Anótelo en su lista de mentiras que escuchará en estos próximos días: La propuesta del gobierno del estado de permitir hasta las 10 de la mañana la circulación de vehículos que no cuenten con la verificación vehicular local es ilegal. Esa es la nueva estrategia que comenzará a circular entre los vocerillos, tundeteclas y empleados acomodaticios de la ultraderecha poblana -tanto partidista como empresarial- con la finalidad de tener una bandera para lucrar con miras a la elección de 2024. Para nadie es desconocido que los controles en temas vehiculares tienen un alto impacto, pero lo que se ha olvidado decir es que lo tienen negativamente solo entre los conductores o propietarios de automotores. La mayoría de los ciudadanos -y cuando decimos mayoría estamos hablando de alrededor del 80 por ciento de la población- no tiene alguna objeción al respecto debido a que dependen del sistema público de transporte. Por el contrario, ven con agrado que haya restricciones hacia aquellos que contaminan, infringen la ley o exceden la velocidad. A quienes sí pega duro es a una franja de clase media que conforma el voto switcher, un electorado veleidoso, sin partido y que vota conforme a la simpatía y coyuntura del momento. Ese voto es al que la ultraderecha pretende envenenar contra el gobierno del estado para que se decante por el PAN o la alianza Va por Puebla en la próxima elección. Así que alístese a escuchar a panistas, pseudo empresarios (mejor conocidos como gerentes), muy malos lectores de noticias, columnistas que son desmentidos todo el tiempo y voceritos de medio pelo despotricar contra la nueva restricción. Lo que este grupo de oportunistas no le dirá es que están a favor de que los propietarios de automóviles gocen de impunidad total. Quienes han decidido cambiar de placas en estados vecinos es porque tienen deudas -algunas muy grandes- por el incumplimiento de pago en tenencia, control vehicular y, sobre todo, por exceder los límites de velocidad (fotomultas). A esa argucia para evadir la responsabilidad ahora se quiere sumar la graciosa concesión de que por tener placas de otros estados no están obligados a la verificación local, lo que conlleva otra impunidad: circular sin estar en regla en la emisión de partículas contaminantes. Quienes estén al día con sus verificaciones no tendrán problema. Así de simple. Es obvio que habrá que tomar en cuenta los diferentes escenarios y supuestos para no incurrir en una irregularidad. Pero el objetivo de esta medida es impedir que quienes tengan placas de otros estados circulen sin verificación. Esa es una arbitrariedad que muchos gobiernos han solapado. Bueno, pues ahora, los mentirosos panistas pretenden defender a aquellos que han hecho del emplacamiento en otros estados una forma de vivir exentos del cumplimiento de la ley. No buscan una mejora ni el cuidado al medio ambiente, buscan sacar raja política de una medida de autoridad -que ellos fueron incapaces de realizar- y mentir flagrantemente para sembrar división. ¿Ah poco le parece correcto que alguien se ampare con tener placas de otros estados para evadir la verificación (porque no la hacen en Puebla ni en los estados que están registrados)?
LA ASE Y EL GOLPE DE AUTORIDAD
La titular de la Auditoría Superior del Estado, Amanda Gómez Nava, comenzó con los golpes de autoridad para meter orden en todos los poderes. Recordemos: el anterior auditor Francisco Romero Serrano se encuentra en prisión precisamente por estar involucrado en presuntos actos de corrupción que debió combatir. Tras su captura saltaron los escándalos por la confabulación con alcaldes, diputados y demás autoridades para colocar a auditores externos consentidos o hacerse de la vista gorda para proceder jurídicamente ante un caso de corrupción. Uno de los temas más sensibles era el pacto político que sostenía con Claudia Rivera Vivanco -denunciado una y otra vez por diferentes actores- que evitó se procediera ante las constantes denuncias de irregularidades en su gestión como alcaldesa de Puebla. Gómez Nava dio a conocer los primeros resultados de la revisión de la primera cuenta pública de la morenista y halló un posible daño patrimonial por 822 millones de pesos. La resolución ya se sabía y por eso es que se activaron filtraciones en diferentes medios de comunicación con la finalidad de manchar con mentiras el trabajo de la auditora, lo cual no consiguieron. Son los nuevos tiempos.
