Cuando Miguel Barbosa Huerta se enteró, no daba crédito que una de las personas consideradas como objetivos prioritarios del Atlas Delictivo de su administración, Abraham Filiberto, El Pelón del Sur, hubiera sido liberado. ¿Quéjuez en su sano juicio cometería ese suicidio? La información llegó a sus manos de una forma también sorpresiva. El mandatario había leído algo sobre el líder narcomenudista y pidió detalles a la Secretaría de Seguridad Pública estatal. Fue allí cuando le confirmaron que el sujeto había sido beneficiado con la libertad condicional, es decir, seguía bajo proceso libre, pero tenía que ir a firmar cada miércoles ante el juzgado y no podía salir de la ciudad. Luego, vino la investigación sobre el responsable de esa estupidez y el nombre salió solito: Enrique López Criollo, juez de Oralidad Penal y Ejecución del Sistema Acusatorio Adversarial de la Región Judicial Centro, quien ocultó a todos dicha resolución. El presidente del Tribunal Superior de Justicia,
Héctor Sánchez Sánchez, quedó estupefacto cuando se enteró de la noticia, ya que el servidor público nunca lo puso al tanto ni emitió algún informe al respecto máxime cuando se trata de un asunto extremadamente delicado. En la Fiscalía General del Estado tampoco estaban enterados de la situación. Esos dos hechos dejaron en claro que el juzgador había actuado con alevosía, premeditación y ventaja. Al ocultar la información impidió que el Ministerio Público impugnara la decisión en las diferentes instancias. Indignados por el comportamiento de López Criollo, en el epicentro del poder ordenaron revisar con detenimiento los casos en los que había participado el sujeto y descubrieron que en sus espaldas trae a cuestas un expediente muy sospechoso. ¿Qué hacer ante la puerta giratoria para favorecer a los delincuentes? La Secretaría de Seguridad Pública estatal respondió esa cuestión de la mejor forma: recapturaron al sujeto y ahora sí no habrá poder humano ni corrupto que lo saque de las rejas. López Criollo, en su muy sospechosa actuación
disfrazada de legalismo, retó públicamente al gobernador de Puebla al liberar al narcomenudista. Ahora, el juez deberá enfrentar las consecuencias de sus actos.
LOS AMIGUITOS DE LALO
¿Qué es peor? ¿Solapar a un presunto violentador de mujeres o aceptar en el gabinete al hermano de un exalcalde que está siendo investigado por el posible desfalco de 63 millones de pesos en Atlixco? Para el alcalde Eduardo Rivera Pérez poco parece importarle integrar en su equipo de trabajo a personajes con turbios antecedentes. La nueva es que ante la salida de Michel Chaín como secretario de Gestión y Desarrollo Urbano por el escándalo de presunta violencia contra dos de sus exparejas, Lalito Rivera colocó como reemplazo a Felipe Velázquez, hermano del exalcalde Guillermo Velázquez que a su paso por el gobierno de Atlixco habría dejado un desfalco millonario a las arcas, según consta en los documentos de entrega-recepción. Este último personaje tenía todo para ser el interlocutor del PAN con el gobierno del estado, pero en lugar de la mesura prefirió los excesos y esto le valió a su vez una fallida reelección. El caso de su hermano, Felipe Velázquez, no es un asunto menor, a su paso por San Andrés Cholula ya hace más de una década fue señalado por presuntamente entregar permisos irregulares de construcción para desarrollos residenciales y pese a ello, Rivera Pérez lo integró en su equipo en su primer trienio y por segunda ocasión este 2022. Todo parece apuntar que el empleado del mes está empecinado en cometer pifia tras pifia.
