La investigación de la Fiscalía de Michoacán reveló cómo el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) habría ofrecido dos millones de pesos para quien “se aviente el tiro” de asesinar a Carlos Manzo, alcalde de Uruapan, ejecutado el 1 de noviembre de 2025.

De acuerdo con las declaraciones oficiales, Ramiro “N”, uno de los dos hombres hallados muertos días después, fue el encargado de reclutar a los perpetradores. El perfil exigido por la organización criminal era claro: jóvenes adictos a las drogas y fáciles de someter. Así fueron elegidos Víctor Manuel y Josué, de 17 y 16 años, quienes fueron entrenados en Tiamba, territorio de operaciones del CJNG.

Ramiro, de 35 años, se habría integrado al cártel tras quedarse sin empleo. En una carta póstuma encontrada en una maleta, pidió perdón a su esposa y confesó que estaba trabajando para “El Licenciado”, presunto operador del grupo en Michoacán y Guanajuato.

La misiva fue clave para ubicarlo. Jorge Armando, alias El Licenciado, fue detenido el 18 de noviembre en Morelia tras un seguimiento de cámaras. Según la Fiscalía, el sospechoso intentó sobornar a los agentes con hasta 10 mil dólares para impedir su captura.

El análisis de mensajes en un grupo de chat permitió reconstruir el momento en que se dio la orden del atentado. A las siete de la tarde del 1 de noviembre, el infiltrado notificó que el alcalde había salido de su domicilio. Entonces llegó la instrucción lapidaria: “No importa que traiga niño, así hay que darle piso”.

Víctor Manuel habría disparado en seis ocasiones contra el alcalde, que cayó junto a una jardinera. El menor también fue ultimado, presuntamente por un elemento de la escolta, según los resultados de balística.

Carlos Manzo murió a causa de una herida de bala en la nuca que no pudo ser atendida de inmediato. Siete policías municipales, incluido el exdirector de Seguridad Pública, enfrentan cargos por homicidio doloso en comisión por omisión, al no haber protegido al edil, quien ya había reportado amenazas previas.

Será el 26 de noviembre cuando el juez de control Luis Fernando Díaz Parra determine la situación jurídica de los procesados, recluidos en Mil Cumbres y el Altiplano.