El duro revés jurídico que sufrió la familia Jenkins de Landa, luego de que el Juzgado Tercero de Distrito en Materia de Amparo Civil sobreseyó el amparo 1029/2021, prendió los focos de alarma entre los abogados y voceros del clan, ya que los puso contra pared y en riesgo de que la rectora Cecilia Anaya Berríos incurra en desacato por negarse a aceptar la posesión y administración del campus de la Universidad de las Américas Puebla (Udlap).
La situación es sencilla: el único patronato de la Fundación Udlap legalmente reconocido es el que encabeza Horacio Magaña Martínez, quien tiene bajo su control las cuentas bancarias de la casa de estudios y la administración de la misma institución. En ese sentido, los patronos han reconocido a Cecilia Anaya Berríos como rectora y responsable de recibir el campus.
En otras palabras: la doctora es una empleada más del nuevo patronato.
Dicha situación, además, conlleva un hecho incontrovertible al corte de hoy: Margarita Jenkins de Landa no tiene ninguna personalidad jurídica para encabezar la Fundación Udlap, eso sin contar que sigue en su calidad de prófuga de la justicia, lo mismo que el resto de la familia, al estar denunciada por los delitos de lavado de dinero, delincuencia organizada, fraude y usos de recursos de procedencia ilícita, lo que derivó en órdenes de aprehensión.
Los Jenkins enfrentan un doble problema. Los estatutos de la Fundación Udlap establecen que los patronos serán los mismos que integran la Fundación Mary Street Jenkins, pero en esta última los integrantes siguen prófugos. A lo sumo, existe una suspensión provisional a favor de Juan Carlos Jenkins de Landa para fungir como presidente del patronato de la última institución, pero es simplemente eso: una suspensión provisional, ni siquiera es definitiva.
Ante este panorama, es evidente que los abogados y el vocero de la familia Jenkins, Enrique Rodríguez Martínez, pusieron en marcha una campaña de desinformación en la que plantean cosas absurdas como que el campus de la Udlap debe ser entregado a Margarita Jenkins y ella, a su vez, la entregaría a Cecilia Anaya; o que debe cumplirse una suspensión definitiva que ya quedó sin efecto al sobreseerse el amparo 1029/2021.
Este ardid propagandístico tendría como finalidad continuar con la apuesta de desviar la atención de dos cosas: que los Jenkins de Landa están en la lona y que el verdadero conflicto en la casa de estudios es el desfalco de casi 730 millones de dólares a la Fundación Jenkins, cuyo patrimonio fue enviado a paraísos fiscales.
Ante un conflicto tan complejo como el que se vive en la Udlap, muy difícil de comprender para el ciudadano común, Enrique Rodríguez optó por irse por lo más inmediato. Por ejemplo, utilizó a la revista Proceso para sembrar la idea de que el gobernador Miguel Barbosa Huerta pretendía quedarse con los casi 730 millones de dólares de la Fundación Jenkins, lo cual terminó cayéndose por su propio peso y hasta el semanario tuvo que recular y aclaró que la acción real era que el gobierno del estado pretendía recuperar el dinero a favor de la entidad.
La tan manida versión de que el campus estaba secuestrado por el gobierno del estado también fue otro ejemplo. Al final, el 11 de febrero pasado, Cecilia Anaya confirmó que la negativa para la reactivación de la vida universitaria estaba vinculada a una estrategia que conducía a favorecer exclusivamente a la familia Jenkins.
Así pues, el vocero -que tuvo un oscuro paso por el Canal Judicial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación- pretende continuar desviando la atención e incorpora argumentos falsos para generar una mayor confusión. Ante la contundencia de los fallos jurídicos en contra de la familia, no hay otra opción.
Por ejemplo, si se siembra la narrativa de que la entrega del campus debe hacerse bajo las condiciones que la rectora Cecilia Anaya estableció, les permite salir en cualquier momento a acusar a las autoridades judiciales de incumplir con la correcta entrega del campus y pretenden favorecer al “patronato espurio”.
Como podrá entender, estamos frente a una campaña de salivazos frente a hechos judiciales y queda en claro, una vez más, que el conflicto está orientado para beneficiar a la familia Jenkins a costa de la comunidad universitaria. Ese es el nivel.
¿Es legal lo que realiza el vocero? Sin duda, pero lo que en algún momento deberá enfrentar la familia Jenkins de Landa es dar la cara a la comunidad universitaria y decirles por qué los tomaron como rehenes en un conflicto judicial que ellos mismos provocaron por un vil asunto de codicia.
