Hace unos días, la presidenta de la Comisión Inspectora de la Auditoría Superior del Estado, Olga Lucía Romero Garci-Crespo, reveló un tema que pasó casi desapercibido para los medios de comunicación y el círculo rojo: la dilación que hubo para que el pleno del Congreso local, entonces la LX legislatura, aprobara el inicio de procedimientos sancionadores en contra de 35 alcaldes que incurrieron en presuntos desvíos de recursos en sus ejercicios fiscales de 2016.
Si bien el monto de la defraudación asciende a un poco más de 62 millones de pesos, una cifra pírrica en comparación a otros procesos abiertos contra los exmunícipes, lo importante es que entre los sujetos involucrados se encuentran el cholulteca José Juan Espinosa Torres, la exalcaldesa de Tehuacán, Ernestina Fernández Méndez; el expresidente municipal huachicolero Pablo Morales Ugalde, así como exalcalde de San Martín Texmelucan Rafael Núñez Ramírez.
Los procedimientos simplemente fueron enviados a la congeladora y ahora existe el riesgo de que los involucrados puedan salvarse de una sanción ya que los tiempos legales se redujeron al máximo, mientras que otros en casos el periodo para proceder habría fenecido.
Aunque el asunto pretendió achacársele al auditor Francisco Romero Serrano, el asunto no va por esa vía. Por el contrario, la estela de sospecha sigue flotando sin saber quién o quiénes son los responsables.
El asunto se remonta al 11 de julio de 2019, cuando el entonces encargado de despacho de la ASE, Alberto Segovia (quien llegó luego de que David Villanueva Lomelí fuera designado Unidad de Evaluación y Control (UEC) de la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación), propuso el inicio de 37 procesos administrativos en contra del mismo número de autoridades.
La propuesta fue abordada y aprobada por la Comisión Inspectora el 6 de septiembre de 2019, es decir, dos meses después de recibirla. Así pues, los miembros de ese órgano legislativo remitieron al pleno del Congreso del estado sólo 35 procesos administrativos (solo quedaron fuera Atlequizayán y Chignahuapan) para que fueran votados.
Pero extrañamente la iniciativa fue enviada la congeladora. Nadie movió un dedo para proceder contra los responsables.
Fue el pasado 15 de diciembre cuando el pleno del Congreso del estado por fin voto por el inicio de los procesos de responsabilidad, pero con el riesgo de que queden a la deriva porque el tiempo para establecer sanciones está próximo a concluir.
El asunto es tan grave que, por ejemplo, en el caso de José Juan Espinosa, a quien se le encontró un posible quebranto de un poco más de un millón de pesos, el Congreso tuvo dos años para proceder en su contra, ya que la resolución estaba lista de 2019.
¿Quiénes fueron los responsables de que los procesos quedaran olvidado y arrumbados? ¿Fue una decisión unipersonal o hubo un concierto de diputados que avalaron enviarlos a la congeladora? ¿Quién ganaba y quién perdía con esa medida?
Las dudas son más que las certezas
¡Ay, Claudia!
Claudia Rivera Vivanco reapareció en la escena pública de la mano de su compañero de denuncia penal Andrés García Viveros, actualmente procesado por hostigamiento sexual en contra de la exasistente personal de la morenista.
Pero dicha reaparición no pudo ser más vergonzosa. De entrada, al más fiel estilo marinista, la exmunícipe se rodeó de familiares, exempleados y amigos, quienes la ungieron (no se ría) como su líder moral.
El problema es que la morenista y su equipo confirmaron que el timing en lo que menos saben manejar. ¿Cómo impulsar una reaparición a unos días de que el Coneval diera a conocer que Rivera Vivanco heredó un municipio ubicado como el cuarto con más pobres en todo el país?
No cabe duda: hay quienes nunca aprenderán a tener oficio político.
