Sabedor de que su posición política es desafortunada luego de ser exhibido en su cortedad de miras y ausencia de oficio político, Eduardo Rivera Pérez intenta hacer todo lo posible para estar en la gracia del inquilino de Casa Aguayo.
Para conseguirlo, el munícipe capitalino optó por doblar la rodilla y hacer el trabajo sucio en contra de los antibarbosistas que han utilizado el cobro del Derecho de Alumbrado Público para lucrar políticamente, azuzar a las poblaciones a una revuelta contra sus gobiernos municipales y desinformar a cuanto incauto se les atraviese.
Es ahí donde tiene su origen la decisión del Ayuntamiento de Puebla de presentar una controversia constitucional para que la Suprema Corte de Justicia de la Nación avale el cobro del DAP y con eso deje constancia definitiva de la legalidad de la recaudación, lo cual quitaría una bandera a los activistas de la Sierra Negra.
El siempre bien informado Ricardo Morales Sánchez confirmó lo que en este espacio le dimos a conocer: Que la Comuna analiza una acción de inconstitucionalidad, pero aclara que eso no representa una confrontación con el Congreso del estado ni con el gobernador Miguel Barbosa Huerta.
Reproduzco textualmente varios párrafos que engloban el quid de la columna Las Serpientes, publicada en efekto10.com:
“Lejos de buscar ser una afrenta contra el Congreso o el gobernador Barbosa, permitiría aclarar la constitucionalidad del DAP, dando por terminados los argumentos que utilizan grupos antagónicos del gobierno para reventar municipios en la Sierra Negra.
“Un ejemplo de ello, es la diputada de Morena Inés Parra, que por simples intereses políticos se ha valido de mentiras y de desinformación para que los ayuntamientos se amparen contra el DAP, condenándolos al atraso, derivado de la falta de recursos.
“Por ello, ante el escenario de una controversia, esto ayudaría que aquellos incitadores – que el gobierno estatal ha señalado- solo buscan desestabilizar el orden de los municipios, ya que la intención de promover amparos contra el DAP, quedarían nulificados con una resolución favorable para el ayuntamiento de Puebla.
“Además, en caso de una resolución favorable, el gobierno capitalino contribuiría a que los ayuntamientos mantengan un trato igualitario en referencia a este derecho.
“Más allá de quienes quieran ver un enfrentamiento con el Congreso o el Gobierno del Estado, situación que no existe, se alcanza a ver un esquema que permitiría evidenciar aquellos que por pura politiquería generan desorden en los municipios”.
Le puedo confirmar que, en efecto, Eduardo Rivera pretende utilizar la controversia a su favor y busca una carambola de tres bandas: recuperar el terreno político perdido, congraciarse con el poder Ejecutivo local y hacerse de 140 millones de pesos.
Lo que las autoridades municipales no quieren reconocer es que se trata de una medida desesperada que dejará más encono y está en duda su desenlace debido a que no existe certeza de la ruta y concepto jurídico que deben utilizarse.
La primera aduana es el Congreso local, en donde Rivera Pérez no es bien querido y hasta sus aliados priistas no tienen certeza de que puedan ayudarlo con la actitud que asume. Su actuación en el proceso de aprobación del DAP dejó a todos enojados por su falta de asepsia política.
A eso súmele que la bancada panista se convirtió en la caja de resonancia de los conflictos internos del PAN. ¿Cómo estarán las cosas que hasta el impresentable de Rafael Micalco Méndez recibió un portazo en la cara, luego de que pidió recursos y la coordinación para conseguir los votos que respaldaran la iniciativa de la Comuna?
Si así es con los de casa, las fuerzas políticas de enfrente están que trinan contra la pusilánime actuación del edil y sus subordinados. ¿Ah poco usted cree que en el Congreso del estado estarán muy contentos porque la Corte les corrija la plana?
La nueva idea de Rivera Pérez es buena, eso hay que reconocerlo, pero es una estrategia correcta en manos de otro político. A la fecha, Eduardo Rivera ha demostrado su incapacidad para hacer bien las cosas.
Bajo el riesgo de sonar monótono, permítame recordarle que el yunquista fue el que sembró la discusión del DAP, pidió el apoyo en el Congreso local y lo tuvo. La medida era una buena opción para ayudar a las alicaídas arcas de los municipios poblanos.
Sin embargo, el panista cometió dos errores graves: poner a trabajar a todos a su favor sin que él moviera un dedo ni quisiera asumir parte del costo político; y mandar el mensaje equivocado al político poblano más poderoso.
Todo se fue al traste y Eduardo Rivera recibió un auténtico mazazo que desconcertó a más de uno y permitió ver tres cosas adicionales: 1) Nunca ha sido el candidato de Casa Aguayo; 2) es mentira que goce de una condición de privilegio en la 4T y, sobre todo, 3) que si bien es alcalde de la capital no deja de ser uno más entre los 217 presidentes municipales.
Ahora, Eduardo Rivera pretende regresar por sus fueros tras la debacle y ofrece una oportunidad para robarle discurso a los antibarbosistas. Nada mal para quien ha demostrado su incapacidad. El asunto radica en que el munícipe logre construir una narrativa inteligente y que ayude a todos a limar asperezas. Pero eso representa un grave dificultad para un político acostumbrado al autoritarismo.
El asunto no queda ahí y todo parece muy idílico para ser cierto, por lo que no puede descartarse la posibilidad de que el dinero sea el punto relevante de la acción.
La Organización Nacional del Yunque, sus dirigentes y empleados (entre ellos Eduardo Rivera) tiene como premisa básica el negocio con el poder y el poder para hacer negocios. Si Ramón Plata fuera el ideólogo de cabecera del riverismo podríamos entender que detrás existiría un origen ideológico que lo sustente. Pero no es así. Detrás del alcalde existe un conglomerado de Santos Barones que han hecho de la rapacidad y obsesión por el dinero su principal objetivo de vida.
El mismo Eduardo Rivera es el mejor ejemplo. Ante Rafael Moreno Valle sus principios de derecha quedaron tan desdibujados que terminó por aceptar la candidatura de sus antiguos persecutores.
Es por eso que no deja de sorprender que Lalito El Yunquista se aferre a 140 millones de pesos que le han representado un costo político altísimo.
¿En verdad no existe otra forma de recomponer su relación con el gobernador de Puebla que no sea desarticular, vía de la Corte, la inconstitucionalidad del DAP y, de paso, recuperar 140 millones de pesos? ¿Quién o quiénes están interesados en que el negocio que representa la concesión del servicio de alumbrado vaya a buen puerto y no haya ningún riesgo de faltantes? ¿No hay capacidad para reorientar recursos del presupuesto para suplir los 140 millones que dejaría de percibir tras la negativa del Congreso local? ¿En verdad la mejor vía es echarse encima a los antibarbosista que están ávidos de cualquier pretexto para despedazar al alcalde?
Bien lo dice mi estimado Zeus Munive, periodista de mil batallas, cuando algo no suena lógico, suena a metálico.
