Pese a su intención por sembrar un burdo montaje contra el gobernador Miguel Barbosa Huerta, la familia Jenkins de Landa terminó en el ridículo absoluto luego de que el exsenador Roberto Gil Zuarth difundió un audio en el programa radiofónico de Ciro Gómez Leyva en Radio Fórmula que tiró por la borda cualquier señalamiento.
El chiste se cuenta solo: Los Jenkins de Landa denunciaron desde agosto de 2021 que Gil Zuarth fue el responsable de fraguar la estrategia de “persecución política” en su contra, pero hace apenas un par de semanas fue convocado por el abogado Virgilio Rincón Salas, quien al igual que la familia tiene orden de aprehensión por los delitos de lavado dinero, desfalco, delincuencias organizada, fraude, entre otros.
El motivo de la reunión, revela el audio del exsenador, era pedirle que fungiera como interlocutor para que el conflicto en la Universidad de las Américas Puebla (Udlap) se solucionara.
En otras palabras: los perseguidos recurrieron a su perseguidor para que los ayude de salir de su condición de perseguidos. De risa local.
Sin embargo, un dato clave dado a conocer por Roberto Gil fue la presencia del exministro José Ramón Cossío Díaz en dicho encuentro, lo que dejó al descubierto su intervención en la defensa de quienes están acusado de desfalcar a la Fundación Mary Street Jenkins por 720 millones de dólares.
Hace un año, el ministro en retiro protagonizó un duro enfrentamiento con el presidente Andrés Manuel López Obrador, quien le achacó estar detrás de los opositores a las principales obras de su gobierno, así como asesorar jurídicamente a aquellos que se oponen a las reformas que pretende impulsar, sobre todo, la de la Industria Eléctrica.
Desde Palacio Nacional, el líder de la 4T señaló que Cossío Díaz forma parte de un entramado más grande en el que están involucrados el empresario Claudio X. González, la organización Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad y sectores de la derecha mexicana enquistados en las cámaras empresariales.
Fue el periodista Alberto Aguirre, el encargado de dar luces sobre la embestida López Obrador. En su columna publicada en El Economista, el pasado 15 de marzo de 2021, escribió:
“Más que las investigaciones periodísticas que han desvelado actos irregulares en el BanBien, en la CFE o en Segalmex, en Palacio Nacional hubo una creciente molestia con Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad por la incesante actividad de su oficina de litigio estratégico.
“Ese es el despacho jurídico denunciado en la conferencia mañanera, mismo que tendría entre sus principales promotores al ministro en retiro José Ramón Cossío Díaz. Sus promociones judiciales contra las megaobras de la Cuarta Transformación son las causantes de la molestia, extensiva a los jueces y magistrados que concedieron las medidas cautelares que buscaban frenar la construcción del Tren Maya, la refinería Dos Bocas y el nuevo aeropuerto internacional en Santa Lucía.
“Tales suspicacias están fundadas en una revisión del directorio del MCCI. Cossío Díaz ingresó al Consejo Consultivo de esa OSC en el 2019. En noviembre del año anterior había entregado la toga en la SCJN y validó la decisión de la organización encabezada por María Amparo Casar de emprender una cruzada en defensa del Estado de Derecho, amenazado por una pérdida de libertades, en una peor distribución de la riqueza, en mayor desigualdad y en la indefensión jurídica.
“Desde entonces, criticó AMLO, el exministro se asumió como ‘paladín de las libertades y de la justicia’, como antes hicieron Claudio X. González y Gustavo de Hoyos, y forma parte de un agrupamiento ‘conservador y reaccionario’ que intenta frenar a la 4T”.
En Puebla, Cossío Díaz tampoco es desconocido. La Universidad Iberoamericana cuenta con una cátedra que lleva el nombre del exministro.
Pero, el vínculo de José Ramón con la familia Jenkins de Landa también coincide con el asesoramiento que Enrique Rodríguez Martínez ofrece al clan en materia de comunicación.
Cossío Díaz fue ministro entre 2003 y 2018, mientras que Rodríguez se desempeñó como director del Canal Judicial, la televisora oficial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, entre 2007 y 2015, por lo que ambos se conocieron y trabajaron juntos hasta que el segundo fue echado de la Corte tras ser investigado por “acusaciones de acoso laboral y sexual, y el presunto encubrimiento de integrantes de su equipo, quienes fueron acusados incluso de consumir cocaína y bebidas alcohólicas en las instalaciones”.
El paso del exreportero de Televisa por la SCJN fue desgranado por el periodista Álvaro Ramírez en su columna Piso 17, del 14 de julio de 2021, describió al personaje:
“Enrique se convirtió, el 16 de agosto de 2007, en el director del Canal Judicial, en sustitución de Sergio Uzueta, el exconductor de Canal 11, quien fue designado director de Notimex.
“Fueron tiempos de jauja para Enrique y sus amigos, muchos colaboradores suyos en el Canal Judicial.
“Luego, en declaraciones formales de un proceso de investigación interno en la SCJN, se sabría que fue un director ‘prepotente’, ‘abusivo’ y ‘acosador’, lo mismo en lo sexual que en lo laboral.
“Aunque fue destituido en 2015, luego se le exoneró de culpas, causando gran indignación en el gremio periodístico y de la SCJN, como quedó asentado en textos de plumas prestigiadas como las del maestro Humberto Musacchio y del periodista Jesús Aranda.
“‘Indignación por fallo de la SCJN que exonera a ex director del Canal Judicial’, es la cabeza de una nota de La Jornada, del miércoles 21 de febrero de 2018, que bajo la firma del reportero Gustavo Castillo García dice:
“‘Indignación e incredulidad dejó entre los más de 20 trabajadores y extrabajadores que denunciaron haber sido víctimas de acoso sexual y laboral la resolución del pleno de la SCJN, que exoneró por nueve votos contra dos a Enrique Rodríguez Martínez, ex director del Canal Judicial.
“‘El lunes, en sesión privada y sin tomar en cuenta la responsabilidad de haber realizado o tolerado actos de acoso sexual y laboral, la SCJN avaló la propuesta presentada por el ministro Arturo Zaldívar Lelo de Larrea.
“‘Empleados y exempleados entrevistados tras darse a conocer la resolución señalaron que ‘esto abre la puerta para que en el máximo tribunal del país se cometan actos que violentan la dignidad de las mujeres y los victimarios no sean sancionados’”.
Los lazos que unen al ministro en retiro y al exreportero son más que evidentes. ¿Coincidencia? En política eso no existe.
