Después de años de carrera como abogado laboralista, siempre ligado a la izquierda poblana, Abelardo Cuéllar Delgado enfrenta una grave condición jurídica que puede llevarlo a la cárcel y manchó su imagen como litigante independiente.
Cuéllar era una referencia en la férrea defensa por décadas de los viejos militantes del Sindicato Unitario de Trabajadores de la Universidad Autónoma de Puebla (Suntuap) que fueron rescindidos. Fue un impulsor de sindicatos de todas las ramas, entre ellos el magisterio disidente; defensor de reporteros expulsados sin mayor explicación y eje de articulación entre las diferentes corrientes laboralistas-activistas.
Además, se volvió una voz firme ante los miles de despidos ocurridos con el morenovallismo y galismo, lo mismo que de cientos de docentes que simplemente fueron arrollados por la reforma educativa del peñismo.
La mejor estrategia del abogado era el tiempo. Conocedor de primera mano del anquilosado sistema laboral, preparaba a sus representados para que se mentalizaran en una carrera de largo aliento. Con los miembros del Suntuap, por ejemplo, pasaron décadas hasta que lograran fallos a su favor.
En la anomia de la justicia laboral, los expedientes dormían por años el sueño de los justos y los demandantes eran prácticamente obligados a aceptar unos cuantos pesos a, en su caso, perder años de idas y vueltas a los tribunales, en donde eran atendidos por servidores públicos que, en los hechos, se convertían en sus enemigos.
¿Qué pasó para que Abelardo Cuéllar se encuentre ahora en plena desgracia y con un pie en la cárcel?
Jugar como juez y parte en los expedientes laborales que se desahogaban en contra del gobierno del estado, lo que derivó en la obligación de pago de 230 millones de pesos en 104 juicios. Lo más sorprendente es que el 90 por ciento de esos juicios provienen del morenovallismo y galismo, es decir, no han cumplido siquiera una década de ocurridos.
De acuerdo con el análisis de las autoridades estatales, el despacho jurídico del exfuncionario obtuvo una ganancia de 69 millones de pesos por gastos de representación en esos 104 juicios, es decir, el 30 por ciento del monto total.
El problema que ahora tiene sumido en el fango a Cuéllar Delgado es que en esos expediente aparece como representante jurídico su hijo Ramón Abelardo Cuéllar. El abogado pudo haberse hecho a un lado de los juicios, pero el involucramiento de su familiar impidió romper la cadena de tráfico de influencias.
Peor aún: el portal MTP Noticias reveló que entre 2019 y 2020, “cuando ya era funcionario estatal, Abelardo Cuéllar atrajo nuevos casos, pues se le identificó como abogado litigante en los expedientes: D-5/20/2020, D-4/50/2019, D-3/33/2019, D-3/240/2019 y D-3/101/2019”.
En otra palabras: Cuéllar continuaba en su papel de abogado en contra del gobierno del estado a pesar de ser integrante del gabinete.
Al enterarse del fallo en contra del gobierno del estado, Miguel Barbosa Huerta ordenó una profunda investigación en la Secretaría del Trabajo estatal y los hallazgos provocaron un nuevo escándalo: corrupción, corrupción y corrupción fue lo que se halló en las diferentes áreas.
La evidencia encontrada llevó a la Secretaría de la Función Pública estatal a iniciar un procedimiento administrativo de responsabilidad, asentado bajo el expediente DAQD-198/2021, el cual fue encuadrado en el artículo 128 de la Ley General de Responsabilidad Administrativas.
Ese artículo asienta que se pueden tomar medidas cautelares con la finalidad de “impedir daños a la Hacienda Pública Federal o de las entidades federativas, municipios o alcaldías, o bien, al patrimonio de los entes públicos sólo se suspenderán cuando el presunto responsable otorgue garantía suficiente de la reparación del daño y los perjuicios ocasionado”.
El periodista Fernando Maldonado fue el responsable de confirmar que la Primera Sala Unitaria del Tribunal de Justicia Administrativa inhabilitó por un año a Cuéllar Delgado para desempeñar cargos o comisiones en el servicio público, según la resolución del expediente 42/2021-PRA-1-3 de marzo de 2022.
Pero eso solo fue el primer paso.
Una segunda instrucción fue para Gabriel Biestro Medinilla a fin de que limpiara a fondo la corrupción existente en la Secretaría del Trabajo. El funcionario halló una trama que involucraba a abogados de oficio y servidores públicos en diferentes áreas. Ante tal circunstancia, todos los involucrados fueron dados de baja de inmediato.
Pero, el gobierno del estado todavía no daba solución al problema de fondo: ¿Qué hacer ante el alud de mil 444 expedientes laborales en proceso contra el gobierno del estado?
Con un aparato de gobierno corrupto y desmontado, la gestión estatal optó por separar los expedientes de acuerdo con su condición jurídica: 1) aquellos en lo que no hay nada por hacer y deben pagarse la indeminización; 2) los que pueden ser controvertidos ante las autoridades, ya sea para alcanzar una nueva negociación o tener la oportunidad de reducir los montos exagerados de indemnización; y 3) los juicios en los que la administración litigará a fondo para evitar nuevos golpes a las arcas públicas.
Ante el nivel de descomposición y mientras se lleva a cabo el plan de refundación del sistema laboral, la gestión estatal hará uso de despachos laboralistas que sean auténticos defensores del patrimonio estatal y no juez y parte en los juicios.
Al tener claridad de que la gestión barbosista no perdonará este doble juego que tuvo como funcionario estatal, Abelardo Cuéllar comenzó con una estrategia política: victimizarse, denunciar una persecución política y ser arropado de sus incondicionales, la mayoría organizaciones marginales de izquierda: el Suntuap, la Unión Popular de Vendedores Ambulantes “28 de Octubre”, el Consejo Democrático Magisterial de Puebla, la Asamblea Social del Agua, entre otros.
El objetivo de la estrategia política es desviar la atención del tráfico de influencias presuntamente cometido por Cuéllar Delgado.
Esa es una acción característica de esos grupos marginales a los que el abogado siempre defendió y auspició.
Lo único con lo que Cuéllar y sus aplaudidores no han tomado en cuenta es que están frente a un gobernador que ha dejado claro que no hay perdón ni olvido ante la corrupción.
