Publicado originalmente por Miriam Ramírez en EL UNIVERSAL, compartimos este reportaje por su relevancia e interés periodístico:

Laisha Michelle Oseguera González mantuvo una batalla legal durante casi cinco años para recuperar una propiedad que el gobierno mexicano le había asegurado. Su argumento ante tribunales fue relativamente sencillo: ser hija de Nemesio Oseguera Cervantes, alias “Mencho”, no era prueba suficiente para demostrar el uso de dinero ilícito. En febrero de 2024, un juez de Baja California le dio la razón y liberó una casa que la Fiscalía General de la República (FGR) había retenido desde 2017; una vivienda ubicada en una exclusiva zona de Tijuana, que estaba bajo el resguardo del Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado (INDEP).

La propiedad había sido asegurada tras una acusación de lavado de dinero en contra de su madre Rosalinda González Valencia, pero la defensa de Laisha argumentó que la casa fue adquirida a su nombre cuando ella era menor de edad, y que su madre solo actuó como gestora de la compra. También demostró que la FGR no tenía pruebas para sostener el uso de dinero ilegal, o que en el lugar se cometió algún delito.

Ahora, la hija menor de El Mencho, el temido líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), mantiene otro juicio abierto para intentar recuperar una segunda residencia.

En la última década, diversas personas y empresas vinculadas con el CJNG han logrado recuperar propiedades aseguradas en México, descongelar cuentas bancarias y mantener activas más de una centena de compañías en el país.

Los fallos en contra de las autoridades financieras se han conseguido, incluso, cuando los señalados se encuentran recluidos en prisión, son objetivos prioritarios del gobierno federal o están acusados de cometer crímenes de alto impacto.

Para este trabajo se tomaron en cuenta los listados y boletines emitidos por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos. Desde 2015, la Oficina ha señalado a 87 personas físicas y 125 morales de colaborar, en distintos niveles, con el lavado de activos del CJNG. En el análisis del reportaje también se incluyeron 33 personas físicas vinculadas por la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena). En total: 245 individuos y entidades ubicadas como parte de la estructura financiera del Cártel.

Tras una revisión, se encontró que apenas 21 personas, el 17% de los individuos mencionados, están detenidos o han cumplido una condena, ya sea en México o en Estados Unidos.

El rastreo de las 125 compañías enlistadas por la OFAC revela que al menos ocho empresas propiedad de familiares de El Mencho y Los Cuinis han obtenido amparos judiciales para descongelar sus cuentas. En dos casos han conseguido que la FGR retire los aseguramientos de sus bienes.

De esas 125 empresas boletinadas solo 12 han cerrado sus operaciones oficialmente; el resto continúa activa ante la Secretaría de Economía mexicana.

También se encontró que cuatro gasolineras vinculadas a una red de combustible robado, delito conocido como huachicol, operan con permisos vigentes de la Comisión Reguladora de Energía (actual Comisión Nacional de Energía) en los estados de Colima y Veracruz.

La OFAC ha acusado al CJNG de utilizar inmobiliarias, gasolineras, constructoras, casas de cambio, compañías agrícolas, de servicios turísticos, restaurantes y despachos de asesoría fiscal y contable, entre otros, para lavar dinero proveniente del tráfico de drogas, cometer fraudes inmobiliarios y para el robo y venta de gasolina ilegal. El registro incluye a traficantes de armas, productores de fentanilo y metanfetaminas, y a 16 personas vinculadas a una red de fraude inmobiliario en Puerto Vallarta.

En el listado destacan los nombres de fundadores del CJNG y de los líderes regionales en Jalisco, Colima, Nayarit, Veracruz y Tamaulipas. También están boletinados 15 hermanos González Valencia y sus esposas, todos integrantes del grupo Los Cuinis, considerado por Estados Unidos como el brazo financiero de la estructura criminal.

Los señalamientos de la OFAC de poco han servido en México. Desde 2018, una resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación restringe las facultades de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) para congelar cuentas con base en solicitudes extranjeras. En 2024, el máximo tribunal endureció más los requisitos, dificultando las acciones contra personas señaladas por organismos internacionales como la OFAC.

Tras casi dos décadas de persecución en México y Estados Unidos, el brazo financiero del CJNG se mantiene prácticamente intocable.

La información de este reportaje se sustenta en documentos públicos del Departamento de Tesoro de Estados Unidos; sentencias públicas del Consejo de la Judicatura Federal; consultas en el Registro Público del Comercio de la Secretaría de Economía y archivos oficiales de la Secretaría de la Defensa Nacional y la Guardia Nacional, divulgados a través de la megafiltración “Guacamaya Leaks”.