A la rectora de la Universidad de las Américas Puebla (Udlap), Cecilia Anaya Berríos, no le quedó otra opción que presentarse ante el Poder Judicial poblano para recibir la custodia del campus de la institución y ahora dependerá de ella la reanudación de las clases presenciales. Si eso ocurre en uno, dos, cinco días o un mes será su exclusiva responsabilidad y a quienes tendrá que rendir cuentas será a los padres de familia, en primera instancia, y a la comunidad universitaria.
La reactivación también llega de una forma muy diferente a la que la rectora y la camarilla que defiende a la familia Jenkins de Landa esperaba.
Vayamos por partes:
Anaya Berríos fue ungida como rectora tras descubrirse el desfalco de 200 millones de pesos a la universidad, en el que participaron el rector Luis Ernesto Derbez Bautista, los vicerrectores Mario Vallejo y Mónica Ruiz; el representante jurídico Jesús Mijangos; así como los abogados responsables de operar el saqueo de casi 730 millones de dólares a la Fundación Mary Street Jenkins, Virgilio Rincón Salas y Alejandro Hernández Muñoz.
Cecilia Anaya pertenecía al grupo opositor de Derbez Bautista, pero se mantenía como vicerrectora, ya que detrás ella se encuentra un nutrido grupo de académicos e investigadores.
Tras ser defenestrados de los patronatos de la Fundación Jenkins y la Fundación Udlap, los Jenkins necesitaban aliados que les sumaran fortaleza en su defensa. El excanciller no podía con esa demanda, ya que defenderlo significaría desviar recursos y atención valiosa en la ruta jurídica para salvar a la familia. Fue ahí que Cecilia Anaya entró a escena bajo la premisa de que tenía mucho que ganar, pues todos habíamos sido testigos de la generosidad de los Jenkins para con sus cómplices: a Derbez le dejaron hacer negocios a diestra y siniestra, mientras que a los abogados les entregaron el 15 por ciento de los activos de la FMSJ por sacar el dinero del país y enviarlo a paraísos fiscales.
Sin el apoyo de Anaya Berríos no hubiera sido posible una movilización de la comunidad universitaria, cuyos académicos saben muy bien sobre manipulación de estudiantes después de vivir los conflictos con los rectores Nora Lustig y Pedro Ángel Palou.
El primer escenario de Cecilia Anaya era que los Jenkins de Landa siguieran al frente y ella se convirtiera en la rectora todopoderosa, pero la realidad es que tiene que abrir el campus y rendir cuentas a un nuevo patronato -encabezado por Horacio Magaña-. No serán los Jenkins de Landa sus patrones. Si no accede puede ser removida en cualquier momento, pero es justo lo que el muy manoseado movimiento #UdlapLibre pretende: tener una mártir, una víctima del nuevo patronato opresor. Eso no se les concederá y la mejor muestra de que las cosas estaban por cambiar fue la decisión de Armando Ríos Piter por dejar la rectoría de la Udlap.
Hasta mientras el Juzgado 60 de lo Civil en la Ciudad de México no emita un veredicto sobre el conflicto en el patronato de la Fundación Udlap, los Jenkins de Landa están fuera de todo control. Tampoco tendrán acceso a las cuentas bancarias ni cualquier movimiento administrativo de la institución.
Así pues, la reactivación del campus es inminente y se cae el último argumento para frenar el regreso presencial, lo que permitirá ir al fondo del conflicto: el desfalco a la Fundación Jenkins, y que derivó en las órdenes de aprehensión en contra de la familia. Ese tema es crucial para destrabar todo.
Al final, quedó al descubierto que tanto Cecilia Anaya como los voceros de la familia, la ultraderecha que tiene secuestradas a las cámaras empresariales y los acomodaticios rectores del Consorcio Universitario, tenían como prioridad la defensa de la familia Jenkins de Landa y no de los estudiantes y académicos. Éstos últimos eran solo carne de cañón en un conflicto más amplio y más aborrecible, ligado a la ambición y codicia.
También quedó de manifiesto que a los voceros y abogados poco les importó manipular a los padres de familia para sumarse a la defensa de sus patrones.
Hecho a un lado el pretexto de la reapertura del campus, el camino queda libre para que la justicia centre su vista en el desfalco a la FMSJ y el saqueo a la Udlap. A parte está la disputa por el control de los patronatos.
Los Jenkins de Landa están en la mira y los caminos cada día son más estrechos.
