Para entender un poco más la drástica caída de Francisco Romero Serrano de la Auditoría Superior del Estado (ASE) hay que revisar las alianzas que tejió con los adversarios del gobernador Miguel Barbosa Huerta, principalmente en el PAN y en Morena. En el primer caso, la desgracia se desbordó cuando el exfuncionario aceptó la recomendación que la Comisión Nacional de Derechos Humanos, encabezada por la activista trasnochada Rosario Piedra Ibarra, en la que demandaba a la ASE y al gobierno del estado ofrecer una disculpa pública y un compensación económica al panista Jorge Aguilar Chedraui. Al poco tiempo, se supo que la filtración no fue realizada por el exsecretario de Salud estatal sino por un exgobernador que ahorita anda a salto de mata. Ahí quedó evidenciada una de las tantas alianzas que Romero Serrano hizo aun a sabiendas que eran enemigos del mandatario estatal. Esa situación, no obstante, provocó una distracción e impidió conocer un poco más las ligas que hay detrás del exfuncionario. Por ejemplo, el vínculo con Pablo Rodríguez Regordosa y Mónica Rodríguez Della Vecchia, quienes vieron en el auditor la oportunidad para influir en casos que los ayudaran a eliminar a sus potenciales rivales a la candidatura a la presidencia municipal de Puebla. Un caso emblemático es del diputado federal Mario Riestra Piña, a quien incluyeron en la lista de aspirantes “peligrosos” para sus intereses y la ASE, en un acto de desesperación, lo enlistó en una investigación por el supuesto uso de empresas fantasma en la gestión de José Antonio Gali Fayad. El tema, más allá de que se determine si es falso o no, pretende ser utilizado por el matrimonio para el golpeteo y descarrilar al legislador debido a que es una de las caras más fuertes de los albiazules para la capital en 2024. A cambio, la legisladora y Pablito le ofrecían al exfuncionario respaldo y cabildeo, además de información de primera mano para quedar bien con el inquilino de Casa Puebla. La jugada parecía redonda, pero no era así. Desde hace varios meses, Francisco Romero había caído en desgracia política y su futuro estaba definido, el problema es que se resistió, intentó jugar las contras y ahora paga el costo de sus errores. El asunto es que al quedar acéfala la ASE, Pablo Rodríguez y Mónica Rodríguez intentan jalar agua hacia su molino con expedientes abiertos en el órgano de control y presionar para convertir en un tema político las cuentas públicas de los presidentes del Tribunal Superior de Justicia, Héctor Sánchez Sánchez, y del Congreso estatal, Sergio Céspedes Peregrina, así como el material contra Mario Riestra. Existen versiones que Pablito tendría todavía al interior de la ASE a uno o varios topos que le estarían suministrando información sensible que sea utilizada como parte del complot mongol que cocinaron hace unas semanas los antibarbosistas en el PAN y Morena. Ahora queda en manos de la Comisión de Control, Vigilancia y Evaluación de la Auditoría Superior del Estado supervisar el adecuado funcionamiento e impedir que unos cuantos pretendan montarse en la feria de las descalificaciones por mero oportunismo electoral.
Desaparecer 5 juntas auxiliares
En la edición de ayer le dimos a conocer que los resultados de los plebiscitos de las juntas auxiliares de Ignacio Zaragoza, Ignacio Romero Vargas, La Libertad, San Felipe Hueyotlipan y San Baltazar Campeche reflejan una penosa realidad en cuanto a la participación ciudadana y el interés por autoridades de este tipo. Los números son fríos: entre el 2.8 y 17.3 por ciento de las personas inscritas en el Listado Nominal fueron los que acudieron a elegir a su presidente subalterno. Esto advierte otra dura realidad: hay casos como San Baltazar Campeche en que el edil auxiliar fue elegido o cuenta con el respaldo popular que equivale al 1.82 por ciento de las personas registradas ante el INE en esa zona. ¿A qué se debe esta situación? Aunque la respuesta es muy amplia y compleja, hay un punto a destacar: dichas comunidades se encuentran dentro del área urbana y la dinámica de las colonias de este tipo terminó por borrarlas del mapa político. Un caso es San Manuel, una colonia de clase media que no tiene ningún arraigo con la junta auxiliar ni le interesa participar en esa dinámica. Otra razón es que el control de recursos asignados a este tipo de autoridades es limitado tanto para su operación interna como para atender las demandas, de ahí que los ciudadanos los vean como “gobiernos” incapaces. Pero, el principal fondo de la discusión es que las juntas auxiliares no son el cuarto nivel de gobierno ni son un gobierno en sí mismo. A partir de la reforma impulsada por el morenovallismo -que derivó en la terrible muerte del niño José Luis Tehuatlie- la ley las cataloga como órganos desconcentrados del Ayuntamiento de Puebla y como tal son gestores de obras y programas, además de que los recursos que reciben -escasos y orientados previamente- están sujetos a auditorías como cualquier dependencia. El negocio de las juntas auxiliares, por así decirlo, se encuentra en la expedición de documentos del registro civil, pero con la atenuante de que no pueden intervenir directamente sino sólo alojar las oficinas que atiendan la demanda. Bajo el agua también extiende permisos de todo tipo: construcción, volteo, giros comerciales, antros, entre otros. Pese a eso, existe una resistencia ante su desaparición porque existe una dinámica de pueblo en sus raíces que si bien no es generalizada si influye en la percepción de un grueso de población. Sin embargo, la reforma presentada para su extinción no elimina su categoría de pueblo, sino que busca solo quitarles la figura de órganos desconcentrados. ¿Qué ocurrirá con la propuesta de extinción? Nadie lo sabe a ciencia, pero será de pronóstico reservado.
