Virgilio Salas Rincón no es cualquier abogado. En su currículum puede presumir que es uno de los juristas sobre el que pesan fuertes sospechas de ser uno de los autores intelectuales y materiales del robo más grande a una institución de beneficencia privada en el México reciente.
Este fin de semana, la revista Proceso concedió un generoso espacio para reproducir la versión del abogado que está a salto de mata porque tiene órdenes de aprehensión del fuero común y federal precisamente por su participación en el desfalco de la Fundación Mary Street Jenkins. Los delitos no son menores: El menos grave es fraude, el más complicado delincuencia organizada.
Allí, el abogado intentó minimizar un audio que difundió el exsenador Roberto Gil Zuarth que lo exhibe en su intención − junto con el ministro en retiro José Ramón Cossío Díaz− por solicitar una mediación con el gobierno del estado de Puebla para encontrar una salida al conflicto de la casa de estudios cholulteca. También se dice “perseguido” y hasta acusa al panista por sus faltas éticas en la difusión del audio.
Tras leer con detenimiento el texto no deja de sorprender el humor negro que tizna la edición. Más aún cuando la revista, cuya línea editorial es la investigación sin cortapisas, ni siquiera haya increpado a Salas Rincón por su participación en el concierto de complicidades para desfondar a la institución que recogió el dinero amasado por el empresario William Oscar Jenkins.
De acuerdo con las investigaciones judiciales, Virgilio Salas Rincón es uno de los tres abogados que idearon, cuadraron y operaron todo el entramado jurídico para que la familia Jenkins de Landa pudiera hacerse de los millonarios recursos de la Fundación Jenkins y echar abajo los candados que el patriarca estableció para mantener a salvo los recursos.
Aunque Rincón Salas y el clan Jenkins pretendan vender la historia de que Rafael Moreno Valle Rosas pretendía despojarlos del dinero de la fundación, la única prueba evidente es que, gracias a una modificación a los estatutos aprobada en 2012 por la Junta para el Cuidado de las Instituciones de Beneficencia del Estado de Puebla, se abrió la puerta para que el dinero pudiera salir de la entidad poblana y cambiar de administradores.
La historia no podría estar completa sin la participación de Mario Marín Torres, quien en medio de la crisis política por la detención de la periodista Lydia Cacho Ribeiro, avaló el primer cambio a los estatutos en 40 años de constituida la Fundación Jenkins. Allí se abrió la puerta para que los activos pudieran ser utilizados por los integrantes del patronato, es decir, dejaban de ser intocables.
Fue un movimiento tenue, casi imperceptible, pero muy eficaz para lo que ocurriría una década después. Fue en el gobierno de Moreno Valle, en los años 2012 y 2013 −es decir, en la cúspide de su poderío− cuando se abrió la caja de pandora. La Junta para el Cuidado de las Instituciones de Beneficencia del Estado de Puebla avaló una serie de cambios, como el hecho de que sólo los descendientes directos de Mary Street Jenkins podían formar parte del patronato. Esto llevó a que el número de integrantes se redujeran a siete.
Una cláusula adicional estableció que un miembro del patronato podía ser dado de baja si los restantes seis estaban a favor. Esta fue una reforma hecha a la medida para que los Jenkins de Landa expulsaran al primogénito Guillermo, principal opositor a los cambios que cocinaban para hacerse del patrimonio de la Fundación.
A la par, la familia pudo acceder al capital de la fundación y no sólo a los intereses y productos de dicho capital para su usufructo, como estaba originalmente previsto en el acta constitutiva. Este movimiento fue clave para que los Jenkins de Landa estuvieran en posibilidad de realizar donaciones a otras instituciones.
Para garantizar el pleno uso del dinero, los estatutos establecieron que el capital, además de beneficencia, podía ser destinado a fines comerciales y fideicomisos.
Sin estos movimientos −que rompieron los principales candados fijados por el propio William O. Jenkins, el 25 de octubre de 1958 en la constitución de la fundación− nada de lo que hoy está en disputa tendría razón.
Con este buffet de modificaciones, en 2014, el representante jurídico de la Fundación Jenkins, Virgilio Salas Rincón, cambió a Guadalajara, Jalisco, la sede de histórica institución, lo que también representaba una violación a los designios originales del patriarca y derivó en la ejecución del desfalco.
Mientras la Fundación Jenkins se mudaba a Guadalajara, ese 2014 se creó la Fundación Bienestar de Filantropía, en el estado de Aguascalientes, cuyos patronos son los mismos, es decir, los seis integrantes de la familia Jenkins de Landa, quienes donan todo el patrimonio a la nueva institución.
Entre el patrimonio transferido se encuentra, precisamente, el campus de la Udlap, el Club Alpha 4, el Centro Comercial El Triángulo, entre otros muchos inmuebles.
Los representantes jurídicos de la Fundación Jenkins fueron Virgilio Rincón Salas y Alejandro González Muñoz, mientras que por Bienestar de Filantropía fue Carlos Ramos Hernández.
Con todo el patrimonio en poder de otra fundación, los Jenkins de Landa autorizaron entre el 9 y 15 de diciembre de 2014 su instalación y operación en Barbados, un conocido paraíso fiscal. Allí, Bienestar de Filantropía todavía tenía un interés de beneficencia.
Poco después se comprobó que esa migración fue sólo un paso más de la estrategia jurídica para cumplir con la estafa, ya que en 2015 el representante legal de Bienestar de Filantropía, Carlos Ramos, comenzó las gestiones para migrar a Panamá, otro paraíso fiscal. En su carta de intención, expone que la jurisdicción de Barbados “no ha resultado idónea” para los intereses del patronato, de ahí que solicitan su instalación y obtener el carácter de “fundación de interés privado”.
El 7 de diciembre de 2015, los Jenkins de Landa establecen oficialmente su cambio de sede a Panamá, pero con el nombre de Fundación para el Desarrollo Latinoamericano. En un acto de evidente complicidad, se repite la fórmula utilizada anteriormente, pero con un cambio: Virgilio Rincón Salas, Alejandro González Muñoz y Carlos Ramos Hernández son ahora los nuevos representantes legales y los patronos siguen siendo los mismos.
A pesar de tener todo en la bolsa, aún faltaba por aprobar los nuevos estatutos de la Fundación para el Desarrollo Latinoamericano que consumaría el desfalco. Cuatro meses antes de su fallecimiento, en diciembre de 2016, Guillermo Jenkins Anstead publicó dicho texto y fue firmado por Virgilio Rincón Salas, Alejandro González Muñoz y Carlos Ramos Hernández, en su calidad de consejeros de la fundación.
¿Es Virgilio Rincón un perseguido como lo afirma en el semanario? Sí, pero por la justicia que pretende hacerlo comparecer por el desfalco de 630 millones dólares.
Y eso que todavía falta por explicar los negocios que paralelamente hizo con el exrector Luis Ernesto Derbez Bautista, mientras se fraguaba todo el plan para sacar el patrimonio de la Fundación Jenkins del país.
RECURSOS
Cambio de sede de la FMSJ a Guadalajara
Creación de la Fundación Bienestar de Filantropía
Donación del patrimonio de la FMSJ a Bienestar de Filatropía
En el patrimonio donado se encontraba el campus de la Udlap
Virgilio Rincón Salas y Alejandro González Muñoz eran los representantes de la FMSJ
Entre el 9 y 15 de diciembre de 2014, Bienestar de Filantropía cambia su sede a Barbados
Virgilio Rincón y Carlos Ramos Hernández ahora son los representantes de Bienestar de Filantropía
Se traspasa el patrimonio de Bienestar de Filantropía a Fundación para el Desarrollo Latinoamericano
Los mismos abogados llevan a cabo todos los movimientos bajo la nueva fundación que tiene un “interés privado”
Se publican los Estatutos de Fundación para el Desarrollo Latinoamericano que confirma el desfalco
Los abogados Virgilio Rincón Salas, Alejandro González Muñoz y Carlos Muñoz son consejeros del patronato
