Un grupo de organizaciones y colegios jurídicos de Sinaloa presentó una denuncia formal ante la Fiscalía General de la República (FGR) contra el gobernador Rubén Rocha Moya, a quien señalan por presuntas omisiones en materia de seguridad y posibles vínculos con integrantes del crimen organizado.
El recurso fue interpuesto ante la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO) por representantes de la Alianza Mexicana de Abogados, la Federación de Abogados de Sinaloa, colegios locales y el Frente Cívico Sinaloense. Los promoventes solicitaron que se abra una investigación y, en su caso, se finquen responsabilidades penales.
Entre los ilícitos señalados figuran ejercicio indebido del servicio público, coalición de servidores públicos, uso ilícito de atribuciones, encubrimiento y presunta delincuencia organizada, así como posibles irregularidades relacionadas con la administración de justicia.
Los denunciantes sostienen que el Ejecutivo estatal habría incurrido en omisiones frente al aumento de la violencia en la entidad y cuestionan la actuación de autoridades ministeriales en casos específicos, como el relacionado con Héctor Melesio Cuén, del que afirman existieron inconsistencias durante la gestión de la entonces fiscal Sara Bruna.
Asimismo, pidieron que se esclarezca el viaje realizado por el mandatario el 25 de julio de 2024, fecha que coincide con el secuestro y posterior entrega de Ismael “El Mayo” Zambada, fundador del Cártel de Sinaloa, en esa región. Según los promoventes, estos hechos antecedieron un repunte delictivo que, entre septiembre de 2024 y febrero de 2026, habría dejado 2,883 homicidios, 3,314 privaciones de la libertad y 9,714 robos de vehículos.
También citaron el caso de los mineros secuestrados en Concordia, donde cinco de diez víctimas fueron localizadas sin vida, como ejemplo de la situación de inseguridad que enfrenta la entidad.
Además de la denuncia penal, los abogados interpusieron una queja ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) por 16 presuntas violaciones a derechos fundamentales, entre ellas el derecho a la seguridad y a vivir libre de violencia. Indicaron que previamente acudieron al organismo estatal sin obtener respuesta y que, de persistir la situación, podrían recurrir a instancias internacionales.
Los promoventes sostienen que la violencia en Sinaloa ha aumentado en los últimos dos años debido a disputas internas entre células del Cártel de Sinaloa y confrontaciones con grupos rivales, lo que —afirman— ha impactado la actividad económica y la vida cotidiana.
Hasta el momento, Rubén Rocha Moya no ha emitido posicionamiento público respecto a la denuncia presentada en su contra.
