Muchas sospechas quedan una vez que se concretó la filtración del acta de verificación sanitaria realizada por la Dirección de Protección de Riesgos Sanitarios (Dpris) de la Secretaría de Salud estatal (Ssa), a raíz de la intoxicación de decenas de jóvenes que participaron en la fiesta “Halloween 2022”, organizada por Cabritos Social Group, en el salón Country de San Manuel, el pasado 4 de noviembre.
De entrada, queda la percepción de que el documento filtrado pretende lavarle la cara al Ayuntamiento de Puebla y fortalecer la narrativa del alcalde de Puebla, Eduardo Rivera Pérez, de culpar a sanidad estatal por no hacer nada ante la intoxicación por consumo de bebidas alcohólicas adulteradas, cuando todo demuestra que el Ayuntamiento panista incurrió en una grave omisión y presunto quebranto financiero al negarse a investigar a profundidad lo ocurrido.
Hay videos, denuncias en redes, lo mismo que información que confirma que hubo boletajey venta de bebidas etílicas durante el festejo, pero tanto la Dpris como el Ayuntamiento de Puebla decidieron creer una sola versión: La del dueño del salón Country de San Manuel que está en calidad de presunto implicado en lo ocurrido y, de acuerdo con el Código Fiscal, es responsable solidario de todo lo que ocurre en su establecimiento.
El propietario del local dijo lo que quiso y nadie puso en tela de duda las palabras.
El mismo documento filtrado de la Dpris (Acta de Verificación Sanitaria No. 22-PL-2100- 10432-HV) fue levantado dos días después de efectuarse el evento, es decir, poco había por confirmar y había la necesidad de profundizar con las investigaciones. En el sitio, los servidores públicos encontraron botellas vacías de alcohol y recogieron exclusivamente la versión del propietario.
¿Qué declaró? Que “el encargado del salón” −sin que se especifique quién era− estuvo todo el tiempo presente durante el evento; que a la fiesta asistieron unos 3 mil jóvenes y se realizó de las 20 horas a las 2 horas; que sí hubo cover y consumo de bebidas alcohólicas, pero matizó el hecho al responsabilizar a los organizadores de permitir que los jóvenes ingresaran las botellas de alcohol, que no hubo barra ni venta de bebidas y a todos se les pidió su credencial de elector.
Los funcionarios de la Dpris dieron por hecho todo lo que les dijeron, cerraron el acta de inspección y entregaron una copia al propietario del establecimiento. Por sí mismo, ese documento no es un dictamen ni tiene mayor fundamento para exonerar la inacción del Ayuntamiento de Puebla.
Un punto salta de manera sospechosa: El propietario reconoce que, al ser enterado de la presencia de jóvenes intoxicados afuera del recinto, se pidió la intervención de dos ambulancias, pero no había tal gravedad para que fueran ingresados a un nosocomio, por lo que los propios padres de familia los trasladaron.
Curiosamente, horas antes de que se filtrara el documento, el alcalde Eduardo Rivera Pérez lanzó su narrativa sobre los hechos: No hay una denuncia formal ante ninguna instancia, por lo que todo es un supuesto, pero si hubo intoxicación por alcohol adulterado es responsabilidad de la Ssa estatal investigar esa situación lo que no se ha hecho hasta ahora.
En otras palabras, es culpa del gobierno del estado no castigar a los responsables.
Y para fortalecer esa versión, por la tarde noche, aparece el documento de la Dpris.
Sin embargo, el documento ofrece puntos clave que solo agravan la situación del Ayuntamiento de Puebla. El propietario reconoce el ingreso y consumo de alcohol en el evento, así como también la presencia de jóvenes tirados afuera del salón social con intoxicación etílica. Estos datos son, por sí mismos, elementos clave para que la Dirección de Normatividad y Regulación Comercial, encabezada por Enrique Guevara Montiel, uno de los hombres más cercanos de Eduardo Rivera, iniciara una investigación al respecto.
Más aún: El mismo día del evento, al momento en que todo el escándalo se desarrollaba, el Ayuntamiento fue informado en sus propias redes sociales que había desmanes y quejas de los vecinos. ¿Por qué no acudieron en ese momento y se presentaron un día después para simplemente recopilar la versión del dueño del establecimiento y dar por hecho que todo lo que les dijo era verdad?
El documento, por si fuera poco, también recoge la confirmación que sí hubo boletaje, es decir, se cobró el acceso al evento. Ese solo elemento obliga a la Comuna a proceder contra el propietario del establecimiento y los organizadores. No se cobró el impuesto y eso se traduce como daño patrimonial.
El Código Fiscal y Presupuestario y el Código Reglamentario Municipal asientan con claridad hasta donde llegan los alcances de la autoridad municipal y hasta dónde llegan las responsabilidades de los involucrados en la organización y renta del sitio donde se llevó a cabo el evento.
Lalo Rivera pretende salir por peteneras de este nuevo escándalo, pero en su propio partido hay quienes no están dispuestos a participar en un encubrimiento. Hoy, el coordinador de la bancada del PAN en el Congreso del estado, Eduardo Alcántara Montiel, presentará un punto de acuerdo que incluye −aparte de un desglose jurídico sobre las presuntas irregularidades cometidas por Guevara Montiel− cuatro preguntas básicas:
“Existen indicios de que se les realizó un cobro a los asistentes al evento: ¿Los organizadores contaban con los permisos correspondientes del Ayuntamiento de Puebla para llevarlo a cabo?
“Toda vez que ha quedado demostrado en videos de las redes sociales que existió ingesta de alcohol: ¿Los organizadores contaban con el permiso municipal respectivo para venta de alcohol en este evento al interior del salón?
“¿Los organizadores del evento y el propietario del salón social verificaron que los jóvenes contarán con la mayoría de edad para venderles alcohol?
“Ante la publicación de Cinco Radio en la cual señalaba la realización de este evento masivo por reporte de los vecinos, y toda vez que se señaló a las autoridades municipales de la Secretaría de Seguridad Ciudadana y de Protección Civil del Municipio: ¿La autoridad municipal realizó visita o inspección para constatar que acontecía en el salón social? ¿El Ayuntamiento se apersonó para realizar visita de inspección con el fin de constatar que se contaban con todas las autorizaciones respectivas?”.
Mientras no haya respuesta a esas preguntas, las autoridades municipales tendrán que aceptar que pesa sobre ellos la sombra de la sospecha, negligencia y corrupción.
Y eso no lo borrará ninguna cobarde narrativa.
