En el último mes, la revista Proceso ha servido como la correa de transmisión para la estrategia narrativa de la familia Jenkins de Landa.
La primera publicación que se hizo sobre el conflicto al interior de la Fundación Mary Street Jenkins aseguraba que el gobernador Miguel Barbosa Huerta pretendía quedarse con los casi 730 millones de dólares que están en paraísos fiscales.
El problema fue que el texto utilizado, que hacía referencia a un análisis jurídico realizado por el exsenador Roberto Gil Zuarth, estaba plagado de imprecisiones y no decía lo que juraban que el mandatario pretendía hacer.
Pese a la cantidad de desatinos, en redes sociales se vendió la idea de que Barbosa Huerta quería quedarse con el dinero. El tema fue alentado por las granjas de bots de los voceros de los Jenkins de Landa y varios reporteros despistados que traen pleito con el gobierno del estado.
El indicio de la elucubración se confirmó cuando la dirigencia estatal del PAN, encabezada por Augusta Valentía Sánchez y un sujeto que dice llamarse Marcos Castro, emitieron un comunicado en el que exigieron al gobierno del estado una explicación por su involucramiento en el tema. El resto de los borregos de la ultraderecha poblana se montó en ese tema.
La decisión de sembrar el tema, además, coincidió con la comparecencia esa misma semana del secretario de Educación Pública estatal, Melitón Lozano Pérez, ante el Congreso del estado, en la que los alfiles de la ultraderecha poblana, Mónica Rodríguez Della Vecchia y el impresentable de Rafael Micalco Méndez montaron un show en la tribuna e incluso intentaron sembrar el tema en diferentes sesiones.
Al final, el resultado de la estrategia fue un fracaso rotundo y, por el contrario, se confirmó que los Jenkins tenían las manos metidas hasta el fondo, a través de sus asesores.
La información del semanario fue también la punta de lanza de lo que pretendía ser una escalada: el Congreso del estado, partidos políticos, legisladores y movilizaciones de supuestos estudiantes y padres de familia para exigir la reapertura del campus.
Lo que no contaban era que el nuevo patronato de las fundaciones Jenkins y Udlap, a través de sus representantes legales, y el Juez de Control Centro del Estado de Puebla, exhortaron a la rectora Cecilia Anaya Berríos a que recibiera las instalaciones. Fue ahí, entonces, que la narrativa cambió y se inició la denuncia de que se estaban incumpliendo resoluciones judiciales federales.
Este fin de semana, Proceso sirvió nuevamente como correa de transmisión al intentar sembrar una nueva narrativa: la del conflicto social. Resulta que “padres de familia, estudiantes y habitantes de Cholula han interpuesto una demanda colectiva por los daños económicos causados por esta toma de la Udlap, en la que ubican como responsable al gobierno de Miguel Barbosa Huerta”, asentó el semanario.
Más adelante, la nota agrega: “Como parte de la demanda colectiva, en el juicio se ha solicitado que la Judicatura federal nombre un depositario que mantenga a la Udlap libre del conflicto legal que enfrenta” la Fundación Mary Street Jenkins.
Con la publicación en circulación, los supuestos padres de familia que respaldan la denuncia colectiva comenzaron a difundirlo en redes sociales, en una evidente campaña de golpeteo hacia la autoridad estatal.
Pero, la redactora Gabriela Hernández ocultó o dejó de lado información importante que ella misma publicó desde noviembre de 2021: 1) que la acción colectiva, iniciada en el Juzgado Séptimo de Distrito en Materia de Amparo Civil, bajo el expediente 142/2021, no es nueva sino un recurso presentado desde el año pasado; 2) que detrás de la acción se encontraban sólo 35 padres de familia y no se hace mención a ningún propietario de negocio de Cholula afectado por el cierre o pobladores de la región.
Lo que tampoco incluyó en su material, porque no lo sabía o sus fuentes no le dijeron, es que los inconformes son en realidad “beneficiarios” de la Fundación Udlap; que la acción colectiva es una defensa hacia la familia Jenkins de Landa y que los denunciantes buscan que el gobierno del estado les pague los daños y perjuicios por el cierre de la institución, lo que se traduce en 200 millones de pesos mensuales.
Si tomamos en cuenta que la intervención del campus ocurrió los últimos días de junio de 2021 a la fecha, los “padres de familia” y los “beneficiarios” de la Fudlap demandan el pago de mil 600 millones de pesos, lo que representa una locura.
La otra historia que también se ocultó en esta trama es que el Juzgado Tercero de Distrito en Materia de Amparo Civil, rechazó reconocerlos como terceros perjudicados o terceros interesados en el juicio que iniciaron los abogados de la familia Jenkins de Landa (1029/2021) contra la decisión de la Junta para el Cuidado de las Instituciones de Asistencia Privada del Estado de Puebla, de designar a un nuevo patronato en las fundaciones Jenkins y Udlap, así como la intervención del campus.
El golpe que recibieron los supuestos padres de familia no es menor, ya que ese mismo juzgado fue el que otorgó una suspensión definitiva para que Margarita Jenkins de Landa o sus representantes legales sigan al frente de la Fundación Udlap y el campus se entregue a la rectora Cecilia Anaya Berríos.
En su intentó por hacer creer que había una hecatombe, gracias al texto de Proceso, difundieron en su cuenta de Twitter, @PadresUdlap, el texto de queja presentado por la decisión del Juzgado Tercero de Distrito de rechazarlos como terceros perjudicados, bajo el título: “Esta en manos del JUZGADO 3o de distrito de amparo civil, TOMÁS ZURITA GARCÍA, entregar la @udlap ya!!!”.
De no ser porque en realidad está siendo litigado en los juzgados federales, la historia sería una mala broma. En el escrito presentado ante el Juzgado Tercero de Distrito, el abogado David Granados Cervantes, del despacho Granados y Granados, abogados y consultores de negocios, se ostenta como “representante común de la colectividad beneficiarios de la Fundación Universidad de las Américas, institución de beneficencia privada”, así como lee, no son padres de familia, ni dueños de negocios o pobladores, son “beneficiarios” de la fundación.
En ese mismo documento, el abogado reconoce que, bajo el supuesto de que la demora en el cumplimiento de la suspensión definitiva afecta a sus representados, ayudó en su trabajo a los abogados de la familia Jenkins de Landa a investigar por qué no se había cumplido con el mandato. Incluso, demandó al juez federal que “se haga la entrega formal del campus al apoderado de la quejosa (la Fudlap)… Félix Edmundo Bautista Salazar y/o la rectora de la institución educativa doctora Cecilia Anaya Berríos y/o a la colectividad aquí promovente”.
Un dato de contexto: Félix Edmundo Bautista Salazar fue el abogado defensor de la familia Jenkins de Landa en la investigación de la extinta Procuraduría General de la República, que derivó en el No Ejercicio de la Acción Penal pero, como después se descubrió, el responsable de presentar la denuncia, Guillermo Jenkins de Landa, nunca fue notificado y, por el contrario, se simuló una entrega del documento en la oficinas de la Fundación Jenkins y quien lo recibió fue precisamente el también representante de Margarita Jenkins de Landa en la Fudlap. De risa loca.
Un dato interesante: en su resolución, el Juez Tercero rechaza que “la colectividad” sea tercera perjudicada por varias razones.
“Al contrastar las pretensiones de los promoventes de la acción colectiva con aquellas que persigue la parte quejosa (los Jenkins, a través de Fudlap) en este juicio, se observa que, si bien, no son las mismas, aquéllas no son contrarias a éstas, pues tienen objetivos afines como lo es la impugnación de las acciones tomadas por Junta para el Cuidado de las Instituciones de Asistencia Preventiva del Estado de Puebla; entre ellas, la designación de un nuevo patronato de la Fundación Universidad de las Américas Puebla y/o Fundación*****, precedida por **** y sus consecuencias.
“En ese sentido, es preciso señalar que tener un interés contrario al del quejoso, implica ubicarse en una posición procesal diametralmente opuesta, como la guardada en una relación jurídica entre el actor y el demandado que se disputan el reconocimiento en su favor del derecho discutido”.
Más claro ni el agua.
¿Qué viene ahora? Los indicios podemos encontrarlos en el mismo documento que entregó David Granados Cervantes al juez Tercero: el alarmismo bajo el silogismo: Los Jenkins son los patronos y deben tener la administración de la universidad; hay indicios de persecución contra estudiantes, ergo, si los Jenkins no siguen al frente de la universidad habrá violencia.
El escrito es revelador (cita textual): “Es penoso para el suscito poner a su Señoría en esta encrucijada jurídica y moral, empero visto la URGENCIA DE JUSTICIA demostrada por la COLECTIVIDAD, padres de familia, habitantes de Cholula, Puebla y demás personas que APOYAN la presente causa, sabiendo que nos asiste la RAZÓN y el DERECHO; atentamente solicitamos a su Señoría HAGA LA ENTREGA FORMAL DEL CAMPUS al apoderado de la QUEJOSA en el presente juicio de garantías, por conducto de su apoderado FÉLIX EDMUNDO BAUTISTA SALAZAR y/o la Rectora de la institución educativa, Doctora Cecilia Anaya Berríos y/o la COLECTIVIDAD aquí promovente por conducto de su REPRESENTANTE COMÚN, Licenciado DAVID JESAI GRANADO CERVANTES; antes de que ocurra un incidente lamentable o CORRA LA SANGRE”.
El documento continúa: “Su Señoría NO PUEDE ESPERAR, NI TENER EN SU CONCIENCIA, ver en los titulares nacionales o locales que un ALUMNO DE LA UDLAP fue herido, MUERTO, o reprimido por la AUTORIDAD, que se empecina en su SECUESTRO INFRUCTUOSO”.
Como se ve, si las autoridades no cumplen caprichos, entonces, siempre queda el recurso de la violencia.
Entonces, ¿quién realmente tiene a la #UDLAPSECUESTRADA?
