El gobernador Alejandro Armenta Mier hizo ayer una aseveración muy dura de la que, sin duda, pronto se sabrán sus alcances si no es que ya está en marcha. El mandatario afirmó que a su puerta han llamado empresarios que le han propuesto contratos “leoninos” y/o “abusivos” que solo perjudicarán a la entidad poblana. La respuesta que les ha dado a esos hombres de negocio es puntual: “Yo creo en la cuarta transformación, entonces yo estoy para servir al estado y no voy a hacer nada que lo dañe, y lo que tú me estás ofreciendo es algo que lo va a dañar y que me va a beneficiar a mí, entonces te pido que me respetes y no me hagas propuestas de esa naturaleza”. Ventilar este tipo de sucesos sirve para entender de qué va el grupo en el poder, su praxis y sus límites. No es una casualidad o una ocurrencia. Si el gobernador lo exhibió fue por quería que se supiera. Más aún: Quería que quienes hicieron la insultante propuesta supieran hasta dónde caló esa idea de negocios mal habidos. Por eso también, Armenta Mier acompañó sus palabras con otra muy reveladora frase: “Vamos a hacer grandes obras que les beneficien a los poblanos, no al gobernante. Es amor a Puebla no a nuestros intereses personales, no es amor a nuestro bolsillo”. Traducción: Aquellos que se frotan las manos pensando que harán negocios por doquier, no habrá espacio. Aquellos que crean que es la oportunidad de hincharse los bolsillos, pueden irse despidiendo de sus sueños guajiros.
ORDEN, REGULARIZAR Y MODERNIZAR
Esos son los tres ejes en los que se basa el Programa Integral de Reordenamiento y Modernización del Transporte Público, puesto marcha por el gobernador Alejandro Armenta Mier. Para que haya eficiencia y eficacia, primero es necesario conocer el orden que guarda el transporte público estatal, desde unidades hasta tenencia de concesiones. El programa anunciado, muy a pesar de los bribones del transporte, no es una ocurrencia ni está sacado de la manga. Arrojará, por ejemplo, las pésimas condiciones en que operan las diferentes rutas, el negociazo de las rutas pirata y cotos de poder que han amasado las organizaciones para presionar a las autoridades e incluso echar abajo cualquier intentona de meterlos en orden. De paso, se sabrá quiénes son los prestanombres de los antiguos funcionarios de la Secretaría de Comunicaciones y Transporte, incluido un secretario estatal, y las redes que tejió para consolidar su influencia y, obviamente, sus millonarias ganancias. Una vez que se conozca el problema, sus alcances y retos, vendrá la solución y es ahí donde la administración estatal ofrece una serie de incentivos y subsidios —incluso a fondo perdido— para apoyar a la renovación del parque vehicular. Con orden y renovación, se pueden construir los pasos para la tan ansiada modernización del transporte. Y eso, es solo uno de varios ejes para tener —por fin— un sistema de transporte funcional al servicio de los ciudadanos y no para enriquecer a unos cuantos.
