Distintos episodios del México contemporáneo nos han obligado a revisar nuestro sistema institucional para procurar un país más democrático, en el que cada uno de los poderes constitucionales desempeñe el papel que tiene encomendado por el artículo 49 de nuestra carta magna, evitando con ello el sometimiento de los poderes a los designios del Ejecutivo.
En esta búsqueda permanente de mejorar el andamiaje jurídico institucional, México adoptó la figura de los órganos constitucionales autónomos, que, dicho sea de paso, los órganos constitucionales autónomos no son nuevos, ni son una creación del constituyente mexicano, tratadistas como Miguel Carbonell aseguran que su nacimiento es del siglo XIX y que Jellinek los aborda conceptualmente en 1892, enriqueciendo la doctrina de la división de poderes.
Según el Diccionario Panhispánico del Español Jurídico, los organismos autónomos son entidades de derecho público, con personalidad jurídica propia, tesorería y patrimonios propios y autonomía en su gestión. Esto es de suma importancia para comprender que no tienen adscripción alguna a ninguno de los tres poderes tradicionales del Estado, lo cual les permite actuar con independencia en sus decisiones y no tener, por lo menos de guisa formal, algún tipo de interferencia o presión política o económica.
Muchas fueron las razones para que los organismos constitucionales autónomos surgieran a la vida pública de nuestro país, ampliando la visión que de la división de poderes teníamos en México, estas fueron muchas y variadas, pero todas devenían del abuso, de la intromisión y de la concentración de poder más y más en persona del Ejecutivo.
En este sentido, el Estado no solo era un estado regulador, sino que se convertía en un Estado que se entromete en todos los aspectos individuales y sociales de las personas, organizaba elecciones; procuraba justicia, regulaba la competencia económica, determinaba la política económica y monetaria, determinaba qué era del ámbito público y qué no, y un largo etcétera.
Sin embargo, la conducción del Estado mexicano, aun con la doctrina y el mandato constitucional de la división de poderes, siempre ha estado en manos del titular del poder Ejecutivo Federal, lo que hace que todas estas políticas estuvieran bajo el mandato omnipresente de los presidentes mexicanos.
Bajo este tenor, debemos considerar que el poder debe limitarse pues de lo contrario, como lo pensaba Montesquieu, se dirige ineluctablemente al abuso y a la arbitrariedad. Pero, en cambio, si ese poder no se concentra en pocas manos y se distribuye entre diferentes órganos que pueden limitarse, frenarse de manera mutua, entonces se está bloqueando la posibilidad que dicho poder pueda volverse ilimitado.
En este orden de ideas, los órganos constitucionales autónomos, (denominación oficial) se concibieron y desarrollaron, en primer lugar, en Europa y después llegaron a América Latina. Sin embargo, considerando que nuestra región ha ido construyendo más lentamente sus regímenes democráticos y, asimismo, si tomamos en cuenta que nuestras naciones han vivido grandes etapas bajo la dictadura o, en nuestro caso, bajo lo que Mario Vargas Llosa llamó “la dictadura perfecta”, es entendible que en esta región hayan surgido un gran número de organismos autónomos con la finalidad de ir consolidando el régimen democrático y a su vez, ir fortaleciendo el Estado de derecho.
En México, considerando los excesos cometidos por los poderes tradicionales del Estado y también, desde luego, por los poderes fácticos existentes se empezó a generar un importante nivel de desconfianza social, lo cual produjo, inevitablemente, que fuese disminuyendo la credibilidad gubernamental. Esto dio como resultado la creación de los órganos constitucionales autónomos que se encargarían de fiscalizar o de controlar, en su caso, las instituciones para que no transgredieran el apego a la constitucionalidad.
Se han establecido, en este sentido, una serie de características que deben tener los órganos constitucionales autónomos para su buen desempeño y aporte a la sociedad. Entre éstas se pueden considerar las siguientes: inmediatez, esencialidad, dirección política, paridad de rango, autonomía, apoliticidad, inmunidad, transparencia, intangibilidad, funcionamiento interno apegado al Estado de derecho. (Hiram Escudero Álvarez, Los órganos constitucionales autónomos y la seguridad pública, UNAM, 2002).
Estos órganos constitucionales autónomos cumplen con una función dentro de la operatividad del Estado de guisa específica, buscando con el nacimiento de estos organismos autónomos que exista una mayor especialización, agilización, control y transparencia para responder con eficacia las demandas de la sociedad; esto no significa, en ningún momento, que por ser autónomos e independientes se vea alterado o, inclusive, pueda destruirse la tradicional división de poderes (Ejecutivo, Legislativo y Judicial), pues dichos organismos también forman parte del Estado. Sin duda alguna, estos organismos constitucionales autónomos son indispensables en la evolución contemporánea que se ha venido produciendo en el Estado constitucional de Derecho.
Su carácter autónomo puede entenderse a partir de una serie de motivos que justifica dicha característica, entre los cuales se pueden mencionar los siguientes:
Ø Hay la necesidad de que exista un organismo que cuente con una especialización técnica y administrativa;
Ø Es insoslayable contener los excesos y abusos de la partidocracia;
Ø Es conveniente que exista un organismo específico que pueda ejecutar las tareas y funciones que no deben estar sujetas a la coyuntura política, y que forman parte de las atribuciones naturales del Estado;
Ø En el ámbito electoral, es indispensable que se puedan ofrecer todas las garantías de imparcialidad y de transparencia en los procesos electorales. (Filiberto V. Ugalde Calderón, Revista del Instituto de la Judicatura Federal, Núm. 29, 2010).
Bajo este contexto, los actores políticos convinieron en la creación de diferentes organismos autónomos que le fueran dando una mayor transparencia a las actividades y decisiones de los gobernantes en funciones; asimismo, se pretendió ofrecerle a la sociedad en general una mayor certidumbre y, desde luego, iniciar la construcción larga y sinuosa (como dice la canción de The Beatles) hacia un régimen plenamente democrático.
Así, se han ido creando los siguientes órganos constitucionales autónomos en los últimos treinta años:
- Banco de México (Banxico), se le otorgó la autonomía el 1° de abril de 1994.
- Instituto Nacional Electoral (INE), se le dio la autonomía el 22 de agosto de 1996.
- Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), se le otorgó la autonomía el 13 de septiembre de 1999.
- Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) el 16 de abril de 2008 se le otorgó la autonomía.
- Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) surge el 10 de septiembre de 2013.
- Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) se crea el 10 de septiembre de 2013.
- Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) se crea el 7 de febrero de 2014.
- Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) obtiene su autonomía el 10 de febrero de 2014.
- Fiscalía General de la República (FGR) se le otorgó la autonomía el 20 de diciembre de 2018.
Estos nueve órganos constitucionales autónomos que ejecutan funciones específicas para el desempeño eficiente del Estado han sido mecanismos importantes y, podríamos asegurar, trascendentales para que México haya fortalecido su andamiaje democrático y haga más robusto su Estado de derecho. Sin embargo, durante la presente administración del presidente Andrés Manuel López Obrador estos órganos constitucionales autónomos han sufrido permanentemente embates por parte del Ejecutivo, con la intención de irlos mermando, descalificando ante la sociedad en general y buscando en todo momento desaparecerlos o regresarlos a su órbita de control.
No debemos olvidar que un órgano constitucional autónomo ya desapareció bajo el mandato del presidente López Obrador. El Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE), que fue creado mediante decreto por el entonces presidente Vicente Fox Quesada el 8 de agosto de 2002, logrando su autonomía el 16 de febrero de 2013, como resultado de la reforma educativa del mismo año bajo la presidencia de Enrique Peña Nieto. Y dicho órgano autónomo desaparece por decreto del presidente López Obrador, precisamente el Día del Maestro, el 15 de mayo de 2019. La desaparición de este organismo fue resultado del acuerdo entre el presidente en funciones y la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE). Esto representó un acto de coyuntura política (este tipo de actitudes son las que se pretenden eliminar con la existencia de los órganos constitucionales autónomos) que subordinó la educación de millones de niños, niñas y adolescentes para satisfacer los intereses de un grupo de personas que han hecho de la educación un verdadero negocio para beneficio de unos cuantos líderes y vivales que lideran la CNTE.
En este sentido, se puede entender que el actual presidente López Obrador haya emprendido una feroz y permanente lucha en contra de los órganos constitucionales autónomos, pues es evidente que no le gustan los controles, detesta la transparencia, le incomodan los contrapesos, no comulga con los organismos que gozan de autonomía, independencia y libertad y que no se hallan subordinados a su poder.
De tal suerte que el presidente en funciones presentó una serie de reformas el pasado 5 de febrero ante el Congreso de la Unión, argumentando que es necesario que se establezca un principio de austeridad republicana que permita que los recursos públicos se administren mejor y se ejerzan de manera responsable.
Aunado a esto, descalificó y propuso eliminar varios órganos constitucionales autónomos debido a que su existencia ha significado un mayor gasto y también hay, expone, una duplicidad de funciones, lo cual debilita la rectoría del propio Estado. Entre los órganos constitucionales autónomos y los organismos reguladores que pretende desaparecer, se encuentran los siguientes: el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece), el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), la Comisión Reguladora de Energía (CRE), la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH) y la Comisión Nacional para la Mejora Continua de la Educación (Mejoredu).
Es indudable que los órganos constitucionales autónomos al no someterse a la voluntad ni al yugo presidencial se convierten ipso facto en los enemigos no del presidente, sino del pueblo. Bajo tal escenario, aquellas instituciones que no “benefician” (se ajustan a los designios presidenciales) al pueblo deben desaparecer. Luego entonces, la pretensión antidemocrática y claramente autócrata del presidente López Obrador es una verdadera puñalada a la sociedad en general, pues elimina los mecanismos de defensa, de información y de conocimiento a los que pueden acceder todas las personas para defender sus derechos humanos frente a la opacidad, oscuridad y desfachatez con la que suelen actuar los funcionarios públicos.
La pretendida desaparición del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) estaría violentando, por lo menos, dos derechos humanos, el acceso a la información y la protección de datos personales, los cuales están garantizados y reconocidos en el corpus jurídico nacional. Lo único que se logra con dicha desaparición es destruir un sistema de tutela de dos derechos humanos, amén de que se le niega la posibilidad a la sociedad de que se dé un control de los recursos públicos como, también, se transparenten las actividades y decisiones de los servidores públicos. Pese al argumento presidencial de que se deben “administrar mejor y ejercer de manera responsable los recursos públicos”, el verdadero quid del asunto es que no se quiere transparentar el uso de los recursos, no se quiere tener un control de cómo se gasta y en qué se gasta, no existe una voluntad democrática, sino autócrata.
Por lo tanto, ¿qué pasará con el derecho de acceso a la información que tenemos todas y todos los mexicanos?, ¿quién será el responsable de proteger los datos personales de todos los ciudadanos?, ¿cómo poder conocer los actos y las decisiones que toman los servidores públicos respecto a un tema de interés social? Sin duda, el presidente en turno y su partido en general, Morena, desean regresar a la época en que el partido hegemónico no tenía contrapesos, no existían instituciones que le pusieran límites, la palabra del presidente en funciones era la única ley que se ejercía y que servía para que se hiciera lo que el “señor presidente dijera”.
En cuanto a la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece), la cual realiza, entre otras tareas, la disuasión para que no se manipulen los precios y establece reglas para evitar las prácticas anticompetitivas por parte de directivos o empresas; también evita las prácticas monopólicas. De tal manera que la Cofece es, sin duda alguna, una herramienta de suma importancia para que la sociedad en general tenga posibilidades de mejorar sus condiciones de vida al poder contar con el acceso a mejores servicios, bienes y productos.
La gota que derramó el vaso fue la declaración de la presidenta de la Cofece, Andrea Marván Saltiel, en el sentido de que el organismo autónomo revisaría la compra de las plantas de Iberdrola. La respuesta del presidente López Obrador fue contundente y muy agresiva, diciendo que se enviaría la iniciativa de reforma para desaparecer los organismos autónomos que fueron creados, según el presidente, para proteger a particulares y atentar contra el interés público. (Luis Miguel González, El Economista, 19 enero 2024).
Desapareciendo este órgano constitucional autónomo, ¿cómo lograr que haya una política de competencia económica que beneficie realmente a la sociedad?, ¿quién establecerá las reglas para evitar las actitudes anticompetencia?, ¿quién podrá cuestionar, criticar y limitar las prácticas monopólicas de la CFE y de PEMEX? No cabe la menor duda que el presidente López Obrador busca la desaparición de todos aquellos organismos que se anteponen en su camino por erigir, como en los viejos tiempos, la presidencia imperial, como lo dijera Enrique Krauze.
Por lo que respecta al Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), su labor es indispensable para lograr un desarrollo eficiente a partir de la regulación, promoción y supervisión del uso, aprovechamiento y explotación del espectro radioeléctrico, las redes y la prestación de los servicios de telecomunicaciones y la radiodifusión en México. Sin embargo, el titular del ejecutivo ha manifestado que el IFT no ha sido efectivo para combatir los monopolios en el sector, que cuenta con una enorme estructura orgánica y que son elevadísimos los salarios de los comisionados. Lo que pretende el presidente es que las funciones del IFT se traspasen a una oficina que dependa de la SICT y, de tal suerte, esté subordinada al presidente.
El Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) tiene como funciones medir la pobreza y el estado de desarrollo para realizar análisis y recomendaciones en materia social. No olvidemos que el Coneval al difundir públicamente las mediciones de pobreza en el país pone en entredicho los resultados propalados por el gobierno en turno.
La desaparición de los órganos constitucionales autónomos es un atentado contra la sociedad, contra sus derechos y contra políticas públicas que hacen que el estado regulador cumpla sus funciones en aras de un gobierno eficiente, con soporte técnico que aleje a las decisiones de gobierno de las ocurrencias o de los programas políticos de cada sexenio.
