En la dirigencia estatal del PAN, con la evidente instrucción de los empleados Yunque, se instauró la Inquisición para llamar a rendir cuentas a Eduardo Alcántara Montiel por su desempeño como coordinador de la bancada panista en el Congreso del estado.
¿Qué buscan exactamente? Cobrarle cuentas pendientes, aunque destacan dos en particular: El haberse saltado a la dirigencia nacional de su partido y respaldar la llegada de Sergio Salomón Céspedes Peregrina, así como convertirse en el crítico puntual de los errores del Ayuntamiento de Puebla.
En el plano local, la Comisión Permanente del PAN instauró un procedimiento a fin de que comparezca ante sus integrantes pese a que no forma parte de los Estatutos. Su negativa a sentarse en el banquillo de los acusados derivará en que su caso sea turnado a la Comisión de Justicia para que sea sancionado.
La orden de comparecencia lleva el eufemístico argumento de explicar “la situación política dada en el Congreso del Estado de Puebla, respecto de las votaciones y mecanismos de decisión y consenso del Grupo Parlamentario del PAN, debido a la trascendencia de las mismas”, lo que significa entre otras cosas que diga qué ocurrió la noche del 14 diciembre y madrugada del 15 de diciembre de 2022 en que Céspedes Peregrina fue electo como gobernador sustituto.
En contexto, hay que recordar que el dirigente nacional panista Marko Cortés Mendoza pretendió meter mano en la elección y desbarrancar al hoy mandatario estatal. Para eso, primero instruyó a Augusta Valentina Díaz de Rivera Hernández, quien simplemente no pudo con el encargo por una sencilla razón: No tienen ningún liderazgo sobre la bancada.
Ante el fracaso, Cortés Mendoza recurrió a sus aliados del Ayuntamiento de Puebla. Lo que en ese momento no sabía el líder panista es que en el Palacio Municipal había el acuerdo para respaldar al oriundo de Tepeaca -como prueba de que era el bueno y no cometieran un error, solicitaron que Julio Huerta Gómez, principal operador del barbosismo, lo confirmara personalmente-, pero ante la nueva petición tuvieron que hacer de tripas corazón, desconocer el pacto y operar en contra.
Lo que nunca imaginaron es que nadie les tomara la llamada. Fue por eso que el propio Marko Cortés comenzó a operar abiertamente y se encontró con la noche de los celulares apagados, una historia relatada por el director de Hipócrita Lector, Mario Alberto Mejía, y confirmada por el propio secretario de Gobernación federal, Adán Augusto López Hernández.
El enojo se apoderó del líder nacional y para justificar su incapacidad para someter a sus legisladores locales y en dos tuits llenos de ponzoña evidenció todo: “El Comité Ejecutivo Nacional del #PAN no avala la precipitada y vergonzosa componenda de los diputados locales poblanos que entre uno de ellos mismos nombraron al gobernador interino, realizando seguramente acuerdos inconfesables”.
“Aún Barbosa no ha sido sepultado y ya se repartieron el poder, habiendo tenido 30 días para la designación del interino, lo hacen en lo oscurito sin una agenda mínima de compromisos públicos que beneficien no solo a unos cuantos, sino a todas las familias poblanas”, se quejó.
Tras la noche de los celulares apagados, en Palacio Municipal vieron la oportunidad de cobrar todas las cuentas posibles, ya que Alcántara Montiel había acumulado duras críticas a la administración panista, pero sobre todo en contra de dos funcionarios: el monaguillo Jorge Cruz Lepe, secretario de Gobernación municipal y golpeador a sueldo del Yunque; y el soberbio Enrique Guevara Montiel, director de la Unidad de Normatividad y Regulación Comercial.
Es justo en ambos espacios en los que se concentra la zona más oscura de la actividad municipal en cuanto a giros negros, ambulantes y áreas susceptibles de corrupción.
Eduardo Alcántara lo que hizo fue presentar y lograr que se aprobaran iniciativas que pusieron en jaque a ambos funcionarios, ya que de no cumplir con sus obligaciones tendrían que enfrentar procesos penales, situación que los enfureció.
Con la dirigencia nacional en contra y el Palacio Municipal, el legislador local tiene otro frente de guerra: sus aspiraciones a la presidencia municipal capitalina que incluyen a factótums de Morena. Por eso no es extraño que la Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación haya fallado en su contra y lo encontrara responsable de violencia política de género.
Ante el fallo, Alcántara recurrió a la Sala Superior del TEPJF, en donde existe una sorpresiva agilidad del proceso y pretenden resolverlo en menos de 15 días, cuando el promedio de los expedientes para su análisis y discusión tarda meses, sino es que años. ¿Quién está moviendo la mano o quién se beneficia de esta situación?
Lo que es casi un hecho es que la Sala Superior confirmará la sanción contra el diputado local panista y sea inscrito en el Registro Nacional de Personas Sancionadas en Materia de Violencia Política contra las Mujeres en Razón de Género, lo que le imposibilitará participar en la elección de 2024.
Sacarlo de la contienda y cobrar agravios es lo que está detrás de la andanada contra Eduardo Alcántara Montiel, quien, por cierto, cuenta con todo el respaldo de su esposa y familia pese a los procedimientos jurídicos en su contra.
¿Acaso el PAN quiere echar por la borda la posibilidad construir puentes con el epicentro del poder local a contracorriente de lo que caracteriza los nuevos tiempos?
