La reforma judicial impulsada por el presidente
Andrés Manuel López Obrador no solo marca
un hito en el panorama político de México, sino que
también representa un acto de venganza contra el
Poder Judicial, particularmente contra los ministros
y ministras de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). Aprovechando la mayoría calificada de Morena en la Cámara de Diputados y utilizando las
peores prácticas legislativas en el Senado, se aprobó sin cambios significativos la reforma judicial que tanto anhelaba el Ejecutivo.
A pesar de las críticas y cuestionamientos de colegios de abogados, facultades de derecho y especialistas en la materia, el único objetivo era cumplir
con el deseo del presidente. La reforma fue aprobada sin considerar los problemas que podría generar en términos de acceso a una justicia expedita, independiente e imparcial, aspectos que claramente no
se resolverán bajo este nuevo marco legal.
La “reforma judicial” es una clara respuesta a la independencia que mostró la SCJN en relación con la Ley de la Industria Eléctrica (LIE) propuesta por López
Obrador. El presidente buscaba que la Comisión Federal de Electricidad (CFE) retomara el control del sector energético, reduciendo la participación privada. Esta
reforma energética, aprobada en marzo de 2021, fue
impugnada por empresas extranjeras, lo que llevó a la
SCJN a declarar su inconstitucionalidad en enero de
2024, por violar principios de competencia, libre concurrencia y desarrollo sustentable.
Este revés judicial fue visto por el presidente como
una afrenta personal, lo que desató su deseo de venganza. En febrero de 2024, presentó una serie de reformas constitucionales con el claro objetivo de
concentrar el poder político en su persona y subordinar al Poder Judicial.
Aunque Morena tenía mayoría calificada en la
Cámara de Diputados, en el Senado necesitaban
tres votos adicionales para alcanzar los 86 senadores necesarios. Aquí es donde recurrieron a prácticas deplorables: extorsiones, amenazas, favores
políticos y promesas. La maquinaria morenista,
en colaboración con fiscalías estatales, presionó a
senadores de diversos partidos, como lo denunció
el presidente del PAN, Marko Cortés. Se excavaron
posibles delitos y se abrieron investigaciones para
coaccionar a los senadores y sus familias.
Un ejemplo claro fue el senador por Veracruz,
Miguel Ángel Yunes Márquez, y el senador de Movimiento Ciudadano por Campeche, Daniel Barreda, quienes fueron objeto de amenazas judiciales. Estas
acciones se complementaron con intentos de soborno que, en algunos casos, no dieron resultado.
Finalmente, la reforma se aprobó mediante pactos con figuras políticas corruptas. A senadores del PRD se les ofrecieron candidaturas y prebendas a
cambio de sus votos. Y cuando aún faltaba un voto,
se llegó a un acuerdo con la familia Yunes, famosa
por su historial delictivo y evasión fiscal, lo que permitió a Morena alcanzar la mayoría calificada.
Con esta reforma judicial, se inicia una etapa de
subordinación del Poder Judicial al Poder Ejecutivo.
Analistas como Héctor Aguilar Camín y Carlos Pérez
Ricart coinciden en que estas acciones ponen en duda
la independencia de los jueces y magistrados, vislumbrando el comienzo de una deriva autoritaria en el país. El consenso entre diversos sectores de la oposición, académicos y organizaciones sociales es claro: la reforma judicial busca concentrar el poder en una sola persona, debilitando la división de poderes.
Además, la gobernadora de Campeche, Layda
Sansores, utilizó a la fiscalía estatal para detener al
padre del senador Daniel Barreda, evitando su participación en la votación del Senado. Con un senador menos, Morena necesitaba solo 85 votos para
aprobar la reforma, lo que consiguieron sin tener que negociar con otras fuerzas políticas.
La jornada legislativa estuvo plagada de irregularidades. Manifestantes del Poder Judicial y estudiantes de derecho de diversas universidades irrumpieron en
la sesión, exigiendo ser escuchados. Sin embargo, la
prisa por aprobar la reforma y la falta de apertura al
diálogo por parte de Morena y sus aliados impidieron
cualquier negociación significativa.
Diversos partidos opositores denunciaron irregularidades, como la falta de verificación del quórum, la celebración de sesiones en sedes alternas sin consulta previa y la coacción a legisladores. Por ejemplo, la sesión se llevó a cabo en la Sala de Armas
de la Magdalena Mixhuca, un cambio de sede que
generó confusión y problemas logísticos.
Además, el uso de listas manuales para registrar
la asistencia de los diputados en lugar del tablero
electrónico permitió que personas no autorizadas
ingresaran al recinto, creando dudas sobre la legalidad del quórum. Todo esto permitió que Morena y sus aliados aprobaran la reforma en medio de un
ambiente de desaseo legislativo.
La reforma judicial, lejos de mejorar el acceso a
la justicia o eliminar la corrupción, parece haber
sido diseñada para satisfacer el deseo de venganza
de López Obrador. Al romper la división de poderes
y subordinar al Poder Judicial, esta reforma atenta contra los derechos de los ciudadanos y pone en riesgo la independencia judicial. Como bien lo
advirtió la ministra presidenta de la SCJN, Norma
Lucía Piña Hernández, esta reforma representa un
retroceso que afectará gravemente a los sectores
más vulnerables de la sociedad.
El desaseo legislativo y las prácticas inmorales
utilizadas para su aprobación no solo ponen en
duda la legitimidad del proceso, sino que también
siembran las semillas de una futura crisis política,
donde la justicia estará permanentemente al servicio del poder político.
