómez Mont, está en un centro de procesamiento de migrantes de la ciudad de Florida.
La vida a salto de mata de la conductora de televisión Inés Gómez Mont y su esposo, el abogado fiscalista Víctor Manuel Álvarez Puga, está cerca de llegar a su fin. Puga se encuentra detenido en un centro migratorio de Miami, Florida (Estados Unidos), según aparece en su ficha del centro de detención Krome North. El matrimonio tiene una ficha de búsqueda de la Interpol desde 2021 por encabezar un entramado corrupto con el que se desviaron y blanquearon casi 3.000 millones de pesos (unos 145 millones de dólares) de dinero público en México.
Ante la investigación que iniciaron las autoridades mexicanas por la red de lavado de dinero y malversación de fondos públicos de la pareja, ambos consiguieron escapar a Estados Unidos donde tienen varias propiedades de lujo. Desde allí, continuaron sus vidas pese a la orden de arresto que tenían pendiente y lograron desbloquear sus cuentas bancarias con una orden judicial después de que la Unidad de Inteligencia Financiera congelara sus movimientos financieros.
Con la detención por parte del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés), el Gobierno de México tiene la oportunidad de pedir la extradición de Álvarez Puga. La misma excusa fue usada para traer de vuelta a Carlos Alberto Treviño Medina, director general de Pemex durante el sexenio de Peña Nieto, quien fue arrestado por “una confusión estrictamente de carácter migratorio” que terminó en su deportación para ser juzgado en territorio mexicano por su vinculación en el caso Odebrecht.
El entramado ideado por Puga con su hermano Alejandro nació desde el despacho legal de ambos, Álvarez Puga & Asociados. La Fiscalía documentó cómo entre 2016 y 2017 desde esa oficina se orquestó la creación de varias empresas fantasmas a las la Secretaría de Gobernación adjudicó jugosos contratos por unos servicios de seguridad a prisiones. La dependencia, entonces encabezada por Miguel Ángel Osorio Chong, muy cercano Enrique Peña Nieto y ahora senador, buscaba a una empresa para mejorar los reclusorios de México, pero las empresas de papel que recibieron el encargo no contaban ni con la infraestructura ni con el personal para llevar a cabo la tarea. Aun así, simularon prestar el servicio y el dinero se lo embolsó el matrimonio junto a una decena más de participantes. El modelo ha sido replicado en cientos de casos de corrupción y ha sido utilizado por políticos, empresarios, artistas y narcotraficantes, quienes pagan una tajada por usar el andamiaje del fraude.
La orden de detención que emitió un juez federal a petición de la Fiscalía General de la República no llegó hasta 2021. “Quiero recalcar que soy inocente y no he cometido ningún delito”, afirmó en su cuenta Inés Gómez Mont a final de septiembre de ese año. La Interpol emitió ficha roja de búsqueda poco después, ya que la pareja estaba en paradero desconocido. Una demanda civil ante una Corte de Florida por el adeudo de un crédito hipotecario de más de cuatro millones de dólares que adquirieron en julio de 2021 los posicionó del otro lado de la frontera, donde han permanecido disfrutando de las comodidades de su patrimonio hasta ahora.
