Ignacio Juárez Galindo
La desgracia que atraviesa el auditor Superior del Estado, Francisco Romero Serrano, puede describirse a la perfección con un comentario realizado por el gobernador Miguel Barbosa Huerta el pasado 30 de noviembre, cuando fue interrogado sobre la ausencia del funcionario en el acto oficial Política Estatal Anticorrupción.
“Ni me fijé (que no había asistido)”, sostuvo el mandatario.
La penosa condición del auditor también se extiende al Congreso del estado, en donde ha roto lanzas con quienes apenas llegaron hace unos meses. De hecho, la reforma a la ASE y la creación de la Sala Especializada del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Puebla en materia de responsabilidades de los servidores públicos aprobada recientemente por unanimidad, es una camisa de fuerza y control a las tareas de ese órgano.
¿Qué ocurrió para Romero Serrano cayera en desgracia?
Existen varias versiones. Desde que tenía su propia agenda de intereses, la cual habría puesto por encima de la lucha anticorrupción que emprendió el gobierno del estado contra los funcionarios morenogalistas; vender a diestra y siniestra equipo sanitario para la pandemia; o imponer a los sujetos obligados los despachos de auditores con los que debían trabajar, entre otras cosas difundidas por los medios de comunicación locales.
Sin embargo, hace unos días ocurrió un hecho que dejó al descubierto que Romero Serrano está dispuesto a jugar las contras al gobernador Miguel Barbosa Huerta en la arena política y jurídica.
Resulta que la Comisión Nacional de Derechos Humanos emitió una recomendación al gobierno del estado y a la Auditoría Superior del Estado en la que considera que se violaron diferentes garantías al exdiputado local Jorge Aguilar Chedraui. El documento fue más allá y exigía que el morenovallista fuera indemnizado por causarle un dañarlo y violar su presunción de inocencia.
Ese documento fue rechazado tajante por el gobernador Miguel Barbosa Huerta, quien ofreció toda una cátedra sobre libertad de expresión, alcances de la CNDH, las violaciones en que incurrió de sus reglamentos y la ilegalidad cometida al tomar el caso de Aguilar Chedraui en sus manos.
No todos los días se observa a un gobernador rechazar una recomendación, por lo que la acción demostró que el mandatario cuenta con las armas suficientes para ir a la guerra a cuantas instancias sean necesarias.
Como le decía, la recomendación también fue enviada a la ASE y ¿qué cree que hizo Francisco Romero Serrano? Aceptó del documento sin chistar.
La medida no fue del agrado de nadie dentro y fuera del Congreso del estado, incluida la oposición, ya que existen sospechas que el auditor se extralimitó en sus facultades.
De entrada, las recomendaciones deben ser enviadas a la máxima autoridad que en el caso del Congreso local es la Junta de Gobierno y Coordinación Política. La ASE es un organismo que depende del poder legislativo, goza de autonomía en sus acciones, pero debe rendir cuentas a la Comisión Inspectora. No hay procedimiento que sea sancionado si no pasa por la aprobación del pleno.
Responder un escrito sin tener la facultad representaría una violación a los reglamentos internos del Congreso local. Peor aún: al aceptar la recomendación le permitió a Jorge Aguilar mantener su estrategia.
¿Qué pretendía Romero Serrano con validar recomendación? ¿Quedar bien con Aguilar Chedraui? ¿Pagar o cobrar algún favor?
Por lo mientras, no dude que en el Congreso local se iniciará una investigación en contra del auditor que resultó un fiasco ante las demandas que tiene la 4T para combatir la corrupción.
